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ALTO ARAGÓN - RECURSOS HIDROELÉCTRICOS

La reversión de las centrales tendría que abaratar la luz


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José Ignacio Gairín, jefe de zona de saltos hidráulicos del Cinca y el Ésera hasta 2002, destaca las oportunidades del proceso



ELENA FORTUÑO
26/12/2018

HUESCA.- La reversión a la administración de las centrales hidroeléctricas podría suponer una disminución en el precio final del kilovatio hora doméstico, en un momento con un amplio sector en riesgo de pobreza energética. José Ignacio Gairín, ingeniero jefe de zona de los saltos hidráulicos en los ríos Cinca y Ésera desde 1984 hasta el 2002 en Hidroeléctrica de Cataluña y Endesa Generación, considera que, una vez completado el proceso esa reducción dependería de la "voluntad política". Con afán divulgativo "para alertar e informar a la ciudadanía y las administraciones", este socio fundador de la Consultoría Energética G4B que ha efectuado, junto con SATEL, las auditorias técnico-económicas de centrales que revierten a la Administración -en concreto a la Confederación Hidrográfica del Ebro- alude a las oportunidades que estas reversiones al Estado suponen, también para los municipios que las albergan, si bien reconoce que las hidroeléctricas van a intentar evitarlas "por todos los medios".

"Lo tienen difícil, ya que ha existido un aval a estas nacionalizaciones por parte de la Audiencia Nacional cuando convalidó, este mismo año 2018, la reversión al Estado de la Central Auxiliar de Campo, en contra de las prórrogas que solicitaba Acciona a través de la patronal Unesa", recuerda mientras analiza este proceso de reversión recogido en la legislación vigente. La Ley de Aguas dice textualmente que "al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas , cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento ( hidroeléctrico)", cita resaltando la importancia de divulgar la información sobre la finalización de las concesiones. "En primer lugar, para alertar e informar a la ciudadanía y también a las administraciones de que soliciten en plazo la reversión a lo público de esas concesiones a punto de caducar, a fin de abaratar el precio de la luz , máxime en estos momentos de crisis y con población en riesgo de pobreza energética".

Las concesiones que ahora revierten se realizaron por un periodo de 75 años, un plazo "adecuado" en aquel momento en el que estas infraestructuras estaban por amortizar, pero que es en la actualidad demasiado prolongado. Se montaron -prosigue- básicamente entre 1945 y 1955 y, apunta, en España hay 800 centrales hidroeléctricas, 20 con más de 200 megavatios (MW) de potencia instalada que representa el 50 por ciento de la producción hidráulica, pero prácticamente el resto corresponde a pequeños saltos con potencias menores a 20 MW. Estas concesiones se realizaron, en su mayoría, sin contraprestación a las compañías eléctricas en los embalses realizados por el Estado.

Gairín resalta los enormes márgenes para las empresas. "El coste de la materia prima es cero (el agua del río) y los beneficios muy altos, ya que el coste de producción puede rondar los 10 euros el megavatio hora (MWH) y la venta los 60 euros MWH (...) Como otras tecnologías entran a precios más elevados (las térmicas tienen los costes de materia prima elevados), hace que las hidráulicas cobren a este precio final. Si a esto añadimos que están amortizadas, no cabe duda que el negocio es descomunal. Por tanto, la Administración puede aprovechar esta gran ventaja con estas centrales para incidir en el precio final del Kilovatio Hora doméstico". Si bien reconoce que, como la gasolina, el recibo de la luz contiene impuestos no atribuibles a la producción, considera que la reducción es viable. "Como se acostumbra a decir, es o no voluntad política hacer con esta medida la disminución del coste mayorista del MWH".

En opinión de este experto, que alude a la reciente publicación de Diario del Alto Aragón donde se recogían los recursos del Gobierno de Aragón para participar en la gestión "y así defender el territorio y a los municipios afectados", los beneficios podrían ir más allá de la reducción del recibo de la luz.

"No cabe duda que tarde o temprano habrá que buscar una solución para que, en mi modesta opinión, además de ayudar a lo anteriormente explicado, una parte de esos cuantiosos beneficios repercutan de manera proporcional a los municipios que tengan esas instalaciones", indica.

Gairín hace un llamamiento a las Corporaciones Locales en este proceso. "Los saltos pueden quedar en manos de la Administración o bien, pasado un tiempo, salir a concurso público previa licitación. Aquí es donde veo una puerta a la posibilidad de que los municipios que tengan saltos con potencias pequeñas , puedan asumir la propiedad a través del Concurso público".

Dada "la trascendencia" de este proceso de reversión, José Ignacio Gairín considera "imprescindible" avanzar en las mesas de negociación con todas las partes afectadas a fin de esclarecer y normalizar estos procesos de reversión.