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El grito de la montaña por un pacto de Estado

Organizaciones de municipios #ContraLaDespoblación urgen medidas específicas para atender las singularidades del medio rural

E.P.
06/01/2018

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El grito es unánime. Desesperado, en ocasiones. Los municipios de montaña han sido los primeros en pedir ayuda pero también en proponer soluciones #ContraLaDespoblación. Su eco, aún demasiado sordo, se extiende por toda España, por la labor de organizaciones que entienden que a pesar de la majestuosidad de las montañas sus problemas son invisibles. El presidente de la Asociación Española de Municipios de Montaña (esMontañas), Francesc Boya, apunta esta última idea que refleja una realidad para que le piden "un pacto de Estado" con un estatuto específico para atender las singularidades del territorio.

Con todo, el problema excede los valles recónditos. La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) en su informe "Población y despoblación en España 2016" revela que la mitad de los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción. En 14 provincias españolas, más del 80 % de todos sus municipios no pasan de 1.000 habitantes. Huesca es una de ellas con el 86,6 %.

En esta situación, la Femp considera que "la regresión demográfica se ha convertido en un problema de Estado", especialmente en el medio rural, y como tal ha de responderse, lo que conlleva la implicación de todas las administraciones públicas en todos sus frentes de acción. Por ello, ha creado una comisión y ha elaborado una lista de medidas para luchar contra la despoblación. También la Asociación esMontañas ha editado una "Guía para la gobernanza de las montañas", que puede servir de manual de buenas prácticas, con estrategias para asentar o atraer población y medidas para actuar en ámbitos como la innovación. Este documento se presentará previsiblemente este mes en el Senado.

"esMontañas" nace en octubre de 2013 para "dar voz y conectar a territorios que sufren despoblación". Hoy agrupa a más de 300 ayuntamientos y cinco diputaciones, entre las que se encuentra la de Huesca. Surge de exportar la experiencia de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa), comenta el secretario de "esMontañas", miembro de la Ejecutiva de Adelpa y alcalde de Bonansa, Marcel Iglesias. Esta última se creó en 1996 para defender intereses comunes, especialmente en política hidráulica. Hoy, reúne 108 municipios y las cuatro comarcas del Pirineo.

Con todo, se ha convertido en un referente en la defensa de la vida en el Pirineo, para conseguir su desarrollo desde el ámbito social, cultural, científico, económico, medioambiental... Además de reclamar el reparto y la reinversión de parte de los beneficios de las centrales hidroeléctricas en el territorio donde se generan, piden ayudas para el mantenimiento de la ganadería extensiva y la agricultura de montaña.

En la montaña cuesta más tener servicios sanitarios o educativos o arreglar una calle, por ejemplo. "Nadie se da cuenta de que es más difícil, especialmente en tiempos de crisis, estudiar una carrera o acceder a determinadas consultas médicas", apunta Boya. Por ello, piden un "estatuto específico" para municipios de menos de 5.000 habitantes y medidas fiscales que compensen la dificultad, destaca Iglesias. De hecho, ambos recuerdan que el artículo 130.2 de la Constitución dice que los poderes públicos atenderán el desarrollo de todos los sectores económicos con el fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles y "con el mismo fin se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña". "Tendría que existir un pacto de Estado para lograr la justicia territorial", indica Bayo.

Además, van a trabajar en recopilar lo que llaman "Smart mountain", expedientes ejemplarizantes de zonas de montaña que puedan replicarse. Como ejemplo, citó la Zona Zero de Aínsa, un centro de BTT que surgió a partir de la limpieza y señalización de los caminos que unían pueblos del Sobrarbe por parte de un grupo de empresarios aficionados al enduro.

Es el momento de pasar a la acción y de que las administraciones públicas ejecuten todas esas medidas, aseguran tanto Iglesias como Boya. Su grito se escuchará en el Senado.

 



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