CARTAS AL DIRECTOR
 

Diputaciones pobres, diputaciones ricas




CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ
08/12/2018


Alabábamos hace unos días, en este mismo periódico, la buena gestión de nuestra Diputación y su presidente en referencia a la limitación de sus fondos. Hoy, con todos los respetos a la gestión actual de muchas diputaciones, queremos hacer constar el enorme desfase entre las transferencias que reciben del Estado unas y otras y sus responsabilidades legales, con la posibilidad de las que más reciben de elegir libremente el sobrante para fines ajenos a sus obligaciones y sin desgaste de sus dirigentes, con futuros orgánicos y políticos, incluso la presidencia del Gobierno de España por Rajoy, garantizados. Algunas de ellas pudieron montar escuelas de tauromaquia, abrir un hipódromo, mantener una finca de caballos de raza o una plaza de toros. Así, sin disfrutar de la opulencia de diputaciones como la de Sevilla o la de Valencia, la de Zaragoza acaba de presentar un presupuesto un 215% superior a la de Huesca, con más pequeños núcleos habitados a los que atender. En la oscense, ciertamente, nos dio para pagar las campañas de "La Magia", pero se hizo por poco dinero gracias a haber sido pioneros en aprovechar las múltiples presencias mediáticas, sin coste alguno, de un equipo de baloncesto. El caso es que en provincias muy pobladas por el tamaño de sus capitales las diputaciones van sobradas.

Como no se trata, por el momento, de discutir la continuidad de las Diputaciones al estar ligada al espinoso problema de ser la provincia distrito electoral, parece muy conveniente aprovechar sus eficientes plantillas y sus buenas instalaciones como lugar adecuado para prestar servicios, en el caso de Aragón, al gobierno de la Comunidad y a las comarcas en lo que estas o los municipios juzguen económica o funcionalmente más útil concentrar; fines que cumple sobradamente la Diputación de Huesca. Unas comarcas que, fuertes y unidas, con una masa crítica poblacional y territorial suficiente y criterios de gestión propia imaginativos deben hacer compatibles la cesión de algunos servicios a la Diputación con las iniciativas más directas de los municipios por la cercanía a sus vecinos. El reconocimiento aragonés a las comarcas supone a su Gobierno la capacidad de modificar su propia fiscalidad y la asignación de sus recursos, decidir sus prioridades políticas y mantener o promover en las Diputaciones cuantos servicios convenga y los que puedan demandarles municipios y comarcas, Para que todo ello se integre en una distribución más justa de los fondos de las distintas administraciones habría que corregir legalmente a nivel nacional la sobrefinanciación de algunas diputaciones disponiendo del sobrante en favor de los demás niveles político-administrativos. Tarea ímproba que debería comenzar por crear un ambiente propicio con la asunción generalizada del problema por los medios y los representantes de las provincias perjudicadas en el Parlamento, la Federación de Municipios y Provincias y cuantos escenarios parezcan adecuados.



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