Este lunes se reunirán en Zaragoza con Javier Lambán como anfitrión
ZARAGOZA.- Las seis Comunidades autónomas que cuentan con los principales
problemas demográficos de España mantendrán sus reivindicaciones
compartidas ante el Gobierno de España y la Unión Europea (UE), entre
las que se encuentra una financiación autonómica acorde al coste real
de los servicios públicos.
Para ello, este lunes se reunirán de nuevo, esta vez en Zaragoza, los
presidentes de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo; Asturias, Javier Fernández;
La Rioja, José Ignacio Ceniceros; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page;
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y Aragón, con Javier Lambán
como anfitrión, para dar un nuevo impulso al frente común que formaron
a principios de este año.
Estas seis Comunidades de la llamada 'España vacía' suman en total 4.463
municipios, lo que representa el 55 por ciento de todos los de España, y también
más de la mitad del territorio nacional, en concreto el 52,8 por ciento de
la superficie. Sin embargo solamente alcanzan el 21 por ciento de la población
nacional, según han indicado desde el Departamento de Presidencia del Ejecutivo
autonómico.
Estos problemas de dispersión y baja densidad de población, unidos a otras
cuestiones demográficas como el elevado envejecimiento de sus habitantes, acarrean
unos elevados sobrecostes para los servicios propios del llamado Estado del Bienestar
que prestan las Autonomías, especialmente la Sanidad, la Educación
y los Servicios Sociales.
Este problema del sobrecoste ya se puso de relieve en un encuentro mantenido en
febrero en León por un primer grupo de cuatro Comunidades al que se incorporarían
después Castilla-La Mancha y La Rioja. La reivindicación fundamental que
está previsto plantear este lunes es la aprobación urgente de un nuevo
sistema de financiación autonómica que se articule conforme al coste
efectivo de los servicios esenciales.
El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, que
en su momento ya subrayó esta demanda de la 'España vacía', ha apuntado
además que los territorios participantes en la cumbre de Zaragoza comparten
dificultades orográficas que condicionan y encarecen la prestación de
los servicios públicos esenciales, así como la dotación de infraestructuras
básicas de transportes y comunicaciones.
De esta forma, el encuentro tendrá dos objetivos "hablar de financiación
autonómica y hablar de despoblación", ha señalado Guillén,
quien ha aseverado que se pretende que haya "una declaración institucional
en la que se transmita al Gobierno de España que el nuevo sistema de financiación
autonómica tenga en cuenta el coste de los servicios". "También
es muy importante que se elabore la Estrategia de Lucha contra la Despoblación
y decirle a Europa que el Reto demográfico forme parte de los mecanismos
de financiación europea", ha apostillado.
UN MES DEL IVA
Guillén ha avanzado que otra de las líneas de la declaración institucional
que tienen previsto suscribir el lunes estos seis territorios será la asunción
total por parte del Gobierno central de la liquidación completa del IVA de
2017, "después de que el anterior Ejecutivo excluyera el mes de diciembre,
a pesar de haber recaudado la totalidad del ejercicio, a raíz de un cambio
del sistema de gestión del impuesto incorporando información inmediata
mediante medios electrónicos".
El consejero aragonés de Hacienda y Administración Pública, Fernando
Gimeno, ya mostró su preocupación desde que se comunicó en julio
la liquidación de sólo 11 mensualidades del IVA de 2017. El 50 por
ciento cedido a las Comunidades autónomas de la recaudación del IVA correspondiente
a diciembre supone una minoración de ingresos cercana a los 2.500 millones
de euros en total para las Autonomías de régimen común. En concreto,
Aragón podría perder entre 70 y 100 millones.
Ante la posibilidad de recurrir a endeudamiento para cubrir y evitar esta merma
de ingresos, la 'cumbre' de los seis presidentes autonómicos del lunes plantearía
que se asuma como deuda exclusivamente de la Administración del Estado y nunca
de las propias Comunidades, ya que entonces la ley de Estabilidad Presupuestaria
obligaría a todas a realizar otros ajustes en similar medida. ITI
Por otra parte, Guillén ha insistido en el propósito de los seis presidentes
autonómicos de recabar la inclusión del reto demográfico reconocido
por el Comité Europeo de las Regiones -la asamblea de representantes locales
y regionales de la Unión- en el nuevo marco financiero plurianual de los
28 para 2021-2027, que está previsto aprobar en 2019, potenciando la convergencia
y cohesión interna.
Uno de los instrumentos de la política de cohesión de la UE son las Inversiones
Territoriales Integradas (ITIs). Guillén ya trasladó en febrero las
propuestas de Aragón para mejorar las ITIs al Comité de las Regiones,
reclamando mejores condiciones de cofinanciación y atención a necesidades
específicas como la despoblación.
El Comité de las Regiones asumió entonces que las ITIs requieren una dotación
económica mayor y estable de los programas operativos. Ahora, el conjunto
de Comunidades de la 'España vacía' prevé hacer propia esta reivindicación.
En Teruel, el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)
de Aragón 2014-2020 reconoce para la provincia una ITI que supone la aportación
de 26 millones de euros desde Europa para proyectos generadores de empleo, pero
el Gobierno aragonés ha de sumar otro tanto al tratarse de fondos cofinanciados
al 50 por ciento por las Comunidades autónomas. "Un peso excesivo para
Aragón", ha sostenido Guillén.
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
A diferencia de anteriores cumbres, esta vez no está prevista otra declaración
conjunta de las Comunidades que, además de los problemas demográficos,
comparten la minería del carbón. No obstante, ha subrayado el consejero
de Presidencia, "Aragón insistirá en su defensa de una transición
energética verdaderamente justa".
Una transición que exige el aplazamiento del cierre de centrales térmicas
como la de Andorra (Teruel), así como la reserva de un porcentaje para el carbón
nacional en el mix energético, ha destacado Guillén: "Se ha de
mantener el carbón nacional por seguridad, para garantizar un suministro que
no se puede cubrir totalmente con energías renovables".
Además, con independencia de los últimos incrementos de los precios de
casación del gas y el carbón a los que ha habido que recurrir ahora, el
apagón térmico podría repercutir en el recibo de la luz de los ciudadanos.
La subida de la luz podría alcanzar el 20 por ciento, según apuntó
en julio la consejera autonómica de Economía, Marta Gastón, tras
un encuentro con representantes del Ayuntamiento de Andorra, el grupo empresarial
SAMCA y los sindicatos UGT y CCOO para abordar la situación del carbón.
IMPACTO SOCIAL
Todo ello además del impacto social y territorial que supondría el cierre
de la Térmica. El Comité de Empresa ha señalado en varias ocasiones
que en la Central de Andorra, entre la plantilla de Endesa y las contratas, hay
unos 400 empleos directos, cifra que supera los 4.000 al tener en cuenta las
empresas auxiliares y de servicios, lo que supone el 40 por ciento del PIB provincial.
"Si desaparece la Central, desaparece la mitad de la provincia de Teruel",
han advertido más de una vez.
En este sentido, los sindicatos han reclamado alternativas de reindustrialización
junto a la continuidad de la Térmica de Andorra durante 15 ó 20 años
más, frente a la amenaza actual de cierre en el 2020, lo cual ven "compatible
con las inversiones requeridas para descontaminación de las emisiones por la
lucha contra el cambio climático".
El Gobierno de Aragón, ha finalizado Vicente Guillén, volverá
a reclamar al Gobierno central alternativas económicas tangibles para las cuencas
mineras, con inversiones estatales que generen empleo y riqueza mediante un
plan de reindustrialización.
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