Solicita, además, tres años de prisión tanto para el presunto asesino como para su hermano y la madre de ambos por los supuestos malos tratos
HUESCA.- El ministerio fiscal solicitará prisión permanente
revisable por el asesinato
de Naiara, la niña de 8 años muerta en Sabiñánigo tras
ser sometida a maltrato físico y psíquico por parte de su tío político.
En su escrito provisional de acusación, al que ha tenido acceso Efe, la fiscalía
oscense solicita, además, penas de 3 años de prisión tanto para
el presunto asesino como para
su hermano y la madre de ambos por los supuestos malos tratos a los que sometieron
a la niña.
También reclama una orden de prohibición contra el principal procesado,
que se enfrentará junto a sus familiares al veredicto de un jurado popular,
para acercarse a menos de 500 metros durante 10 años a la madre y al padre
biológico de la menor, para los que solicita también indemnizaciones
de 100.000 y 70.000 euros, respectivamente.
En el escrito de la fiscalía, que coincide en su petición de prisión
permanente revisable con la defensa de los progenitores biológicos de la menor,
se afirma que el acusado actuó de forma "salvaje, despiadada e inmisericorde".
La menor, continúa el ministerio público, estuvo inconsciente durante
más de dos horas el 6 de julio de 2017, hasta que sufrió una parada
cardiorrespiratoria que obligó al procesado a llamar a los servicios de
urgencia.
Trasladada al hospital infantil de Zaragoza, la niña murió sobre las 19.45
horas de ese día a causa de las graves heridas que presentaba, reflejadas
en el informe de autopsia.
En relación al delito de maltrato habitual, el fiscal señala que la abuelastra
de la niña obligó a dos nietas de una hija suya que vivían con ella
de 12 y 14 años a establecer turnos de vigilancia la noche anterior para
controlar que Naiara estudiara una lección escolar y no se durmiera.
Ambas niñas, bajo la tutela actual de los servicios sociales del Gobierno aragonés
y contra las que la fiscalía de menores abrió un expediente, fueron
obligadas a participar en las torturas infligidas por el procesado a la menor.
Según el fiscal, en varias ocasiones, la menor de las sobrinas intentó
frenar la conducta "violenta y feroz" desplegada por el acusado y fue
la encargada de avisar a los servicios de urgencia.
Desde un primer momento, la instructora del caso y la
fiscalía rechazaron la imputación de la madre de la menor
tras constatar la inexistencia de pruebas que apuntaran a la posibilidad de que
conociera los hechos.
Sin embargo, el fiscal considera que la actual pareja de la madre aceptó
llevar a la niña unos días a casa de la abuelastra y de su hermano,
el presunto asesino, "con conocimiento y en connivencia con las violencias y
vejaciones que sobre la niña Naiara iban a ejercer tanto su hermano como su
madre".
Tras el escrito de la fiscalía, que solicita la práctica durante el juicio
de numerosas pruebas periciales y testificales, y pendiente de la calificación
de la defensa de los acusados, fuentes judiciales estiman que el juicio podría
celebrarse a principios del próximo año.
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