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Huesca

El amianto, un mineral que mata "a miles de personas" en el mundo

Una de las ponencias que tuvo lugar durante la jornada.
La Federación de Asociaciones de la Construcción y Arizón y Gracia organizaron las segundas jornadas

D.A.
02/06/2014

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HUESCA.- El amianto, las normas que hay cumplir en su manipulación, mantenimiento y retirada, y los muy perjudiciales efectos para la salud que puede llegar a tener, incluida la muerte, centraron el debate desarrollado este miércoles en el Palacio de Villahermosa, donde se celebraron las segundas Jornadas Técnicas sobre el Amianto: convivencia con el residuo, efectos nocivos para la salud, obligaciones y sanciones.

Cinco ponencias conformaron esta segunda edición de las jornadas, organizadas por la Federación de Asociaciones de la Construcción (FAC) y la empresa Arizón y Gracia, habilitada para el desamiantado, la retirada del amianto.

El amianto es un mineral prohibido en España desde 2001 –desde 2003 en Europa-, pero hasta entonces se usó en infinidad de construcciones. "Está en todos los sitios", afirmó Lorena Orduna, responsable técnico de Arizón y Gracia.

Este material se debe retirar y se debe hacer un plan de desamiantado, según obliga la ley. Sin embargo, "hoy muchos arquitectos, aparejadores y constructores no habilitan una partida para los residuos y entonces supone un problema. Como no habilitan una partida, lo hacen de manera ilegal y las sanciones son tremendas: hay que paralizar la obra, pedir a la Administración que haga un proyecto por una empresa habilitada, se retrasa mucho la obra y eso supone un coste innecesario".

El amianto se va deteriorando "por el uso, la antigüedad o las inclemencias del tiempo, como es el caso de Aragón, con hoteles de lujo en las pistas de esquí que se han rehabilitado, pero muchos tienen cubiertas de uralita que con el hielo y la nieve se rompen y las partículas se desprenden a la atmósfera y las respiramos todos. Eso causa un cáncer de pulmón que provoca muchísima mortandad", afirmó Orduna, que sostuvo que el amianto "causa miles de muertos al año".

En la misma línea, Francisco Báez, ex empleado de la empresa Uralita, ex miembro de la Comisión Nacional del Amianto y ex consejero de CCOO en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sostuvo que "ha habido una ocultación deliberada de la realidad" de los riesgos del amianto "con compras de científicos, una acusación muy grave que se documenta" en su libro "Amianto, un genocidio impune", como también se llamó su ponencia.

La exposición al amianto, incluso "una exposición única y esporádica", puede generar varios tipos de cáncer, siendo el más peligroso el mesotelioma, que es "incurable". "Las víctimas más directas son los trabajadores" que están en contacto directo con el amianto, "pero inmediatamente detrás están sus familias, porque los trabajadores llevan partículas del amianto a sus casas, y después están los meros vecinos del entorno de los focos de emisión, como fábricas o astilleros aunque nunca en su vida hayan trabajado con amianto". Explicó Báez que las partículas de amianto son además transportadas por el viento, por lo que su radio de exposición aumenta en kilómetros respecto al foco de emisión.

Por su parte, el jefe del Servicio de Seprona en Huesca, Arturo Notivoli, se detuvo en los aspectos jurídico-policiales del amianto como residuo. Indicó que las penas para quienes no cumplan la legislación sobre el amianto pueden alcanzar la cárcel y sanciones económicas de hasta 1,75 millones de euros. Sin embargo, "la normativa se respeta muy poco y hay un desconocimiento alarmante de la ley por otro lado. En Huesca, en el 2013, de las 3.290 actuaciones por infracciones administrativas que hizo el Seprona, 420 han sido en materia de residuos y de ellas, un 10% de residuos peligrosos".

Las obligaciones en materia legislativa fue la ponencia de Pilar Tagüeña, técnico superior en prevención de riesgos laborales y técnico habilitado del ISSLA (Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón). Tagüeña explicó la labor del ISSLA en el desamiantado, que es la de supervisar los planes de trabajo. Si no se están cumpliendo las leyes, tienen la potestad de paralizar las obras hasta que se ajusten a la legislación.



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