ENRIC BARRULL CASALS 04/04/2020
La lucha contra la violencia sexual es un desafío. Por eso es deseable que
cuando un Gobierno se decide enfrentar un asunto como este lo haga contando con
los mejores juristas, psicólogos, asociaciones de víctimas de violencia
sexual y agentes sociales expertos en la materia.
En España, el actual Gobierno parece haber optado por la prisa. En manos de
la ministra Irene Montero, titular de Igualdad -asistente a la manifestación
del 8M y, por cierto, contaminada de coronavirus-, el proyecto de ley de garantía
integral de la libertad sexual ha sido más bien fruto de la improvisación
y, desgraciadamente, también de la incompetencia. Eso es lo que los expertos
alegan para explicar sus reservas y críticas a un proyecto de ley reactivo
y poco respetuoso con cuestiones básicas como la presunción de inocencia
que en un marco legal garantista debe suponerse de cualquiera hasta que no sea probado
lo contrario. Por lo cual requiere una revisión.
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