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Aragón

PLENO DE LAS CORTES

Aprobada la subida salarial del personal público y el cobro del 100% desde el primer día de baja por enfermedad


También se convalida un decreto-ley para financiar los gastos de la campaña electoral

E.P.
07/02/2019

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ZARAGOZA.- El pleno de las Cortes de Aragón ha convalidado este jueves por unanimidad dos decretos-ley que afectan al personal público de la Comunidad autónoma, uno de ellos permite aplicar una subida salarial este año del 2,25 por ciento, con la posibilidad de un 0,25 por ciento adicional según cómo se comporte el Producto Interior Bruto, y el otro recoge el cobro del cien por cien del salario ordinario desde el primer día de baja laboral por enfermedad de este personal.

El primer decreto incluye también la subida del módulo económico de los centros concertados y la revisión de las tablas del personal docente de los mismos, así como aumentos para el personal de la Administración de Justicia, entre otras cosas.

El monto total de las diferentes mejoras salariales asciende a 46,6 millones de euros en 2019 en el caso del primer decreto-ley, denominado de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público de la Comunidad, mientras que segundo decreto-ley que modifica el régimen de medidas en materia de incapacidad temporal para el cobro del cien por cien del salario desde el primer día de baja por enfermedad supone 1,7 millones más.

El pleno de las Cortes de Aragón ha convalidado por unanimidad un tercer decreto-ley que recoge los gastos para la organización de las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, cuyo coste estimado es del 3,9 millones de euros, de los que 2,1 son para los gastos electorales de los partidos políticos.

En este caso, el dinero se obtendrá de las rebajas de intereses ya que esta partida no existe en el presupuesto prorrogado de 2018 con el que opera la Comunidad desde el pasado 1 de enero al no haberse aprobado las cuentas para 2019.

 

ACUERDOS

 

El consejero de Hacienda del Gobierno autonómico, Fernando Gimeno, ha expuesto estas cifras en el Parlamento, donde ha precisado que los dos primeros decretos-ley "medio culminan los acuerdos alcanzados con los trabajadores de la Comunidad". En el caso del cobro del cien por cien del salario por baja por enfermedad, ha indicado que ahora no se alcanzaba ese porcentaje hasta el "cuarto o quinto día".

También ha mencionado que el acuerdo sindical en esta materia contempla "impulsar la prevención y reducción del absentismo laboral" y supone alinearse con la legislación del Estado. Por lo que se refiere al decreto-ley sobre retribuciones del sector público, ha sostenido que "culmina una política importante sobre el crecimiento de los salarios".

Según ha detallado, en tres años se puede superar un incremento salarial total del ocho por ciento, "cambiando la tónica de congelación y disminución que hubo durante la crisis" y aplicando el Gobierno de Aragón el incremento máximo que se contempla en los acuerdos estatales.

Además, se incluyen otras subidas por mejora de la productividad y por otros conceptos, se destinan 1,3 millones de euros a los trabajadores de la Administración de Justicia y se aumenta el módulo económico de los centros concertados, con una revisión de las tablas del personal docente.

Gimeno ha dicho que todo esto va a permitir "hacer una política de personal y recursos humanos totalmente diferente" y ha argumentado la urgencia en su aprobación mediante un decreto-ley para aplicar estas mejoras en la primera nómina del año.

 

MALA GESTIÓN

 

La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha achacado la tramitación de estos decretos-ley sin debate previo a la "falta de gestión y de capacidad de negociar" del Gobierno de Aragón, que "no ha querido presentar un proyecto de ley de Presupuestos para 2019", cuando "es su obligación" y ha aclarado que los acuerdos que afectan al personal público se enmarcan en las mejoras pactadas previamente en el Estado con un Gobierno del PP.

El diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha sostenido todo lo contrario ya que ha dicho que estos decretos-ley "demuestran la capacidad de gestión del Gobierno, que con o sin presupuesto no se paraliza", para expresar su satisfacción por que "reviertan los recortes" que han afectado a los empleados públicos. Ha añadido que existe una memoria económica de estos documentos.

El parlamentario de Podemos, Héctor Vicente, ha ironizado al afirmar que el Ejecutivo autonómico "ha decidido que nos sepulta con decretos-ley en el tiempo de descuento" de la legislatura "de forma que ninguno puede ser sometido a tramitación parlamentaria", consecuencia de un presupuesto prorrogado porque "ha decidido que nos va a privar de los Presupuestos de 2019", aplicando estas subidas también a los altos cargos, "por si no cobraban ya bastante, en vez de destinar más fondos a política social".

 

LÁSTIMA

 

La diputada del Partido Aragonés, Elena Allué, ha apuntado que hay sindicatos que no han apoyado la subida lineal que contemplan estos acuerdos porque "no es proporcional a los recortes, tanto del Gobierno de Mariano Rajoy, como de José Luis Rodríguez Zapatero", para mostrar "lástima" por la "debilidad del Gobierno" que ha de usar la figura de los decretos leyes "porque no es capaz de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas" ante "la falta de interés de la izquierda", que mira "de reojo" al 26 de mayo, jornada electoral.

El parlamentario de Ciudadanos, Javier Martínez, ha apoyado los decretos-ley "porque es un acuerdo sindical" y supone mejoras para los funcionarios "después del esfuerzo realizado" durante la crisis por estos trabajadores, si bien "no estamos de acuerdo en cómo lo ha hecho usted", le ha dicho a Gimeno porque "no hay una justificación económica de cómo se van a hacer los pagos" y "serán los que vengan después de las elecciones" quienes deban resolver de dónde sacar el dinero.

El diputado de CHA-Grupo Mixto, Gregorio Briz, ha considerado que los tres decretos-ley son "urgentes y justificables", en el caso del gasto electoral "no queda otra opción" y los otros dos tienen "una carga política importante tras las malas e injustas decisiones políticas adoptadas en 2012" respecto al personal público porque "ha habido una estrategia de abaratar costes a través de la bajada de los salarios tanto en la función pública, como en las empresas privadas".



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