ELENA PUÉRTOLAS PUÉRTOLAS 16/02/2019
La reducción del 50 % de los impuestos en las provincias de Soria,
Cuenca y Teruel supondría que el Estado dejaría de ingresar 335
millones de euros, un 0,17 por ciento de la recaudación total. Sin embargo,
tendría un retorno fiscal de 80 millones que seguiría en el bolsillo
de las empresas y autónomos para revertir en el desarrollo. Además, se
estima que tendría un impacto de 4.027 empleos. Con estos cálculos,
la red de Áreas Escasamente Poblados del Sur de Europa (SSPA) plantea bonificaciones
fiscales.
La Asociación de Municipios de Montaña de España, Esmontañas,
como recuerda el alcalde de Bonansa, Marcel Iglesias, siempre ha reclamado deducciones
en el Impuesto sobre la Renta, entre otras propuestas, para compensar los
sobrecostes que soportan los habitantes de estas áreas. También el
presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, ha propuesto
medidas fiscales en distintos ámbitos para favorecer el asentamiento de la
población en el medio rural.
En concreto, la DPH presentó a la Comisionada del Gobierno central para el
Reto Demográfico, Isaura
Leal, una batería de medidas principalmente para la vivienda y el empleo,
como pilares fundamentales. En el cuadro contiguo se recogen las económicas
en esta materia, pero proponen muchas otras más.
LA REPERCUSIÓN ECONÓMICA
Estos son los datos, que se podrían extrapolar a otras provincias con áreas
escasamente pobladas como Huesca, y que se desprenden del informe "Una fiscalidad
diferencial para el progreso de los territorios despoblados", que se presentó
el lunes en Teruel, tras darlo a conocer en Madrid en la sede de la CEOE. La propuesta
no se queda en plantear que las bonificaciones pueden asentar población sino
que repercutirán en dinamizar la economía.
"La oportunidad de esta propuesta se justifica por la alarma social que causa
la despoblación", indican en el informe. De hecho, "la despoblación
diluye las economías de escala, reduce el tamaño y dificulta el acceso
al mercado; y estas desventajas inducen a la huida de la población, los recursos
productivos y las empresas, e impiden su atracción". A su juicio, "esto
es palpable y no necesita ser adicionalmente argumentado".
El doctor en Economía y coordinador del trabajo, José Antonio Herce, admitió
que "no es sencillo", pero que se debe concienciar al Estado porque
el ordenamiento jurídico actual dificulta esta discriminación positiva
que se "debería acompañar de leyes".
En concreto, la propuesta plantea una reducción del 50 % de "todas las
grandes figuras del ordenamiento tributario español", indica Herce,
desde el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto
sobre el Patrimonio (IP), Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Sociedades.
MEDIDAS PARALELAS
Según el informe, la traducción de estos resultados en actividad económica
no puede minimizarse. Por ello, apunta a que hay varios factores que soportan
la proyección de estos impactos, que solo mediante medidas paralelas de
estímulo empresarial y social pueden verse incluso aumentadas. Entre ellas,
habría algunas que se moverían casi espontáneamente y otras que habría
que activar, como el giro de las rentas generadas por el estímulo fiscal, las
aportaciones de trabajadores y empleadores a los derechos de jubilación o el
fortalecimiento de empresas.
Es más, ni siquiera para este informe se basan en las razones que se aducen
del sobrecoste que sufren los habitantes tanto por la escasez de servicios
(educación, sanidad o servicios sociales) como por el difícil acceso.
De hecho, indican que "puede que ni haya tan pocos servicios disponibles en
la ultraperiria demográfica ni que el acceso a los mismos sea más complejo
ni más caro, necesariamente, que en los ámbitos geográficos más
poblados, si supiéramos cómo arbitrar soluciones imaginativas sobre
los recursos ya disponibles para la movilidad". Insisten en que "con
innovación decidida en materia de movilidad colaborativa (más bancos de
horas o créditos de servicios) y concentración de centros de servicios
en cabeceras comarcales, la población de la ultraperiferia demográfica
estaría tan bien servida, si no mejor, que la del resto del territorio".
No obstante, en el informe admiten que faltarían por resolver los casos
de los servicios más especializados, pero cuyo uso también es menos
frecuente.
MEDIDAS FISCALES PROPUESTAS POR LA DPH PARA LA VIVIENDA
- Autonomía local para la discriminación impositiva entre quienes
tienen la vivienda como primera o como segunda residencia.
- Eliminar exenciones catastrales en segundas residencias.
- Ayudas a la rehabilitación, condicionadas a que se ofrezcan al mercado
del alquiler o la venta con precio estándar o precios de mercado. En todo caso,
se buscarán fórmulas para primar a los jóvenes y familias con hijos
en edad escolar.
- Simplificación de los trámites de los expedientes sobre actuaciones
en los inmuebles en estado de ruina en los pueblos afectados por la despoblación.
Se apoyará la autoconstrucción (rebajas en la licencia, apoyo técnico
para la elaboración de proyectos, adaptación de las licencias...)
- Eliminación de impuestos sobre transmisiones, herencias y/o compraventas
en un núcleo deshabitado siempre que los nuevos propietarios acrediten la residencia
cinco años.
- Alquiler de viviendas. Medidas legislativas con apoyo económico para
facilitar el alquiler de viviendas.
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