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El Gobierno de Aragón convoca pruebas para elegir a 14 inspectores de Educación


Los interesados pueden presentar las solicitudes desde este lunes hasta el 17 de septiembre



D. A.
02/09/2018

HUESCA.- El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha convocado oposiciones para el ingreso en el cuerpo de inspectores para el que existen 14 vacantes, 1 de ellas reservada para personas con discapacidad. Los interesados tienen de plazo desde mañana y hasta el 17 de septiembre para presentar las solicitudes de admisión.

Según recoge la orden por la que se convoca este procedimiento, los aspirantes, que deben pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente, deben acreditar una antigüedad mínima de seis años, como funcionario de carrera, en alguno de los cuerpos que integran la función pública docente y una experiencia docente de igual duración.

Aquellas personas que sean elegidas deberán superar una fase de oposición que consistirá en una prueba en la que se valorarán los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa adecuados a la función inspectora, así como los conocimientos y técnicas específicas para su desempeño. Los tres ejercicios de la prueba de esta fase se llevarán a cabo a partir del 29 de octubre.

Quienes hayan conseguido una puntuación igual o superior a 5 en la calificación final de la fase de oposición pasarán a la fase de concurso, en la que se valorarán los méritos aportados. Quienes lo superen deberán pasar una fase de prácticas en la que los aspirantes demuestren la adecuada preparación para llevar a cabo las funciones atribuidas al Cuerpo de Inspectores de Educación.

En la actualidad, en Aragón existen 59 plazas de inspección, 12 en Huesca, 34 en Zaragoza, 10 en Teruel y 3 en la Dirección de Inspección. Desde Inspección de Educación llevan a cabo, de forma habitual, la supervisión, evaluación y control de los centros y servicios educativos. Este mismo año el Gobierno de Aragón aprobó el real decreto que regulaba esta profesión, para adaptar la normativa anterior, de 2007, a la situación educativa legal actual, y las nuevas necesidades del sistema educativo.