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ALTO ARAGÓN

Olona: "Queda por hacer lo más caro" en depuración


La directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA) califica de "error" el modelo concesional elegido para ejecutar las plantas



E.P. /EFE
10/07/2018

ZARAGOZA.- El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, dijo este lunes que el cumplimiento de la directiva europea en depuración de aguas "es muy alto" en la Comunidad, pero "queda por hacer lo más caro", pequeñas depuradoras que estaba previsto construir con un modelo concesional que ha desechado para que "ese mínimo que nos queda por hacer no nos arruine". Según esgrimió, el coste de construir esas depuradoras con el modelo concesional previsto "hubiera sido absolutamente desproporcionado", además de contemplar "obras inviables técnicamente".

Así lo señaló durante su intervención en las Cortes autonómicas ante la Comisión parlamentaria de investigación sobre el saneamiento y depuración de aguas en Aragón.

Olona dijo que el 92 % de la población aragonesa que vive en aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes cumple la exigencia de depuración y todas las que vierten a zonas sensibles, mientras que su objetivo es hacer "lo antes posible" las depuradoras que faltan.

El consejero indicó que está en tramitación la rescisión de los contratos de las cuatro zonas del Plan Pirineos -que planteaba construir 300 depuradoras-, y que cuando llegó al Gobierno paralizó las concesiones de los otros contratos que todavía estaban en trámite de licitación y que contemplaban unas depuradoras que finalmente se van a construir mediante ejecución directa a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA).

Olona informó de que el Gobierno de Aragón ha destinado esta legislatura 13,8 millones de euros para saneamiento y depuración dentro de su modelo de intervención a través de la ejecución directa u otorgando subvenciones del 95 por ciento de la obra a los municipios que opten por hacer su depuradora.

Por su parte, la directora del IAA, Inés Torralba, consideró que fue un "error" del Gobierno aragonés y del Estado optar por el modelo concesional para construir las depuradoras y pidió al ministerio que colabore para "extirpar" el problema de esta modalidad contractual elegida.

También se habló este lunes de las sanciones que está poniendo la CHE a los municipios que aún no depuran sus aguas porque no se les han ejecutado las depuradoras, que el presidente del organismo, Raimundo Lafuente, calificó de multas "proporcionadas y pequeñas". Para Torralba, la competencia de ejecutar las depuradoras de interés general es del Estado y las consecuencias de los incumplimientos no pueden recaer en los municipios.