FÚTBOL - OPERACIÓN OIKOS
 

Las detenciones de la operación Oikos podrían haberse ejecutado sin mandato judicial

El rotativo El Mundo denuncia este extremo y afirma que el juez está molesto con la Policía



D. A.
23/07/2019


HUESCA.- Las detenciones de la "operación Oikos" podrían haberse ejecutado sin mandato judicial. Así lo recoge la edición ditital de El Mundo, que también señala que el juez que instruye la causa, Ángel de Pedro, ha mostrado su malestar con la UDEV por las tomas de declaración en comisaría.

El 28 de mayo, los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) procedieron a la detención de dos futbolistas en activo, Íñigo López (Deportivo) y Borja Fernández (Valladolid), dos ex jugadores, Carlos Aranda y Raúl Bravo, además del presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, y el médico del club, Juan Carlos Galindo, en el marco de la operación Oikos, que investiga una red de amaños de partidos relacionada con las apuestas. "Los policías actuaron por indicación de sus superiores, pero sin un mandato judicial expreso por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 5, de Huesca, Ángel de Pedro", señala el medio de comunicación.

Según esta misma versión, que cita fuentes próximas a la investigación, el juez era partidario de avanzar más en las indagaciones, mientras que la policía temía que pudiera producirse una destrucción de pruebas, al tiempo que el criterio de los fiscales era reticente a prolongar el periodo de escuchas telefónicas.

Además, agregan que juez y policía se cruzaron mensajes en los que discreparon sobre la idoneidad de los arrestos. Los interrogatorios en comisaría tampoco habrían sido del agrado del juez.

La investigación prosigue en busca de más pruebas patrimoniales, ya que el juez considera que las necesita, a fin de sostener todas las tesis de la investigación. "A ver si la policía me trae algo más", aseguran que ha llegado a comentar el instructor en presencia de las partes.

Sí se considera clave en el proceso, la conservación entre Raúl Bravo y Borja Fernández, en Valladolid, por lo que el juez habría ordenado que se proceda al volcado del material informático incautado y al acceso, si es posible, a los terminales encriptados incautados al primero.

 

 



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