Fernando Andreu. | S.E.
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Andreu, Garzón, Pedraz y Velasco se oponen
MADRID.- Los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y Eloy Velasco han manifestado a Efe su rechazo a que se limite la jurisdicción universal a los casos que sólo afecten a españoles."Es como cerrar la Seguridad Social a los extranjeros", compara Andreu. El nuevo presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, cree en cambio que deben establecerse limitaciones a la aplicación del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula la jurisdicción universal, para "buscar un equilibrio entre la impunidad y la no injerencia en asuntos ajenos". La discrepancia de los cuatro jueces de instrucción de la Audiencia Nacional con el acuerdo alcanzado esta semana entre PSOE y PP para poner coto a las causas de justicia universal, estriba principalmente en que, a su juicio, choca con los convenios internacionales, además de contradecir la doctrina del Tribunal Constitucional (TC). En 2005, el TC estableció que el artículo 23 de la LOPJ "instaura un principio de jurisdicción universal absoluto" con la única restricción de que los hechos denunciados puedan ser juzgados en el país en el que se cometieron o por un Tribunal Internacional. Revocaba así una sentencia del Tribunal Supremo, que, al resolver sobre la competencia de la Audiencia Nacional para conocer una querella sobre el genocidio en Guatemala, había dictaminado que su aplicación debe limitarse a los casos en los que haya involucrados españoles o intereses nacionales. Juanes, explicó a Efe, es partidario de "la línea establecida por el Tribunal Supremo" porque, aunque la Audiencia Nacional "ha tenido una labor muy destacada en defensa de los derechos humanos, se deben establecer limitaciones para que esa jurisdicción se aplique en sus justos términos". Lo ideal para él sería que el Tribunal Penal Internacional se hiciera cargo de esas causas, pero como carece de competencias sobre los países que no lo han ratificado, comparte que "los delitos de genocidio y lesa humanidad" se juzguen "con independencia del lugar en el que se cometan", respetando "el principio de no intervención e injerencia en asuntos ajenos". Para Garzón, pionero en la aplicación de esta competencia, lo que se pretende hacer con la modificación auspiciada por el Parlamento "va en contra del propio sentido de la jurisdicción universal como mecanismo de lucha contra la impunidad. Por tanto, "la favorecería", advierte. "Es triste que se trate de poner la puntilla a la jurisdicción universal", lamenta el magistrado que puso contra las cuerdas al dictador chileno Augusto Pinochet y que no puede ocultar su decepción por que España, que "ha sido paladín de la Justicia Universal", quiera "acabar de forma voluntaria con ese liderazgo reconocido internacionalmente".
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