Todos se acogieron a su derecho a no declarar hasta que se levante el secreto de sumario
M. A. B. / M. M. 27/11/2019
HUESCA.- Todos los detenidos que pasaron este miércoles por el Juzgado
número 5 de Huesca quedaron puestos en libertad sin fianza y con cargos
en relación con la segunda
fase de la Operación Oikos, que investiga si el Huesca primó
al Reus para ganar al Real Valladolid y favorecer su acceso a la fase de Play
Off de ascenso a Primera División en 2017. El juez decidió mantener las
medidas cautelares acordadas para los detenidos en la primera fase de la operación,
obligación de presentarse en el juzgado y fianzas, pero no las contempló
para los arrestados en la segunda fase, Atienza, el contable, el constructor
y el representante de Rodrigo Fernández, a pesar de imputarles cargos por corrupción
entre terceros en el ámbito deportivo y blanqueo.
Según informaron a Efe fuentes judiciales, el propio instructor fue quien informó
previamente a estos investigados de que no iba a tomar ninguna medida cautelar
contra ellos a pesar de seguir estando a disposición del juzgado.
Los siete detenidos se acogieron a su derecho a no declarar hasta que no se levante
el secreto de sumario, circunstancia que puede producirse en el plazo de
diez o doce días.
A lo largo de la mañana pasaron el expresidente del Huesca, Agustín
Lasaosa, el ex jefe de los servicios médicos, Juan Carlos Galindo,
el director financiero, Carlos Laguna, el jugador Francisco Javier "Pichu"
Atienza Valverde, el constructor Jesús Sanagustín, el ex jugador
azulgrana Iñigo López y su representante, Rodrigo Fernández.
El resto de encausados son Jacobo Sanz, entrenador de porteros de Al Qadsia,
en Kuwait, y Aritz López Garai, también jugador del Reus catalán
esa campaña. Este último prestó declaración en Tenerife y fue
puesto también en libertad.
El
primero en pasar por la sede judicial fue el director financiero del Huesca, Carlos
Laguna. Su abogado, José María Oliván, señaló se
había acogido a su derecho a no declarar y que solicitará hacerlo
de forma voluntaria una vez se levante el secreto de sumario y se conozcan "los
hechos nuevos o las nuevas pruebas que existan para estas detenciones".
Oliván indicó que en su día ya se aportó toda la información
solicitada relativa a la facturación de las obras acometidas en El Alcoraz,
así como las auditorías exigidas por el Consejo Superior de Deportes y
La Liga, y que este miércoles mismo se entregó nueva documentación
(certificados de obra, proposiciones, correos), en la línea de "plena colaboración"
de la Sociedad Deportiva Huesca.
El siguiente en salir de la sede judicial, también en libertad con los mismos
cargos, fue Agustín Lasaosa. Su abogado, José María Fuster,
manifestó que también se había acogido a su derecho de no declarar
y que cuando se levante el secreto de sumario y se sepa "qué se le imputa
exactamente" se plantearán pedir una declaración voluntaria para
dar todo tipo de explicaciones.
Antes de acceder al juzgado,
Fuster manifestó que tanto él como su defendido estaban "muy extrañados"
por la detención del martes, "ya que el señor Lasaosa se venía
presentando siempre que se le ha requerido por el juzgado y tiene unas personaciones
cada quince días. Y en estas condiciones entendemos que, si hubiese sido llamado,
habría venido acompañado por mí. La detención nos resulta
muy extraña y sorprendente, no le encontramos lógica".
GALERÍA
DE IMÁGENES DE LA SEGUNDA FASE DE LA OPERACIÓN OIKOS
DE SEIS MESES A CUATRO AÑOS DE CÁRCEL
También a primera hora, Bernardo del Rosal, abogado de Juan Carlos Galindo,
explicó que, desde 2010, las primas a terceros por ganar están castigadas
en el Código Penal, a través del artículo 286 bis, con penas de 6
meses a cuatro años de cárcel. "Desde el año 2010 entra en el
ámbito de lo que es corrupción entre particulares en el ámbito deportivo.
Cualquier pago que se haga para modificar el resultado natural de una competición
deportiva pensando para ganar o para perder es delito. Otra cosa es que en el ámbito
del mundo del fútbol esto en otros tiempos hubiera sido lo habitual. Pero precisamente
en 2010 se aprobó esa legislación con el fin de terminar con ese tipo
de prácticas".
Del Rosal también se preguntó qué tiene que ver su defendido con
esta pieza de posible pagos de primas a terceros al tratarse del médico
del club. "Eso mismo me pregunto yo también porque él no tiene
capacidad ejecutiva. Él en lo único que manda es en si juega un futbolista
en función de su estado físico. Pero ni siquiera decide. Él le dice
a su entrenador si el jugador está o no para jugar. Pero él no tiene ninguna
capacidad ejecutiva ni puede tener ningún tipo de decisión, y si se
paga o deja de pagar. No sé, igual es que hay alguna conversación
que le implica o alguna grabación. De momento, no lo sabemos".
POSIBLE PRIMA AL REUS
Al parecer, la Policía está investigando, a través de unas hojas
manuscritas halladas en el
registro del despacho de Agustín Lasaosa el pasado mes de mayo, en
la que los agentes vieron que recogían una operativa de recaudación,
reparto, devolución y entrega de fondos "para el condicionamiento de
un resultado deportivo de la Segunda División".
Dicho encuentro era el que disputaron el Reus y el Valladolid para que una
victoria local le facilitara la clasificación para el playoff de ascenso a
Primera División en la temporada 2016-2017.
El equipo catalán ganó por 2-0 al Valladolid en la penúltima
jornada de liga regular y con ese resultado posibilitó que el Huesca dependiera
de sí mismo en el último encuentro para meterse en ese Play Off, a
la vez que dejó fuera al Valladolid.
Antes de esa jornada, el Huesca era séptimo y, por lo tanto, se encontraba
fuera del Play Off, y el Valladolid era sexto, y por tanto último equipo clasificado
para jugarlo.
La derrota del Valladolid en Reus por 2-0 dejó a los blanquivioletas fuera
de esas cuatro plazas de fase de ascenso y metió al Huesca.
En la última jornada, los azulgranas ya dependían de sí mismos para
lograr esa clasificación que rubricaron ganando en Valencia.
LA PIEZA NÚMERO 13
También permanece bajo secreto de sumario otra pieza referente a los teléfonos
móviles encriptados que utilizaban algunos de los detenidos, enviados primero
a Holanda y después a la empresa de Singapur que los vende para que facilitara
el desencriptado de los datos. Cada uno de esos aparatos está valorado
en casi trece mil euros y se considera complicado que la misma empresa que los
suministra vaya a facilitar los datos de estos aparatos por tener su negocio en
el secreto de las comunicaciones de los clientes.
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