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ALTO ARAGÓN - COLABORAN: BANTIERRA Y DIPUTACIÓN DE HUESCA

Carlos Tarazona: "La política forestal fue la principal causa de despoblación, sin olvidar la situación social"


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#CONTRALADESPOBLACIÓN



ELENA PUÉRTOLAS
29/09/2018

HUESCA.- Trabajaban a destajo para cavar un hoyo detrás de otro y tenían que poner hasta su azada. Muchos eran "tiones" de casas pirenaicas (hermanos solteros de los herederos) que ganaban su primer sueldo y otros llegaban de Andalucía con lo puesto, con unas zapatillas de cáñamo que se les deshacían en cuanto ponían un pie en el monte. Son algunos de los que trabajaron para Patrimonio Forestal del Estado entre 1941 y 1971 y ejecutaron los planes de reforestación de los montes para evitar la colmatación de los pantanos. Este organismo compró un total de 108 montes, como la Garcipollera, la Solana, el Sobrepuerto o la Guarguera, con unos 94 pueblos o pardinas que quedaron deshabitados. Entre ellos, el mítico Ainielle.

"La política forestal es la principal causa de la situación de despoblación en la provincia de Huesca, pero no hay que olvidar que es por toda la coyuntura social, política y económica que existía en aquellos años", explica el guarda forestal e historiador Carlos Tarazona, investigador de esta parte de la historia, que reflejó en el documental "De pinos y penas" (2007), aunque ha profundizado más y, de sus últimos avances, habló recientemente en la Semana Cultural en honor a Labordeta, organizada por Somos en el Casino de Huesca.

Aquellos pueblos de los que marcharon sus vecinos tras vender a Patrimonio del Estado y, en un mínimo porcentaje tras ser expropiados (solo hubo tres forzosas), se convirtieron en poco tiempo en refugio para algunos de los trabajadores que se afanaban en reforestar los montes, según explica Carlos Tarazona.

Sucedió en Berbusa, cerca de Ainielle, donde aprovechaban los jergones que no se habían podido llevar, las cocinas o los hogares para sobrevivir. Pero, desde allí, alguno tenía que perder jornales para ir a por víveres hasta Biescas, a más de dos horas a pie. De ahí el titular "De pinos y penas". Comenzaron con la azada, después llegaron las caballerías y en los últimos años los bulldozer. Con todo, el trabajo era duro y estaban sometidos a la prueba final: el capataz tiraba del pino y si lo arrancaba, los multaban. Así se repobló de pinos la provincia.

Patrimonio Forestal no solo compró esos 108 montes, sino que firmó consorcios con propietarios (particulares, ayuntamientos...) de 405 lotes más de tierra con acuerdos que aún hoy siguen vigentes porque cedían el terreno durante 100 años. La propiedad se mantiene, pero cuando el arbolado llegue a una edad adulta y se corte, el Estado (ahora competencia de la DGA) pagará un porcentaje que se pactó entre 20 y 30 % y el terreno vuelve a su dueño, pero esa fase no ha llegado todavía, comenta Tarazona.

"A pesar de que fueron procesos negociados, España estaba en un régimen dictatorial y cuando se creó Patrimonio del Estado, se promulgaron una serie de leyes que sirvieron para preparar el terreno para los intereses del Patrimonio y esto iba en contra de los de los habitantes de aquellos pueblos".

Tras la normativa básica, llegaron decretos que declararon en la provincia de Huesca hasta 22 perímetros de repoblación obligatorios, de forma que los propietarios tenían obligación de repoblarlos por medios propios, por la firma de un consorcio o por la venta al Estado. "De esta forma queda coartada la libertad. Entre las imposiciones tenían que elegir y aproximadamente la mitad vendió y la mitad firmó un consorcio, porque nadie podía hacerlo por medios propios", detalla.

 

LOS NÚCLEOS AFECTADOS

 

De este modo, en la provincia de Huesca se repoblaron entre 1941 y 1971 unas 120.000 hectáreas, de forma que se sitúa en el quinto puesto del ranking nacional. En el conjunto del país, se alcanzaron los 2 millones. De las hectáreas en el Alto Aragón, compraron unas 75.000, donde se sitúan los 94 pueblos. De las 108 compras, solo 11 fueron expropiaciones, y ocho de ellas las solicitaron los vecinos para poder cobrar el 100 % del importe de una forma más rápida.

Las zonas de concentración fueron La Garcipollera, en Jacetania, con los núcleos: Bescós, Acín, Larrosa, Cenorba, Bergosa, Yosa y Villanovilla; La Guarguera, en el Alto Gállego, con pueblos como Aineto, Artosilla (ahora recuperados tras una cesión del Gobierno de Aragón al colectivo Artiborain)...; La Solana, en Sobrarbe, con la compra de Burgasé, Cájol, Cámpol, Castellar, Gere, Ginuábel, Giral, Muro, Puyuelo, San Felices, San Martín, Sasé, Semolué y Villamana; o el Sobrepuerto, en el Alto Gállego, con pueblos como Basarán, Ainielle, Cillas, Casbas... También se vendió una zona en Arén y Benabarre, en Ribagorza, y del mismo modo, se repobló una buena parte de la sierra de Loarre, entre otras.

"Pero aún pudo llegar a ser más", indica, porque hubo pueblos que se ofrecieron a vender pero que no se pusieron de acuerdo en las formas de pago, el precio o los límites del monte no estaban claros. De este modo, se podrían haberse abandonado hasta 95 núcleos más como Escartín, Otal... que hoy están deshabitados, pero también otros que siguen vivos como Borau o Ara, que entablaron conversaciones pero no cuajaron. Señes, en la Comuna en el valle de Chistau, Nocellas, Mongay, Sarsa de Surta, Lasaosa, Otín... tampoco vendieron.

"Era una situación forzada porque generaba mucha incertidumbre. Si no lo vendían al régimen quizá nadie se interesara. Era subirse al tren o no. Era marchar con poco dinero en el bolsillo o arriesgarse a tener que irse sin nada, como sucedió en otros pueblos", comenta Tarazona.

A este respecto, puntualiza que todos los pueblos compartían características como estar en territorios muy aislados, con falta de servicios e incluso con situaciones de miseria al tener que trabajar mucho para una rentabilidad mínima. "La situación social, la política y la forma de actuar por decreto del régimen franquista sin contar con la opinión de la otra parte, favoreció que acabaran vendiendo", indica.