Denuncian que el proyecto se apoya en una declaración de impacto ambiental aprobada en 2010
ZARAGOZA.- Organizaciones ecologistas han considerado este martes "inadmisible"
la decisión adoptada por el Gobierno de Aragón de permitir el inicio de
las obras
de ampliación de la estación de esquí de Cerler, en el Pirineo
de Huesca, en un escenario de "emergencia climática".
En un comunicado conjunto, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Seo/Birdlife
y World Wide Foundation (WWF) lamentan la apuesta hecha en Aragón por incrementar
las infraestructuras de esquí, "abundando en un modelo urbanístico
y de turismo obsoleto que generará enormes pérdidas económicas a
la sociedad".
Los conservacionistas, para quien el inicio de estas obras "reactiva un proyecto
que nunca debió autorizarse", reclaman la paralización de los
trabajos de ampliación de la estación y el destino de los recursos previstos
en proyectos de desarrollo sostenible del territorio.
Denuncian que el proyecto, cuyas obras se iniciaron el pasado 12 de septiembre,
se apoya en una declaración de impacto ambiental aprobada en 2010 y,
subrayan, "prorrogada sucesivas veces a instancia del promotor, Aramón",
sociedad constituida por el Gobierno aragonés e Ibercaja.
Los ecologistas advierten, además, que el Ejecutivo regional valora declarar
las obras como Proyecto de Interés General para Aragón, que conllevaría
una "mayor flexibilidad y laxitud" a la hora de conseguir permisos y
licencias, así como de llevar a cabo expropiaciones.
A juicio de estas organizaciones, Aramón está incumpliendo, además,
uno de los condicionantes establecidos en la declaración de impacto, la redacción
de un estudio pormenorizado de los restos arqueológicos hallados en la zona
de las obras.
En este sentido, agregan que la ausencia de este estudio ha obligado al Gobierno
aragonés a paralizar temporalmente las obras que había autorizado con
anterioridad.
Consideran, además, que el hecho de que la consejera de Economía del Gobierno
aragonés, Marta Gastón, presida al mismo tiempo el consejo de administración
de Aramón da lugar a "situaciones sospechosas".
En relación a este punto, añaden estas organizaciones, que forman parte
de la Plataforma en Defensa de las Montañas (PDMA), que las solicitudes de
información hechas a distintos departamentos del Gobierno aragonés se
han traducido tan solo en una "respuesta incompleta".
En dicha respuesta, el Ejecutivo aragonés asegura haber llevado a cabo los
estudios e informes exigidos en la declaración de impacto ambiental, pero
no los aporta para su revisión.
Por esta razón, las organizaciones denunciantes aseguran tener "razones
para dudar de su calidad y ajuste a la nueva normativa ambiental".
En este sentido, advierten que en la zona de las obras se han avistado ejemplares
de oso pardo y lobo, especies en peligro de extinción cuya presencia no
se contemplan en la declaración de impacto ambiental elaborada inicialmente.
Para estas organizaciones, el anuncio hecho en relación a las obras iniciadas
es un intento de "convencer a los desorientados socios del Gobierno aragonés
de que es un proyecto nuevo, en cuyo caso -destacan- carecería de declaración
de impacto y los promotores tendrían que empezar de nuevo".
Señalan que la ampliación de las pistas de esquí de Cerler por Castanesa
es un proyecto que se gestó en los años previos a la burbuja inmobiliaria
y que pretendía construir unas 4.500 segundas residencias, casi todas en el
mismo valle del municipio de Montanuy.
La anulación del PGOU de Montanuy por parte del Tribunal Supremo y el pinchazo
de la burbuja inmobiliaria llevó a las asociaciones ecologistas a valorar la
posibilidad de que el proyecto hubiera sido abandonado de forma definitiva.
El anuncio hecho el pasado mes de marzo por la consejera Gastón de inicio de
las obras con un presupuesto de 40 millones de euros motivó la reactivación
de la oposición ecologista al proyecto.
Los conservacionistas han pedido información al Ayuntamiento de Montanuy hace
más de cuatro meses, sin que se les haya facilitado, incumpliéndose
así la ley de transparencia.
Tampoco se ha especificado de donde van a salir los 40 millones de euros
en que se estima el coste del 'nuevo' proyecto.
Tras alertar de que el mercado inmobiliario continúa en crisis y de que el
cambio climático es "cada día más evidente", recuerdan
que la inversión hecha cuatro años atrás por Aramón a través
de la sociedad Castanesa Nieve para la adquisición de praderas que el consistorio
convirtió en terreno urbanizable no han impedido el proceso de despoblación
de la zona.
Señalan que si Aramón hubiera dejado caducar la declaración de impacto
prorrogada, Castanesa Nieve tendría que haber quebrado y Aramón haberse
apuntado 35 millones en su balance de pérdidas.
Para estas organizaciones ecologistas, "el Gobierno de Aragón es cómplice
de un proyecto absurdo desde todos los puntos de vista, económico, ambiental
y social. El uso de dinero público para defender oscuros intereses privados
no es legítimo y puede constituir un delito de malversación".
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