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ALTO ARAGÓN - #CONTRALADESPOBLACIÓN

Un estudio evidencia las posibilidades de devolver la vida a núcleos

Miguel Gracia y Sixto Marín presentaron ayer en la DPH el estudio.
El presidente de la DPH reclama una legislación que favorezca estos procesos



MARÍA JOSÉ LACASTA
20/02/2018

HUESCA.- La recuperación de una treintena de pueblos del Pirineo altoaragonés que quedaron deshabitados años atrás pone de manifiesto que es posible que los núcleos abandonados vuelvan a la vida con éxito, mediante la aplicación de diferentes modelos de recuperación. Así se desprende de un estudio dirigido por el arquitecto Sixto Marín por encargo de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) a raíz del II Congreso Nacional de la Despoblación celebrado el año pasado en la capital altoaragonesa.

El documento, que se quiere editar como publicación, es inédito en el sentido de que son muchos los estudios que tienen su razón de ser en la despoblación, pero no se tiene constancia de ninguno reciente sobre pueblos rehabilitados.

El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, y el artífice del estudio presentaron ayer a los medios el trabajo, que tiene por objetivo conocer, agrupar y analizar las características de distintos casos de rehabilitación de asentamientos en áreas de montaña. En concreto, son 31 pueblos, 19 de ellos de titularidad pública y 12, privada. De estos últimos, en nueve casos han sido sus antiguos vecinos o particulares llegados de otros puntos quienes han impulsado la recuperación y en tres se han llevado a cabo actuaciones empresariales o de asociaciones.

Entre las conclusiones del estudio, destaca que el éxito que han tenido estas iniciativas puede servir de base para desarrollar una estrategia que permita optimizar los recursos necesarios para la revitalización de los alrededor de 150 núcleos deshabitados con que cuenta la provincia de Huesca.

Una estrategia que, a juicio de Miguel Gracia, puede articularse mediante una legislación "ad hoc" para los pueblos deshabitados. El presidente de la Diputación defendió, en este sentido, la necesidad de que haya, ya no tanto ayudas, sino normas o medidas de tipo fiscal, por ejemplo, que incentiven la llegada y asentamiento de nuevos pobladores en pueblos deshabitados.

Gracia incidió en que las administraciones tienen "un compromiso" por buscar soluciones a la despoblación, porque -dijo- "soy consciente de que no podemos volver a tener los pueblos que teníamos, pero sí que deberíamos ser capaces de mantener lo que tenemos" y de intentar mitigar el desequilibrio que presenta la pirámide poblacional entre mayores y jóvenes.

El presidente de la DPH subrayó que este estudio le ha permitido apreciar que de entre todas las áreas de la Administración "únicamente Medio Ambiente se ha cuidado de tener datos y de estar al tanto de esos pueblos abandonados", ya que han sido vistos más como terrenos que como una parte del patrimonio (cultural, arquitectónico, etnográfico, etcétera) que se debe preservar.

Sixto Marín destacó que la gran mayoría de los 31 pueblos analizados están habitados durante todo el año y que todos ellos tienen en común las malas comunicaciones que sufren a través de internet. El "aspecto romántico" que, sin duda, tienen los pueblos llevó a Marín a interesarse por el tema, que ahora, tras realizar el estudio, ha comprobado el esfuerzo realizado para su recuperación y "lo exitoso del proyecto". Indicó que han sido diversos los modelos de recuperación llevados a cabo en la provincia, desde las rehabilitaciones por parte de antiguos vecinos (en algunos casos tras procesos de reversión), a las realizadas en pueblos cedidos por la Administración a sindicatos o asociaciones, o las ejecutadas en núcleos ocupados por neorrurales, entre otros.

En cualquier caso, consideró que estos pueblos han sido pioneros en muchos casos en los modelos repoblación y recuperación que han aplicado. "Han inventado soluciones de arquitectura y urbanismo, vitales incluso", afirmó, y, según estimó, "ahora podemos aprender de todos ellos". Marín apostó por "ir todos a una", la iniciativa privada y la pública, en este tema.

En este aspecto, Miguel Gracia reclamó una normativa que "priorice" poder establecerse en el medio rural.