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Huesca

Los testigos ratifican que no hubo ninguna incidencia

La sala se quedó pequeña para las decenas de personas que acompañaron a la acusada, en el banco de la derecha.
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El juicio por las protestas durante la visita de Letizia Ortiz, visto para sentencia

O. ISARRE
18/02/2016

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HUESCA.- Los testigos del juicio por una presunta alteración del orden público durante la visita, en octubre de 2013, de la entonces princesa Letizia al CPIFP Pirámide ratificaron en la vista oral de ayer que esas protestas transcurrieron con total normalidad y sin ningún tipo de incidente.

La vista que juzga a Raquel G., sancionada con 1.000 euros por supuestamente incitar a la alteración del orden público al insultar a un agente de Policía Nacional, congregó a alrededor de 70 personas que acompañaron a la acusada para mostrar su apoyo y denunciar el caso como "un intento de intimidar" a quienes protestan.

En la vista, los tres testigos pedidos por la defensa -la administradora de la Escuela Politécnica Superior, un periodista que cubrió la protesta y un manifestante- fueron rotundos al señalar que la concentración transcurrió con normalidad y sin incidentes.

"De ninguna manera hubo insultos (a la Policía), (los manifestantes) iban por donde la Policía les permitía y allí se quedaban", relató Mercedes García, administradora de la Politécnica.

Aseguró que no hubo momentos de tensión y, a preguntas del abogado del Estado, detalló que estaba cerca de los manifestantes "junto al jefe de seguridad" del centro, al que llamó cuando vio que la Politécnica "había sido ocupada por la Policía".

Cabe recordar que el fuerte despliegue policial causó un gran malestar en la Politécnica e incluso una queja del vicerrector del Campus de Huesca.

Javier Armendáriz, técnico televisivo que estaba en el centro para cubrir la protesta, calificó ésta de "normal" -precisando que ha cubierto más-, con "consignas normales y nada concreto contra la Policía". A pregunta de la Abogacía del Estado, dijo que estaba "a unos 50-100 metros", pero, "si hubiera habido algo que hubiera sobresalido, lo hubiera escuchado".

El último testigo fue César González, profesor de la Politécnica que participó en la protesta "de principio a fin" y que "en ningún momento" apreció una "actitud de desórdenes o de incitación". Es más, "nos limitábamos a seguir las indicaciones de la Policía", dijo González, que calificó de "ridícula" la acusación contra Raquel.

POLÉMICA POR LA FECHA DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA ACUSADA

El abogado de la acusada pidió la nulidad del expediente, del que dijo que "busca un chivo expiatorio". Se basó en varios puntos, como que ni la Subdelegación ni la Policía aludan a insultos, las testificaciones o la ratificación de la denuncia policial, que no la hizo el agente en cuestión sino otro "en contra de la jurisprudencia del Supremo". También criticó que la Policía no identificara a Raquel hasta un mes después de los hechos. "Si esto es un error es grave, si no lo es, es mucho más grave porque incluso tiene responsabilidad penal".

El abogado del Estado apeló al artículo 23.H de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana -vigente en esos momentos- para declarar que "no es necesario que haya alteración, sino provocación y esa valoración corresponde sólo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Quitó hierro a la fecha de la identificación -que atribuyó a un error- y dijo que la acusada era "conocida" por la Policía, y también defendió la "proporcionalidad" de la sanción, ya que se impone 1.000 euros de un máximo de 30.000.



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