BARBASTRO.- El Obispado de Barbastro-Monzón ha encargado a su servicio jurídico el estudio, en plazo breve, de las vías necesarias para solicitar ante el Juzgado de Primera Instancia que corresponda (Barbastro o Lérida) la ejecución inmediata de la sentencia dictada el 28 de abril de 2007 por el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica. "No podemos esperar más tiempo y ha llegado el momento de tomar esta decisión porque llevamos doce años en los que se nos ha dado siempre la razón", manifestó ayer Alfonso Milián, obispo de Barbastro-Monzón.
La decisión se ha puesto en conocimiento del Gobierno de Aragón a quien el Obispado no dará los poderes solicitados para presentar sus denuncias pero irán coordinados en las iniciativas jurídicas respectivas, "de forma coadyuvada" según informó ayer Alfonso Milián en declaraciones a este periódico.
En doce años de litigio, es la primera vez que el Obispado de Barbastro-Monzón opta por presentar una denuncia por la vía civil ante el estado actual de la situación y porque el obispo de Lérida, Joan Piris, "ya no puede hacer nada más".
La denuncia no se presentará contra el Obispado de Lérida sino contra las instituciones o estamentos que impiden la devolución material de los bienes y, por tanto, el cumplimiento de la sentencia de la Santa Sede. De momento, no hay un destinatario fijo, que podría ser el Consorcio del Museo de Lérida Diocesano y Comarcal del que forman parte la Generalitat, Diputación de Lérida, Obispado y Consejo Comarcal del Segriá.
Los bienes están depositados en el Museo y quien impide su entrega no es el prelado Joan Piris sino la Generalitat de Cataluña, a través de sus últimos consejeros de Cultura, en especial Joan Manuel Tresseras que se ampara en la Ley del Patrimonio Catalán para "blindar" la salida de las piezas que forman parte de una colección en entredicho.
Según la nota de prensa emitida por el Obispado de Barbastro-Monzón, el objetivo de esta acción es "facilitar la mayor coordinación de las iniciativas jurídicas de ambas instituciones y recabar el apoyo del Gobierno de Aragón a la actuación del Obispado de Barbastro-Monzón en este asunto".
La sentencia dictada el 28 de abril de 2007, en la que se basará la denuncia del Obispado de Barbastro-Monzón y del Gobierno de Aragón, ordena al Obispado de Lérida la devolución de los bienes histórico-artísticos que son propiedad de las parroquias aragonesas. En ella, la Santa Sede respondió "negativamente" a la reforma del decreto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica emitido el día 27 de septiembre de 2006.
Los argumentos "de derecho y de hecho" presentados desde Lérida se basaron, esencialmente, en los supuestos títulos de propiedad del obispo Messeguer que ahora han sido recogidos en un libro de reciente publicación. La Signatura Apostólica rebate, uno por uno, el concepto de propiedad tras el estudio de toda la documentación aportada desde el Obispado de Lérida. La Santa Sede, por sexta vez, dio la razón a Barbastro-Monzón desde que el nuncio Lajos Kada decretó la devolución de los bienes en junio de 1998.
JUNTOS EN LA MISMA ACCIÓN JURÍDICA
"Hemos buscado siempre las soluciones que creímos más convenientes en cada momento. Está visto que, tras el estudio de todas las posibilidades y a través de nuestra asesoría jurídica vemos que procede pedir el cumplimiento de la sentencia dictada por el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y de la Congregación para los Obispos", manifestó Alfonso Milián, obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón, a este periódico.
Reconoce que éste es el camino que les han recomendado "para seguir adelante" y también que se irá en unión con el Gobierno de Aragón en esta acción. "En lugar de darles poderes, somos nosotros quienes presentamos la denuncia y ellos se unen como codyuvantes. Es decir, vamos juntos en la misma acción jurídica para que el juez dictamine el cumplimiento de la sentencia que tiene valor civil en España", afirma.
La decisión ha sido consensuada y meditada. "Se ha hablado mucho y ha habido diálogo fluido con el Gobierno de Aragón para enfocarlo mejor. Nos ha parecido mejor ir juntos porque están dispuestos a colaborar en la solución al problema porque les afecta mucho al tratarse de patrimonio aragonés. Además, han estado siempre a lo que diga el Obispado", señala.
El prelado asegura que se ha llegado a esta situación "porque desde Lérida han insistido en que se cumpla la Justicia, cuando ha habido posibilidad de llegar a acuerdos y de hecho, hay uno firmado en Madrid el 30 de junio de 2008. Ellos lo han querido así y procuraremos que se cumpla la Justicia, que es lo procedente en esta situación".
Al mismo tiempo, se refiere a que "el obispo Piris ha encontrado muchos inconvenientes para cumplir la decisión de la Secretaría de Estado porque hay otras fuerzas que le impiden la devolución. No podemos esperar más tiempo porque llevamos doce años en los que se ha demostrado siempre la propiedad de las parroquias aragonesas y ha llegado el momento de tomar la decisión".
La posibilidad de que haya un acuerdo entre Iglesia y Estado para la devolución de los bienes no parece muy viable a pesar de la intervención de la Secretaría de Estado del Vaticano. "Los acuerdos son para cumplir y dan valor civil a las leyes de la Iglesia. Queremos que el Juez los cumpla", recalca el obispo.
Milián comprende a su homónimo Piris. "Ha hecho todo lo que estaba en sus manos y ha sufrido mucho, por encima de lo normal, y estoy próximo a él porque lo pasa bastante mal. Ha llegado a una Diócesis nueva y se ha encontrado con este problema tan fuerte. Debe tomar determinaciones que le mandan desde la Santa Sede pero tiene enfrente a mucha gente y está solo en el Consorcio. Hay sacerdotes que le apoyan pero a la mayoría los tiene en contra", afirma.
El destinatario de la denuncia judicial será "no el Obispado, que ha pedido la entrega de los bienes, sino quien impida la devolución. Es decir, el Consorcio Museístico o las autoridades. Por parte de Piris ya estarían en esta diócesis".
Al final, el litigio ha desembocado en la vía judicial que es donde la Iglesia nunca se mostraba partidaria. A este respecto, Milián señala que "no se trata de iniciar un juicio sino de exigir el cumplimiento de la sentencia, porque entre los acuerdos Iglesia y Estado existe esta posibilidad. Hubiera sido mejor otra solución pero se han puesto fuerzas civiles por medio que impiden el cumplimiento de la Iglesia y consideramos normal llegar a esto".
"NO ES UN JUICIO NUEVO"
Milián no quiere entrar a enjuiciar la "cerrazón" desde Lérida y la Generalitat, porque es una postura que no comprende, "porque la justicia y la verdad deben estar por encima de todo. Es lo que pido siempre", dice.
Milián tiene confianza en que la decisión del juez sea favorable. "Se trata de aplicar una sentencia no es comenzar un nuevo juicio. Espero que sea el final y el camino mejor para la devolución de los bienes. El hecho de que no se reconozcan los derechos ni las sentencias es un escándalo. La tranquilidad llegará cuando se termine el litigio y si bien me exige mucho tiempo no supone desgaste personal porque mi misión principal es la evangelización con retos fuertes", afirma.
El obispo no ha leído el libro reciente con la documentación del prelado Messeguer con la pretensión de demostrar la propiedad de los bienes. En este sentido, señala que no necesita leerlo "porque está todo juzgado y figura en la documentación aportada. Les excuso de enviármelo porque tampoco les he mandado el relativo al proceso canónico. Es un libro que hará un bien grande y ayuda a conocer la realidad tal como es. Federico Aznar y Raúl Román han hecho un buen trabajo".
De momento, su reto más inmediato es "hablar de Cristo y predicar la palabra del Evangelio. En Caspe donde pregonaré la Semana Santa y en cualquier parte donde vaya".
HUESCA.- La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, señaló ayer que el Ejecutivo, tras conocer el camino elegido por el Obispado de Barbastro-Monzón, Alfonso Milián, ha decidido presentar también ante los juzgados la solicitud de ejecución de la sentencia de la Signatura Apostólica. "Por una parte, el obispado, y por otra parte, nosotros", afirmó. El objetivo es la devolución de los bienes eclesiásticos aragoneses depositados en el Museo Diocesano de Lérida.
Broto se refirió a que la sentencia "es muy clara, muy rotunda. La Signatura Apostólica dice que los bienes tienen que volver, que están en depósito en Lérida". Asimismo, consideró que el procedimiento es claro en la ley de Enjuiciamiento Civil, y, por lo tanto, "vamos a esperar a ver qué plantean los jueces en este sentido. Si hay que utilizar el procedimiento de exequátur o no, eso lo decide el juez".
La consejera de Educación y Cultura señaló que esta cuestión "se tiene que resolver muy rápido, y, además, no hay posibilidad de recurrir", agregó.
Actualmente, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón están trabajando en este tema, y se tiene que decidir si la demanda se plantea ante el juzgado de Barbastro o el de Lérida". Todavía no se ha marcado una fecha para hacer efectiva la demanda. "Hemos tomado la decisión y lo tenemos que hacer bien, reflexionando, pensando, con rigurosidad. En todo caso, será de inmediato", dijo sobre este tema.
Asimismo, sigue su curso la decisión del Ejecutivo autónomo de ejercer acciones judiciales contencioso-administrativas frente a las decisiones del Consorcio del Museo de Lérida que puedan poner trabas a la devolución de los bienes y, asimismo, preparará acciones penales contra quienes dificulten el cumplimiento de la sentencia. "Tomamos la decisión en su día de plantear acciones penales para aquellas personas o instituciones que impidieran el cumplimiento de una sentencia y estamos trabajando en ello. Las dos cosas no están en contradicción. Seguimos con ese procedimiento, pero al mismo tiempo estamos solicitando la ejecución de la sentencia", aclaró.