José Mora, vicario judicial de Barbastro-Monzón. | A.H.
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El vicario valora que enmarque el asunto como litigio dentro de la Iglesia
El informe realizado por el profesor Carlos Bravo, de la Universidad de Sevilla, sobre la situación jurídica de los bienes culturales cuya propiedad reclama el Obispado de Barbastro-Monzón, del que informó ayer DIARIO DEL ALTOARAGÓN, es "de gran garantía, propia de una autoridad en esta materia específica", según manifiesta José Mora, vicario judicial de la Diócesis.
BARBASTRO.- En este aspecto, pendiente del estudio detenido del documento,
considera que "ofrece líneas fundamentales porque mantiene el problema
como un litigio dentro de la Iglesia. Se ajusta a la definición de la Signatura
Apostólica que se basa en el derecho canónico para ordenar la devolución
de los bienes a las parroquias aragonesas de procedencia".
Mora no aprecia "buena intención" en quienes llevaron el litigio a
la vía civil. "Es un campo puramente secular y si tienen a mano el informe
del eminente jurista catalán Joseph Pintó, redactado en septiembre del
2001, saben que es un asunto eclesiástico. Se desprende que es una equivocación
pasarlo a otra jurisdicción", apunta.
El informe del prestigioso abogado que es uno de los mejores especialistas en el
Derecho Civil catalán -cuyo contenido adelantó este periódico- revela
que la Generalitat de Cataluña nunca ha tenido "ánimo" de devolver
los bienes a las parroquias aragonesas. En aquellos momentos lo redactó por
encargo de la Generalitat y se constata la consulta concreta "para evitar el
retorno de las piezas".
Según consta en el citado informe -cuya existencia no trascendió hasta
que lo solicitó el abogado Jorge Español- nunca existió ningún
contrato de compra-venta y tampoco donaciones, el traslado de bienes de las parroquias
aragonesas hasta el Obispado de Lérida no es transferencia de propiedad y niega
que hubiera usucapión; derecho de propiedad en el que se basa la demanda de
la Asociación de los Amics del Museu de Leida contra los obispados, cuya primera
audiencia pública se celebrará el martes próximo en el Juzgado de
Lérida.
Mora señala que doce años de litigio "son muchos y creo que el problema
de los bienes, en lugar de obrar el bien, ha sembrado cizaña, recelos, inquietudes
y ha puesto en duda ante los organismos oficiales la justicia de los tribunales
para obedecer las sentencias". Cree que un asunto como éste "debe solucionarse
en el ámbito del ordenamiento jurídico canónico, mucho más en
España donde está reconocido y tiene eficacia civil a través de los
acuerdos Iglesia-Estado".
En su opinión ,"se trata de artimañas para retrasar el cumplimiento
de la justicia a su debido tiempo. Cuando se sale de los cauces normales y entra
por otros laterales ya no se saben plazos, fines ni objetivos. Me gustaría
ver qué razones jurídicas, de peso, se alegan para dilatar tanto este
proceso".
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