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Cultura

El préstamo de pago en bibliotecas o la privatización de la riqueza colectiva



M. ENGRACIA MARTÍN VALDUNCIEL
08/09/2014

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No nos centrarnos en este artículo en el contenido específico del RD/ 624 de 18 de julio pasado, un ejemplo más de una perversa dinámica gubernamental a base de decretazos, porque consideramos que resulta meridianamente claro para cualquier persona que lo lea y porque, además, ha habido reflexiones muy valiosas sobre su sentido (ver http://noalprestamodepago.org/2014/08/). Entendemos que es importante enmarcar este tipo de regulaciones en las dinámicas privatizadoras y expropiadoras de las últimas décadas para comprender su sentido y su trascendencia en nuestra sociedad y, por tanto, para que el conjunto social se sienta interpelado. Creemos que no sería acertado interpretar el RD sólo como una cuestión más o menos técnica que afecta negativamente al mundo bibliotecario; se trata, mas bien, de una agresión política a la riqueza colectiva y que, por tanto, toda la sociedad debería cuestionar. A este objetivo pretende contribuir esta aportación.

Los procesos de creación, producción o circulación del saber en que nos encontramos no responden en manera alguna a un "orden natural" como el pensamiento hegemónico mantiene. Más bien son resultado de políticas, normativas y discursos desarrollados a lo largo de la historia, y no sin conflictos. Si bien las regulaciones sobre la circulación del saber son anteriores, es el capitalismo y las revoluciones liberales burguesas las que ponen las bases ideológicas de lo que ahora conocemos como propiedad intelectual (I. Sádaba. La tragedia del copyright). Así, en el plano discursivo hubo que construir todo un ideario relativo a la individualidad creadora, o el descubrimiento personal, ex nihilo, como si la gestación y acumulación de saber pudieran prescindir de la creación colectiva y compartida previamente. También fue preciso violentar y reducir todas las formas de valor a mercancía para vincularlas mediante una equivalencia general a través del dinero. Además, se propiciaron regulaciones y procedimientos, como los derechos de copia o patentes, para producir una "escasez" artificial de un bien que no es concurrente: el conocimiento no entra en competencia pues su uso simultáneo no disminuye su valor o su utilidad social; al contrario.

¿En qué momento nos encontramos en la actualidad? Si en el origen del capitalismo inglés se encuentra el fenómeno de las enclosures como procedimiento de expropiación de bienes comunes para constituir la acumulación primera de capital, de forma paralela, desde el último tercio del S. XX asistimos a procesos de acumulación similares ("acumulación por desposesión", como mantiene D. Harvey en El nuevo imperialismo) a partir de la expropiación de conocimiento y la privatización de servicios públicos que forman parte de los Estados de bienestar, es decir, conseguidos con el esfuerzo de la mayoría social. Ambos constituyen la savia del capitalismo posmoderno. Si la modernidad se caracterizó por la intensificación de los procesos industriales, la posmodernidad se identifica con la terciarización y la informatización aplicada a la producción posfordista. Se ha ido conformando un mundo, ya conocido y familiar, en el que el eje central de la economía, porque genera más valor al capital, se centra en actividades relacionadas con la manipulación de símbolos. Algunos teóricos (M. Lazzarato en Inmaterial Labor) para caracterizar este tipo de trabajo – principalmente desarrollado en el sector servicios y con un uso intensivo de las tecnologías lingüísticas y comunicativas y el trabajo cooperativo en red- se refieren a él como trabajo inmaterial y los bienes que se producen no son físicos, aunque si reales: información, conocimiento, bienes culturales, manipulación de afectos o emociones.

La privatización de lo que el sistema concibe como motor económico del siglo XXI, por consiguiente, resulta vital en la lógica de explotación del capitalismo tardío: se produce a escala geopolítica y dentro de los países a partir, sobre todo, de la crisis de 1973 del siglo pasado que marca, grosso modo, el tránsito hacia lo que algunos teóricos denominan capitalismo cognitivo (Fumagalli. Bioeconomía y capitalismo cognitivo). A finales de la pasada centuria y a medida que la globalización y las políticas neoliberales se extienden, asistimos a una intensificación y mundialización de normativas sobre lo que se conoce como propiedad intelectual, fenómeno que no es ajeno a la difusión de la tecnología electrónica: se pretende que las restricciones abarquen mayores áreas (plantas, cadenas genéticas, sabiduría de comunidades indígenas) y mayores coberturas. A escala mundial podrían citarse el nacimiento de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en 1967 así como el Acuerdo de la OMC (Organización Mundial de Comercio) sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 1995, como claves en el proceso de homologación global (Zukerfeld. El rol de la propiedad intelectual en el capitalismo cognitivo) ; se trata de organismos muy potentes cuya autonomía roza la impunidad de tal manera que, en caso de conflicto entre multinacionales o los intereses de la sociedad, la OMC no reconoce legitimidad a legislación alguna que no proceda de sus propios tribunales (S. George. Pongamos la OMC en su sitio). Por ejemplo, en el caso de los últimos enfrentamientos entre grandes multinacionales farmacéuticas y la salud de millones de personas la balanza se ha inclinado hacia la defensa de los intereses de las primeras.

El nuevo orden mundial que surge a partir de 1989 tiene una gran ambición de totalidad, de abarcar un mundo unificado bajo un mismo dominio. El Imperio (Hardt, Negri) ha supuesto una reordenación de los poderes militares, monetarios o de gestión política en todo el globo debido, en buena medida, al peso de las corporaciones transnacionales y las agencias de control simbólico que actúan en la ampliación de los espacios mercantilizados. En este escenario en los Estados-nación se ha producido una devaluación constante de su soberanía pero siguen siendo fundamentales en el mantenimiento del orden mercantil y en su papel de mediadores entre los poderes e intereses económicos de las grandes corporaciones y los súbditos administrados en su territorio. En el tablero geopolítico y en relación con los procesos de apropiación de conocimiento se alinean países ricos, propietarios de patentes y derechos, y países pobres a los que se esquilma un saber colectivo, milenario en ciertos casos: se produce una rapiña, una bio-piratería, que nos retrotrae a colonizaciones anteriores, como mantiene V. Shiva (¿Proteger o expoliar? ) Bajo un paraguas de regulación global y administración local asistimos a situaciones tan delirantes como que debido a los privilegios del gigante Monsanto se pueda sancionar a un pequeño agricultor indio por guardar, o compartir, sus semillas; o que a partir de la prepotencia de multinacionales como Bechtel se pueda prohibir recoger agua de lluvia a un boliviano (tema de También la lluvia, I. Bollaín). La racionalidad económica, espejo de la global, se impone en el interior de los países: el capital vampiriza recursos públicos y rentas procedentes del trabajo mediante regulaciones ad hoc. Por ejemplo, en España la transferencia tecnológica (Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación) no es fácil disociarla de la privatización de investigación y de producción de nuevo conocimiento en instituciones públicas; o la racionalización del sistema educativo (RD-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo) de su reconversión en función de directrices e intereses internacionales (Banco Mundial, Estrategia de Lisboa 2000 y 2020).

Forma parte de la misma lógica la explotación de profesionales altamente cualificados (un nuevo cognitariado) que se produce a partir de regulaciones entre centros de enseñanza o centros de investigación y el mundo empresarial mediadas por una gran variedad de figuras laborales altamente inestables y precarias. En el mundo bibliotecario los recortes (puede verse una muestra en http://noalprestamodepago.org), las externalizaciones o directamente la falta de financiación de las bibliotecas son medidas que se están convirtiendo en algo dramáticamente habitual, empezando por la cabecera del Sistema, la Biblioteca Nacional (http://www.elconfidencial.com/cultura/2013-12-27/

el-sector-privado-se-cuela-en-la-biblioteca-nacional-y-se-

lleva-18-4-millones-en-5-anos_70511/). El RD/624 de 18 de julio sobre el préstamo de pago en bibliotecas, una actualización más de directrices superiores, Directiva 2006/115/CE, forma parte de esa dinámica expropiadora. Más allá de tecnicismos opacos que hacen un tótum revolútum al no diferenciar entre obras bajo restricciones y las que se encuentran en dominio público o de no respetar la opción de creadores que desean compartir sus obras o acogerse a licencias alternativas a la hora de publicar, se hace necesario reflexionar adónde apunta la regulación. A nuestro entender estamos ante una normativa que legitima el discurso hegemónico de concebir y construir una realidad de totalmercado de manera que secunda la ideología de que un servicio público puede entrar en competencia con intereses privados; sanciona la transferencia de recursos públicos a manos particulares, al montar un negocio donde no debería haberlo, insiste en reducir el saber a su valor de cambio y pone trabas para que aquél no se encuentre al alcance del conjunto social.

M. ENGRACIA MARTÍN VALDUNCIEL.

Universidad de Zaragoza. Biblioteca universitaria



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