Javier Zaragoza ha insistido en que no se persigue una ideología sino haber tratado de "imponer un determinado planteamiento político a los demás"
MADRID.- El fiscal Javier Zaragoza ha afirmado este miércoles en la
segunda jornada del juicio del "procés" que éste es "un juicio
en defensa de la democracia española y del orden constitucional" y ha advertido
que "nadie está por encima de la ley y actuar al margen de la legalidad
no puede quedar impune".
"Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas", ha señalado el fiscal
del Tribunal Supremo en respuesta a los
alegatos que desplegaron este martes las defensas de los 12 líderes
independentistas, que plantearon el juicio como una causa general contra el
independentismo que vulnera derechos fundamentales.
"Nada más lejos de la realidad", ha dicho Zaragoza frente a las afirmaciones
de que lo que se va a juzgar en este procedimiento es "la capacidad de la
democracia española para tolerar la discrepancia política y la protesta
ciudadana", como señalaron algunas defensas.
Es más bien, según el fiscal, "un juicio en defensa de la democracia
española, en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución
de 1978".
Afirmar que los acusados están siendo juzgados por sus ideas "es una falacia
de colosales dimensiones que debe ser proclamada a los cuatro vientos", ha señalado
Zaragoza, quien ha insistido que en esta causa "no se persigue una ideología
que puede ser defendida en un sistema democrático" sino unas acciones
por las que se trató de "imponer un determinado planteamiento político
a los demás".
Zaragoza ha recalcado que el ejercicio de los derechos políticos no justifica
sustituir la Constitución por una "legalidad paralela", "imponer
coactivamente un proceso de segregación territorial", desobedecer de forma
"reiterada, sistemática y contumaz" al Tribunal Constitucional y "llamar,
incitar, promover o agitar a miles de ciudadanos que como muros humanos han protegido
urnas y centros electorales sabiendo que se les abocaba al choque violento".
Y ha recordado el caso de la consulta del 9N, por la que fue
inhabilitado el expresident Artur Mas, en la que se pretendieron ejercer
los derechos políticos al margen de las leyes y se vulneraron los derechos
del resto de ciudadanos que no intervinieron en el proceso, una "mayoría
social silenciosa de Cataluña, que representa casi un 60 % del censo electoral
que no participó en esa votación".
Por eso, ha dicho el representante de la Fiscalía, "a nadie debe extrañarle
que la Justicia penal reaccione" ante acusados que "violan las normas más
elementales de la convivencia y lo hacen mediante la ejecución de actos
de enorme gravedad que suponen una grave agresión al orden constitucional".
|