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SOBRARBE

La DGA lleva a los tribunales al Estado por los saltos eléctricos

Instalaciones de la central de Lafortunada.
Presenta un contencioso por la reversión de la central de Lafortunada. El Gobierno autonómico se suma al frente común de la DPH y ayuntamientos



ELENA PUÉRTOLAS
23/05/2018

HUESCA.- El Gobierno de Aragón lleva al Estado a los tribunales por la reversión de las centrales hidroeléctricas. En concreto, ha interpuesto un contencioso administrativo contra el retorno a manos de la Administración central del salto de Lafortunada-Cinqueta tras caducar la concesión. Y promete repetir. El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha anunciado este martes sucesivos recursos a medida que caduquen más concesiones con el objetivo de que las futuras condiciones se negocien con el Gobierno de Aragón para "salvaguardar los intereses de los municipios afectados y que tengan algún beneficio".

De este modo, la DGA se suma al frente común impulsado desde Adelpa (Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés) e inicia procesos judiciales, como ya lo han hecho los ayuntamientos afectados y la Diputación Provincial de Huesca. En este último caso, exigen que las reversiones se regulen por ley.

Son las primeras acciones judiciales del Gobierno de Aragón para reclamar a la Administración central un convenio para que los rendimientos de los aprovechamientos hidroeléctricos sirvan para mejorar las infraestructuras y el patrimonio de los municipios afectados. Hasta ahora, el Ministerio de Agricultura ha dejado al Gobierno de Aragón totalmente al margen de estos procesos, a pesar de las alegaciones presentadas porque, entre otras razones, la DGA tiene competencias sobre los montes públicos que ocupan las instalaciones de las hidroeléctricas. Tras un año 2017 con escritos de ida y vuelta en los que el ministerio argumentaba una y otra vez que sus funciones administrativas no le otorgan derechos para ser parte interesada, el Gobierno de Aragón ha tomado la decisión de plantear un contencioso administrativo, que presentó el pasado 2 de marzo, y que el martes ratificó el Consejo de Gobierno.

La DGA se opone así a la resolución del Ministerio de Agricultura, de 18 de diciembre de 2017, por la que se declara la extinción de la concesión, reversión al Estado y adscripción a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) del aprovechamiento de 12.000 litros por segundo de las aguas del río Cinqueta, tras haber transcurrido un plazo concesional de 75 años. Pero este ya caducó el 12 de julio de 2007. Tras un primer expediente de reversión que se dejó caducar en noviembre de 2015, se inicio el segundo en febrero de 2016, que fue el que se resolvió el pasado noviembre. Hoy, Endesa mantiene la producción.

Ahora, el recurso de la DGA se sustenta en la posible caducidad del segundo procedimiento de extinción por el transcurso del plazo de 18 meses para su resolución según la Ley de Aguas.

Como segundo argumento, entiende que falta la adaptación del título jurídico que permita al Estado la ocupación de los montes de utilidad pública municipales donde se ubican las infraestructuras de las centrales fuera del dominio público hidráulico. Por ello, habría que hacer un cambio de titularidad y adaptación de la normativa de ocupación a concesión forestal, con la actualización del régimen económico o bien determinar la indemnización por los daños a los titulares de los montes. De hecho, los ayuntamientos han pedido en varias ocasiones al Gobierno de Aragón que reclame las tasas de ocupación.

En tercer lugar, se argumentan las afecciones a la DGA como administración forestal que gestiona el Fondo de Mejoras con los ingresos generados por los montes de utilidad pública. En este caso concreto, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha resaltado que el salto de Lafortunada-Cinqueta se encuentra en parte sobre montes declarados de utilidad pública de titularidad local gestionados por el Departamento de Desarrollo Rural y Sosteniblidad. Por ello, "vamos a seguir con el resto de concesiones que caduquen porque esos saltos hidroeléctricos lo único que han llevado a los municipios afectados han sido eso, afecciones, y no han llevado ningún beneficio, más bien perjuicios".