Un estudio advierte de que "los flujos de entrada al empleo" se han congelado, impidiendo 1,7 millones de ofertas laborales
MADRID.- La crisis originada por el coronavirus podría impedir casi
1,7 millones de ofertas laborales y posponer cerca de 1,3 millones de despidos,
con la posibilidad de que éstos se produjeran "de golpe" una vez superada
la emergencia sanitaria, según un trabajo de la Fundación de Estudios
de Economía Aplicada (Fedea).
El estudio, realizado por los profesores Florentino Felgueroso, José Ignacio
García Pérez y Sergi Jiménez, estima los efectos de la pandemia de
la covid-19 sobre el empleo y los flujos de entrada y salida en el mismo.
Sirviéndose de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la
Muestra Continua de Vidas Laborales, los autores calculan que, en un primer momento,
con la declaración del estado de alarma, se vieron afectados cerca de 3,3
millones de trabajadores procedentes en su mayoría del comercio minorista,
la hostelería y muchos servicios presenciales.
Posteriormente, al extenderse el confinamiento a muchos otros sectores considerados
no esenciales, el número total de empleos afectados por la crisis de la
covid-19 ha aumentado hasta los 9,2 millones, si bien a esta cantidad habría
que restarle los trabajadores que están prestando sus servicios a distancia
o teletrabajando, cuyo número se desconoce.
Además de estos efectos directos sobre la ocupación, Fedea advierte de
que la crisis sanitaria afectará también a los flujos de entrada y
salida en el empleo, "tendiendo a congelarlos en los sectores afectados
por el parón", ya que no podrán contratar trabajadores justo en un
periodo de tiempo donde el empleo aumenta con "especial intensidad".
Por otro lado, Fedea señala que las medidas
de urgencia establecidas por el Gobierno "tienden a congelar también
los flujos de salida del empleo, dificultando los despidos y obligando a la renovación
de los contratos temporales", de forma que la crisis podría impedir
la salida al mercado laboral de casi 1,7 millones de ofertas y retrasar en el
tiempo unos 1,3 millones de ceses.
De esta forma, los autores avisan de que la crisis "tendrá previsiblemente
efectos adversos importantes", aunque en buena medida "indirectos",
sobre tres colectivos que podrían no estar bien cubiertos por las medidas adoptadas
por el Gobierno: parados de larga duración sin prestaciones; las personas
que entran al mercado laboral -que se encontrarán "con un mercado de trabajo
muy debilitado o simplemente no lograrán ingresar"-, y los trabajadores
de mayor edad, que podrían quedar excluidos del mundo del trabajo de forma
permanente.
En este sentido, en el estudio se pide proteger a estos colectivos y para
ello entienden que podría ser necesario establecer de manera temporal "una
renta mínima de amplia cobertura y duración", así como reforzar
las políticas activas de empleo.
Asimismo, reclama la necesidad de mejorar las estadísticas de empleo
para hacer posible el seguimiento de la crisis y la efectividad de las medidas tomadas
para paliarla.
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