El Consorcio del Museo de Lérida se personará en el recurso del GA

Ángel Ros, alcalde de Lérida. | A.P.

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BARBASTRO/LÉRIDA.- El Consorcio del Museo de Lérida se personará como acusación en el contencioso que el Gobierno de Aragón ha interpuesto con motivo del litigio sobre la propiedad de las 112 piezas de arte sacro, depositadas en la Diócesis de Lérida, que reclama el Obispado de Barbastro-Monzón, después de once años de litigio. Además, las instituciones que forman parte de dicho consorcio también han iniciado el procedimiento para personarse de forma individual, según anunció el alcalde de Lérida, Ángel Ros. Señaló que el Ayuntamiento ilerdense se personará por la necesidad "de defender la posición de Lérida y sus derechos sobre las piezas reclamadas por la diócesis de Barbastro-Monzón".

Además del Consistorio, en el Consorcio están el Obispado de Lérida, Generalitat, Diputación Provincial y Consejo del Segriá con las mismas o similares razones. En todo caso, la duda estaría en el Obispado que no se ha personado aún en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en Barbastro, dentro del plazo legal, en el exequátur. La Diputación también confirmó la voluntad de personarse.

Ros reiteró que las obras reclamadas por el Obispado de Barbastro-Monzón "han estado protegidas en Lérida durante los últimos cien años gracias a la labor de diferentes obispos, en especial Joseph Messeguer que inició la colección de obras de arte que formaban parte de las iglesias aragonesas de la Franja oriental".

El alcalde leridano cree que "la razón ampara nuestros criterios" y opina que la solución al litigio debe llegar "a través de un acuerdo conjunto para que los dos territorios disfruten de las obras. En estos momentos, hay jurisdicción eclesiástica, administrativa y civil sobre el litigio. Es evidente que tenemos que buscar una solución por la vía del entendimiento".

En esta línea, "vamos a defender nuestros derechos y a la vez, abriremos la mano a la colaboración con Aragón", manifestó en declaraciones para justificar la decisión de personarse en el recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Provincial de Lérida, donde el Gobierno de Aragón ha reclamado al juez que obligue al Museo de Lérida a entregar las piezas a la Diócesis de Barbastro-Monzón, tal como ordena la Santa Sede.

Según manifestó, "los derechos sobre las piezas del Museo no se han analizado en profundidad". Una opinión que contrasta con las resoluciones de la Santa Sede, todas favorables a Barbastro-Monzón desde el 7 de agosto de 1998, fecha del primer recurso jerárquico del Obispo de Lérida (Ramón Malla) contra el Decreto del Nuncio (Lajos Kada), interpuesto ante la Congregación para los Obispos, que lo rechazó dos meses después, el 30 de octubre de 1998.

La respuesta inmediata fue un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, el 21 de noviembre de 1998, contra la resolución de la Congregación para los Obispos. En la cronología del año siguiente, destacan las protestas oficiales del Obispado de Barbastro-Monzón, el 20 de mayo de 1999, cuando la Consejería de Cultura de la Generalitat decidió la inclusión y catalogación de las piezas reclamadas en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán formado por 1.810 objetos del Museo de Lleida Diocesana y Comarcal. Desde el Obispado de Barbastro-Monzón se consideró que las 112 piezas "son objeto de litigio y están sub judice mientras no se resuelva la reclamación, por lo que tal inclusión se considera ilegítima". La respuesta del Obispo de Lérida al Nuncio fue en estos términos: "Dicha decisión afecta solamente a los bienes que se hallan en territorio de esta Comunidad, sin perjuicio del derecho de propiedad a quien corresponda y de la posible autorización a otros lugares". Según manifestó el prelado, "afecta sólo a las parroquias situadas actualmente en el mismo territorio (de la provincia de Lérida), no a las transferidas como se desprende de la relación consignada".

PEOR SITUACIÓN

En la práctica, la situación ha empeorado un año después del acuerdo firmado el 29 de junio de 2008, por los obispos de ambas diócesis, Milián y Salinas, para cumplir el Decreto de la Congregación para los Obispos (8 de septiembre de 2005) sobre la reintegración de los bienes a las parroquias aragonesas en virtud del Decreto "Ilerdensis – Barbastrensis. De finium mutatione", formado por el Nuncio Lajos Kada. El litigio ha llegado al Tribunal Supremo después de pasar por el TSJC, además está en los juzgados de Barbastro y Lérida y desde esta semana en la Audiencia Provincial de Lérida.