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ALTO ARAGÓN - DEMANDAS TERRITORIALES

Consenso en el Congreso para exigir por ley beneficios en la reversión de los saltos


Podemos, PSOE y PP pactan una moción para que el Gobierno cambie la legislación

ELENA PUÉRTOLAS
14/12/2018

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HUESCA.- El frente común creado en la provincia de Huesca para impulsar cambios legislativos en la reversión al Estado de las centrales hidroeléctricas y reclamar beneficios para los municipios se ha trasladado al Congreso de los Diputados y ha convencido. Una moción consensuada entre PSOE, PP y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a raíz de una interpelación de este último grupo, pide al Gobierno de España el desarrollo de un marco jurídico estable para la reversión, donde se estipule la restitución territorial. Este acuerdo se tiene que traducir en normativa, pero el consenso ya está asegurado, tras aprobarse con 296 votos a favor de un total de 330. Foro Asturias emitió el único en contra y se abstuvieron Ciudadanos y UPN.

Este pacto por el territorio emana del trabajo conjunto de los tres diputados por Huesca, -Jorge Luis (Unidos Podemos), Gonzalo Palacín (PSOE) y Ana Alós (PP)- que apoyaron la iniciativa de Adelpa (Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés) de crear un frente común. El objetivo es reclamar con una sola voz en Madrid que se aproveche el momento de caducidad de las concesiones de las centrales hidroeléctricas para legislar. Y esa voz ya ha tenido su eco. Jorge Luis defendió el texto en el Congreso y agradeció el trabajo con sus grupos de Palacín y Alós.

Ya han revertido al Estado las centrales de El Pueyo de Jaca (Panticosa) y la auxiliar de Campo, en funcionamiento; las de Urdiceto y Barrosa (Bielsa), que la CHE tiene que adjudicar para ponerlas en marcha de nuevo; y la de Lafortunada-Cinqueta, cuya resolución data del 18 de diciembre de 2017, pero sigue en manos de la concesionaria (Endesa) porque el asunto está judicializado.

Para el diputado oscense Jorge Luis (Unidos Podemos), que defendió la tarde del miércoles la propuesta aprobadael jueves, "es un hito que marca una mayoría que puede ser aprovechada por el Gobierno. Al tener un apoyo tan grande garantiza que va a ser una reforma que perdure en el tiempo", indicó tras el pleno. A su juicio, la necesidad de regular este sector "empieza a calar" y lo han apoyado los partidos "más enraizados en su territorio", que entienden la problemática y que ven cómo las empresas siguen operando con concesiones caducadas. Es una cuestión de defender la "soberanía del territorio y la justicia social", añadió.

El diputado del PSOE por Huesca, Gonzalo Palacín, resaltó que el Gobierno central ya está trabajando en muchos de los puntos, mientras se elaboran los pliegos para las futuras concesiones. "Llevamos ya varias iniciativas aprobadas y es cuestión de tiempo que haya modificaciones legislativas", indicó.

Por su parte, la diputada popular Ana Alós mostró su satisfacción por haber podido recoger las demandas del territorio. Además, recalcó que para su grupo era muy relevante que los beneficios se destinaran directamente a los municipios, para facilitar la gestión. "Es importante que la ley recoja las obligaciones de las futuras concesiones", recalcó.

Por ello, en la moción se pide el desarrollo de un marco jurídico estable para la reversión que reconozca el agua como "un bien de dominio público" que se gestione desde la perspectiva del "interés general". Todo ello, indica, considerando la importancia de la preservación del medio ambiente y la vertebración territorial. "La transición energética necesita ser justa y que la riqueza que genera signifique una oportunidad para los territorios", concluye el primer punto. En el texto, se indica que "los beneficios públicos de las concesiones, descontado el beneficio industrial razonable para su explotador, serán repartidos entre el Estado (titular del Dominio Público), las confederaciones hidrográficas, los consumidores de electricidad y los municipios afectados con el fin de favorecer la vertebración territorial y la restitución económica y social de los mismos.

A este respecto, instan al Gobierno a que en dicho desarrollo normativo se incluya en el texto refundido de la Ley de Aguas, en materia de los rendimientos procedentes de la explotación para la restitución territorial, que se invierta no menos del 20 % en promover el desarrollo de las zonas afectadas por este tipo de instalaciones a fin de impulsar su desarrollo y evitar la despoblación.

También solicitan modificaciones para que tanto en la Ley de Aguas como en la de Montes se contemple la reversión de los terrenos a las entidades locales una vez extinguida la concesión y la posibilidad de aprovechamiento. Además, se reclama que en los casos de las centrales eléctricas las administraciones públicas tengan que pagar el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) del que ahora están exentas, para que los municipios no pierdan los ingresos que perciben de las concesionarias.



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