Gómez de las Roces, Alfonso Milián y Pedro Escartín, vicario general. | A.H.
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El catedrático Aznar explica que este litigio no es el único que existe
BARBASTRO.- "El litigio por los bienes artísticos es un tema apasionado
porque trasciende los límites de las diócesis de Barbastro-Monzón
y Lérida donde están retenidos de forma ilegal", explica Federico
Aznar, catedrático en la Universidad Pontificia, autor de varios libros, uno
de ellos sobre el proceso canónico de los bienes de las parroquias aragonesas
que ha participado en más de cien congresos, simposios, jornadas y conferencias
como "persona autorizada, de gran rigor", según le define José
Mora, vicario judicial del Obispado de Barbastro-Monzón. Tiene larga experiencia
en éste y otros litigios similares, formó parte de la Comisión nombrada
por el nuncio, el 19 de junio de 2001, para estudiar la propiedad de cada pieza
y está entre los canonistas más importantes de la iglesia española.
"Este litigio no es el único, sí el más mediático, porque
hay otras diócesis con situaciones similares, por ejemplo en Tortosa".
La remodelación de los límites diocesanos (junio 1995) estaba prevista
a nivel nacional. "Se intentó acomodar los límites civiles a los eclesiásticos
y ésta fue la primera. Al ver los problemas originados se paralizaron las demás".
Las sentencias de la Santa Sede han sido favorables a Barbastro-Monzón pero
en Lérida han seguido cauces diferentes.
"El litigio canónico terminó el 28 de abril de 2007 con el Decreto
definitivo de la Signatura Apostólica. Otra cosa bien distinta han sido los
aspectos civiles sobre el depósito de los bienes en el Museo Comarcal",
afirma el catedrático.
En opinión de Aznar, "la postura de Lérida no es normal y el proceso
se ha alargado de forma innecesaria hasta 2005 porque se pretendió llegar a
un acuerdo extrajudicial. Las decisiones se adoptaron entre 2005 y 2007 y no se
han ejecutado porque lo han complicado a través de actuaciones civiles. El
obispo tiene la obligación canónica de cumplir las sentencias y el delito
de desobediencia está penalizado. Y para entender su actitud, hay que buscar
motivaciones extraeclesiales".
"No soy el Papa -continúa- para decir qué puede o debe hacer la Santa
Sede. Ha dejado un espacio prudencial de tiempo pero llegará un momento en
que mandará al obispo que cumpla las decisiones del Tribunal Supremo de la
iglesia, aunque las medidas de carácter penal son, siempre, el último
recurso. Por eso, se ha intentado llegar a soluciones de mutuo acuerdo".
El Obispado de Lérida incurre en "desobediencia, impide la ejecución
de la libertad eclesiástica de sentencias y va contra el régimen de la
autoridad".
Respecto al compromiso firmado por los obispos en Madrid (julio de 2008) que incluye
la devolución, señala que "aquello no fue acuerdo sino declaración
de reconocimiento de los hechos por parte de Salinas. No fue papel mojado, como
dijo Piris. Papel mojado será él".
Respecto a si el exequátur, elegido por el Obispado de Barbastro-Monzón
y el Gobierno de Aragón, es la mejor vía para solucionar el litigio, indica
que "no está previsto en el acuerdo Iglesia-Estado de 1979, más bien
para sentencias y decisiones sobre nulidad matrimonial que tienen efectos civiles.
Aquí es otra vía distinta, el Estado reconoce a la Iglesia que su capacidad
canónica la regula el Derecho canónico. Eso es lo que hay que exigir.
La capacidad canónica de las partes ya está resuelta".
Respecto a la "resistencia" del obispo Piris que ha dejado las soluciones
en manos del Consorcio de la Generalitat, incluso de los Amigos del Museo de Lérida
que han originado el primer juicio civil en la historia del litigio, el catedrático
dice: "Es extraño el cambio de postura coherente inicial del Obispado de
Lérida y también es kafkiano que el juez civil acepte una demanda de propiedad.
Conozco conflictos similares, entre ellos uno en Ávila, donde el juez dijo
que era cuestión de la iglesia y los remitió a esa jurisdicción.
Es decir, tampoco son unánimes, aplican a su criterio y los interpretan como
quieren".
El informe del prestigioso abogado catalán Joseph Pintó, en septiembre
de 2001, realizado por encargo de la Generalitat, demuestra que las parroquias eran
propietarias de los bienes, sin necesidad de que los reclame la nunciatura y que
nunca hubo "ánimo claro" de devolverlos. "Lo encargaron desde la
Generalitat, antes del litigio, y al ver que no era favorable a sus intereses lo
archivaron y estuvo oculto mucho tiempo", señala Aznar.
Aznar cuestiona la "unidad museística" que defiende Lérida
El catedrático en la Universidad Pontificia Federico Aznar, cuestionó
la "unidad museística" que defiende Lérida. "En Salamanca
rompieron la unidad del Archivo sin respetar ningún principio de propiedad
porque no existe. Se los llevaron con nocturnidad y alevosía. Es decir, que
aplican normas diferentes en función de intereses. Al principio, achacaron
la petición de devolución de las piezas al nacionalismo aragonés
y en la práctica, el Gobierno de Aragón funcionó de manera errática,
a impulsos en la defensa del Patrimonio", expuso..
En cuanto a la decisión de presentar querellas criminales contra el obispo
Piris, por parte de los ayuntamientos de Peralta y de Berbegal, Aznar informó
al vicario general de Huesca de que el tema estaba resuelto porque los bienes se
incluyeron, por error, en el listado de devolución de Barbastro-Monzón
y desde la Santa Sede advirtieron que se depositaran en Lérida, hasta que sus
propietarios los reclamaran. "El camino está expedito desde 1955",
afirmó. Sobre los bienes del monasterio de Sijena indicó que es increíble
que la Generalitat fuera tasador y comprador, al mismo tiempo. "Se excluyeron
del litigio porque son temas diferentes y así seguimos", añade..
"Inoportunas reclamaciones"
El conservador del Museo Arqueológico de la Diócesis de Lérida, Joan
Fusté i Vila, dejó constancia escrita, en 1924, sobre conceptos relativos
a la propiedad de los objetos, y explica que el obispo Messeguer quiso hacer una
clasificación por estilos y encargó la tarea a dos anticuarios leridanos
(Hortelano y Murillo).
"En ningún museo, posiblemente, sea tan difícil la catalogación
como en el de Lérida. Descuidada con toda la deliberación, aunque con
un fin plausible, la anotación de la procedencia de las antigüedades se
realiza de tal manera que nadie pudiese venir con inoportunas reclamaciones, y conociéndose
por el Boletín solo la de las que le parecía el señor Obispo",
según consta en la página 29 del libro.
"Hoy -continúa el texto- se había hecho muy laboriosa la tarea de
averiguar la procedencia porque nunca había tenido conservador y porque ya
están muertos los clérigos y particulares que habían hecho el ingreso
y si bien es cierto que aún vive el arzobispo de Granada, ¿cómo podría
recordar la procedencia de tantas y tantas piezas que casi llegan a dos mil ".
El conservador del Museo Arqueológico de la Diócesis de Lérida se
refiere también a los depósitos del Museo, que son "voluntarios y
forzados. Los segundos corresponden a las parroquias o iglesias sujetas (¿dependientes
) que no los quieren vender o permutar y como ofrecen riesgo para su conservación
por estar expuestas al robo, el obispo los hace ingresar, forzosamente, al museo
reservando a los dueños su propiedad". Señala que "se ignora el
capital invertido, también su procedencia, si bien se cree que era del peculio
particular del obispo".
"Desde Lérida retrasan todo lo posible"
Alfonso Milián, obispo de Barbastro-Monzón, señaló que "desde
Lérida retrasan todo lo posible, ponen dificultades y no cumplen, pero llegará
un momento en que la Santa Sede obligará a Lérida. El Vaticano tiene mucha
paciencia y lo que dicta se cumple. En eso, llegará el día en que diga
¡vale ya!". De momento, aseguró que no cesan de trabajar en el asunto.
Hipólito Gómez de las Roces, abogado que defiende los intereses del Obispado
de Barbastro-Monzón, opina que la situación, en espera del juicio en Lérida,
"es esperanzadora a pesar de que el tema es problemático. El Tribunal Supremo
de la Santa Sede se ha pronunciado con absoluta claridad en este largo proceso donde
no hay nada favorable a las tesis de Lérida".
En su opinión, "el exequátur debe dar una solución al problema
porque el juicio de los Amigos del Museo trata de una cuestión incidental.
Ellos tienen potestad para pedir y su demandado, el Obispado de Lérida, tendrá
que reconocer que es propietario de los bienes, contradiciendo lo que ha dicho siempre,
éste y los obispos anteriores, que son depositarios".
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