Denuncian las críticas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y las palabras de Catalá cuestionando al CGPJ
MADRID.- Más de 750 magistrados españoles han presentado una queja
ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos para comunicarles una "gravísima
amenaza" contra la independencia judicial, en referencia a lo que consideran
un "linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos",
contra el tribunal que ha dictado la
sentencia del caso de La Manada.
Los magistrados denuncian que se ha desatado una "presión social"
contra este tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra, y todo ello sin
que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya contestado eficazmente a las
amenazas contra la separación de poderes.
"Nos encontramos completamente desprotegidos ante las interferencias
del Ejecutivo y del Poder Legislativo", reza la nota remitida al órgano
europeo, en la que piden que éste se pronuncie sobre si la reacción del
Gobierno de España contra la sentencia supone un "ataque a la independencia
y la legitimidad del Poder Judicial".
LA SITUACIÓN SE HA "AGRAVADO"
Esta protesta parte de una primera queja que fue remitida por 350 magistrados a
través de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial a principios
de mayo, pero en el tiempo transcurrido se han ido adhiriendo otros hasta sumar
más de 750 apoyos. Al no haber recibido respuesta desde la primera nota,
los denunciantes han interpuesto una ampliatoria, "puesto que la situación
persiste e incluso agravada por nuevos titulares de prensa".
Los magistrados denuncian que, dado que la sentencia de La Manada "no se ha
ajustado a las previas expectativas de algunos grupos de opinión", se ha
desatado una "presión social" contra el tribunal, alentado por "políticos
que ven una oportunidad para mejorar sus réditos electorales".
La queja, que lleva adjunta la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra,
explica al Consejo Consultivo de Jueces Europeos que el tribunal que dictó
la resolución es "muy experimentado" y que creyó "la versión
de la víctima", si bien uno de los magistrados formuló un voto particular
defendiendo la absolución.
Ante esta situación, los más de 750 jueces firmantes lamentan que "la
reacción fue inmediata" y a continuación pasan a recordar los
comentarios de Twitter que publicaron los líderes del PSOE y Podemos, Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente, criticando el fallo. "Numerosos
líderes políticos de ámbito estatal, autonómico y local se
unieron a las críticas en similares términos", añaden.
También mencionan las diferentes iniciativas que se pusieron en marcha en
internet en las que se pedía la inhabilitación de los tres jueces
del tribunal así como las numerosas concentraciones que se celebraron en diferentes
lugares de España para protestar por la condena por abuso sexual a los miembros
de La Manada.
"Asimismo, se pegaron pasquines y se envió por el sistema de mensajería
telefónica Whatsapp y otras redes sociales una comunicación con la fotografía
y el nombre y primer apellido del magistrado discrepante al que se le tildaba
de 'escoria humana' y se invitaba al receptor del mensaje a difundir su cara para
que todo el mundo supiera quién era", subrayan los firmantes de la protesta.
Es más, la queja también hace mención a las palabras que el exministro
de Justicia Rafael Catalá, cuando afirmó que el CGPJ "debía
revisar el voto particular" que el magistrado del voto particular, de quien
dijo además que tenía un problema "singular" y que "todos
lo sabían".
EL DERECHO A CRITICAR TIENE LÍMITES
Para los más de 750 magistrados, la libertad de expresión que se invoca
al emitir estas críticas es "incuestionable" y los jueces españoles
están "acostumbrados". Sin embargo, consideran que "el derecho
a criticar las resoluciones judiciales tiene unos límites", los cuales
"se han trasgredido en el momento en el que se insulta a los magistrados integrantes
del tribunal y se les ataca personalmente poniendo en duda su capacitación
profesional".
Los firmantes creen que el movimiento en redes sociales contra la sentencia "denota
una estructura planeada y articulada" que podría estar "alentada por
activistas próximos a formaciones políticas", pero opinan que
"lo más grave" son las declaraciones de Catalá "poniendo en
cuestión la capacitación del juez discrepante y sembrando la duda sobre
la eficacia de la vigilancia del CGPJ sobre la salud mental y preparación de
los jueces y magistrados". Declaraciones que, según apuntan, fueron "alentadas"
por la exportavoz del Grupo Socialista en el Congreso y actual ministra de Defensa,
Margarita Robles.
A su juicio, "toda esta reacción en su conjunto tiene la fuerza e intensidad
suficientes para influir y condicionar el ánimo de los jueces a la hora
de decidir en lo sucesivo en asuntos semejantes y, en particular, en el TSJ Navarra
en apelación y en el Supremo en casación cuando deban revisar la citada
condena".
"La utilización política de una decisión judicial es siempre
inadmisible pero, que los líderes políticos se presten a criticar una
sentencia antes de haber tenido tiempo de leerla (son unos 300 folios) y que
en general lo hagan, no con la pretensión de rebatir racionalmente su contenido,
sino con la de imponer un relato popular de los hechos basado en el conocimiento
fragmentario, mínimo y mediato (cuando no, tendencioso) de los elementos de
convicción, rebasa la frivolidad y entra de lleno en la deslealtad institucional,
por cuanto invita al ciudadano a cuestionar a todos los jueces y, relativizando
el Estado de Derecho, reemplazar sus recursos por una pseudojusticia extrapocesal
sin las garantías propias de un Estado democrático", denuncian.
Por otro lado, la queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos también
destaca los "graves errores que el CGPJ ha cometido en la protección
de la independencia de los jueces", ya que consideran "insuficientes"
las medidas tomadas. "No obstante, es difícil pretender que el CGPJ elegido
por el parlamento defienda a los jueces frente a los ataques de algunos destacados
parlamentarios y miembros del ejecutivo", apunta.
Ante esta situación, los más de 750 magistrados afirman sentirse "completamente
desprotegidos ante las interferencias del Ejecutivo y del Poder Legislativo
en la función judicial", de modo que solicitan la cooperación del
Consejo Consultivo de Jueces Europeos para "ayudar al Estado español a
cumplir las normas del Consejo de Europa respecto de los jueces" y que "declare
la existencia en España de un ataque contra la independencia y contra la legitimidad
del Poder Judicial".
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