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Sociedad

PANDEMIA DE CORONAVIRUS

"Educación Inclusiva Sí, Especial También" pide unidad política por la discapacidad


José María Escudero, presidente de la Plataforma, se dirige a los partidos para defender una educación especial "de cinco estrellas"

Javier GARCÍA ANTÓN
01/05/2020

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HUESCA.- "Hemos pedido la unidad de todos los partidos políticos para que lleguen a un acuerdo sobre la educación de personas con discapacidad y no sólo pedimos la eliminación de la Disposición Adicional 4ª que pone en peligro a los centros de educación especial, sino que se haga un estudio económico de la ley para ver cuánto cuesta la dotación de recursos para la educación ordinaria y que permita a las comunidades autónomas ponerla en marcha, porque la sensación que nos da es que se va a quedar solo en buenas palabras, que el gobierno va a decir que hay que poner más medios a la ordinaria y no van a dar dinero a las comunidades y no van a poder hacer nada".

José María Escudero, presidente de la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, defiende que el actual modelo de centros de educación especial es "sobresaliente" y líder en el mundo. De él dependen 37.000 alumnos y por él, y sus 160 entidades, firmaron el apoyo 300.000 personas. El movimiento nacido en Madrid es nacional y está alerta ante la Ley de Educación en ciernes.

¿En qué estadio se encuentra su inquietud por los centros y su interlocución con el gobierno?

No es algo que digamos ahora, lo llevamos denunciando más de un año, cuando salió el proyecto de ley. La Disposición Adicional 4ª da vía libre a que las autonomías puedan ir transformando los centros de educación especial que ahora conocemos en centros de recursos sin apenas alumnos. Durante este tiempo, el gobierno nos pedía tranquilidad, que cuando saliera el proceso de enmiendas haría una modificación del texto, pero ha llegado el momento y en época de confinamiento no nos han hecho caso hasta el momento. Estamos a la espera porque el 6 de mayo acaba el proceso de enmiendas pero no nos han comunicado nada.

¿Qué expectativas tienen ante esta fase de enmiendas?

Ayer mismo mandamos un escrito a todos los partidos políticos que están en la Comisión de Comunicación para pedirles que defendieran una ley que dejara tranquilas a todas las familias con hijos con discapacidad intelectual. Por una parte, pedimos la eliminación de esa Disposición 4ª y por otro que se garantice la dotación de recursos para los centros ordinarios . Aunque la ley habla de que se le van a dar medios, si no hay un estudio económico, no hay un plan de viabilidad y se tiene en cuenta los PGE para llevar ese dinero a las autonomías para dotar de más recursos, no va a servir para nada.

Ustedes consideran que es inviable ese modelo, amparados en la opinión de profesionales y expertos.

Eso se ha visto en otros países más avanzados en este aspecto que hicieron una inclusión total del alumnado con discapacidad intelectual, se ha visto que era un fracaso y han tenido dar una vuelta atrás. Eso ha ocurrido en Inglaterra, donde han comprobado que era inviable, era negativo para algunos alumnos.

Esto es, más que inclusión, ¿produce exclusión a los efectos prácticos?

El problema es que en la mayoría de los casos sólo se tienen en cuenta los medios económicos y se plantea que, si hubiera mucho más dinero –que no lo hay- y se pudiera dotar a los centros ordinarios de todos los medios posibles, la inclusión total podría ser real. Y eso no es así. No sólo es importante el tema económico y los profesionales formados, sino que el entorno es fundamental a nivel de sensibilidad, de estímulos físicos, sensoriales y afectivos. Siempre comento el caso de mi hijo que tiene sensibilidad al ruido. Él no podría estar en un colegio de 300 alumnos con el ruido del comedor, recreo, pasillos. Para él sería un trauma constante. Tiene que estar en un colegio con 30 alumnos, sin ruidos, con entornos más controlados. Y en otros casos como el síndrome de Down, que son muy afectivos, lo fundamental es tener amigos, niños y niñas con los mismos intereses y con la misma velocidad de aprendizaje. Y eso en un colegio ordinario no es posible muchas veces.

Ustedes consideran que la merma sería sibilina de los centros de educación especial por el ahogamiento económico.

Llevamos diciendo más de un año que es una Disposición muy ambigua que queda a una interpretación libre que puede provocar que los centros de educación especial puedan ir convirtiéndose en centros de recursos de apoyo a colegios ordinarios y que tengan que dejar de tener alumnos. Es verdad que no se van a cerrar, pero no seguirían siendo los centros de educación especial en el concepto actual. Nuestro miedo es que solo queden los casos más complejos, problemas de autismo con graves trastornos de conducta; niños encamados o con un respirador o con alimentación nasogástrica, y en el resto de los alumnos no se haría nada: a colegios ordinarios. Nosotros pedimos que primero se pongan todos los apoyos posibles necesarios a colegios ordinarios. Y los centros de educación especial están funcionando muy bien y no es necesario tocarlos.

¿Las consecuencias sobre la educación en estos casos podrían ser muy graves?

El que un niño con discapacidad intelectual esté en un entorno no adecuado no significa sólo que no vaya a aprender o que no tenga amigos, sino que esté en riesgo su salud. Un alumno que está en una situación de continuo estrés y en un entorno no favorable puede padecer una crisis epiléptica que, si no está el profesional adecuado y no sabe tratarlo, puede morir. Una niña con parálisis cerebral se puede ahogar en un comedor si no tiene al lado a la logopeda que le enseñe y le ayude a tragar. Un niño con autismo puede tener una crisis de ansiedad y darse cabezazos contra la pared hasta que se fractura el cráneo si no tiene a la persona adecuada. Son casos gravísimos y no se puede frivolizar como se está haciendo.

¿Aprecian un componente ideológico en la Disposición?

Claro, hay una intención de crear un sistema único, que no haya diferentes modalidades, que todo el alumnado tenga el mismo sistema educativo y que sean los alumnos con discapacidad los que se tengan que adaptar al resto, y eso vemos que es inviable. Creemos que no hay que dar a todos los alumnos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita. Y con un sistema único es inviable, porque en discapacidad intelectual hay tal variabilidad de componentes, de trastornos, de limitaciones de capacidades, que lo que necesitan es que haya los mayores modelos educativos posibles. En España, ha habido la suerte de que hasta ahora hemos tenido una educación especial de cinco estrellas, brillante, que somos referente posiblemente a nivel mundial, que vienen de muchos países a ver lo que hacemos aquí, y parece que queremos cargárnoslo. Es lo que no entendemos. Los modelos están en torno a la mitad de concertados y los públicos. Pero tanto unos como otros ofrecen un servicio magnífico.

¿Está comprobado que los centros especiales potencian las capacidades y elevan los rendimientos?

Es así, y las sinergias entre distintos profesionales es fundamental. Son trastornos muy complejos y la coordinación diaria entre el logopeda, el fisioterapeuta, el neurólogo, el profesor de aula… es fundamental.

La cuestión es que es imprescindible una aplicación específica y diferencial como la que ofrecen los centros de educación especial.

Una de las cuestiones que nos alarmó mucho cuando hablamos con la ministra Celaá es cuando nos decía que el objetivo del Gobierno era reducir el porcentaje de alumnos que estaban escolarizados en centros especiales. Nosotros le decíamos que no considerábamos que ese no debía ser el objetivo de una ley de educación, el de reducir el porcentaje, sino dotar los medios para que la educación funcione de la manera más óptima posible, tanto la de centros ordinarios como especiales. Que, en función de las necesidades, un niño tendrá que tener el servicio en una modalidad u otra. Que nuestros hijos no son un porcentaje, no son un número que quede bonito en una estadística que muestre que ha reducido el porcentaje de educación especial, porque eso no demuestra que vayan a estar mejor. No se tiene en cuenta que el tipo de discapacidad intelectual va cambiando. En estos años hay muchos más casos de autismo, ahora prácticamente no nacen niños con síndrome de Down. No se puede hacer una comparativa sobre inclusión, sino si los niños tienen un buen desarrollo académico, un bienestar emocional,… Es lo que tiene que priorizar. Cuando se habla de la segregación, de la necesidad de que la mayor parte esté en colegios ordinarios, es que ya lo está. La discapacidad física al 100 % ya está en ellos, y de la intelectual, que es la más compleja, el 87 % está en colegios ordinarios y sólo el 15 % está en colegios de educación especial.

La satisfacción de las familias con el modelo actual es elevado.

El año pasado se hizo una encuesta en la Comunidad de Madrid y el 92-93 % de las familias se mostraban muy satisfechas. Calificaban de sobresaliente la educación que recibían sus hijos. ¿Cómo se pueden plantear modificar una educación que es sobresaliente? Mejoren la ordinaria, que es la que está pidiendo a gritos durante años más medios, y nosotros lo decimos desde la plataforma, y ya está. Con eso sería una gran labor.

Son conscientes con la aritmética parlamentaria de la dificultad del cometido de la Plataforma. ¿Están pensando en la derivada autonómica?

Estamos en contacto con las diferentes comunidades autónomas y cada una tiene una situación totalmente distinta. Con la misma ley, cada una decidía fomentar un tipo de educación u otra, ya que las competencias están transferidas. Cuanto más abierta esté la ley y más ambigua, más miedo nos da que hagan determinado tipo de cosas.

¿Piensa que hay que repensar la educación habida cuenta la actual situación?

Una de las cosas que considerábamos es que la Ley de Educación no afecta sólo a la discapacidad intelectual, sino que es para toda la población. Con lo que estamos viviendo con el covid, es un momento muy bueno para plantearse muchas cosas. No sabemos cómo va a evolucionar el virus, cómo va a cambiar la vida de la sociedad en los próximos años, posiblemente se modifiquen muchas de nuestras pautas. Es un buenísimo momento para dar una vuelta al sistema, llegar a un consenso político sobre la educación, enriquecer el sistema educativo, pero lo que quiere el gobierno es sacarla lo antes posible. No quería modificar el texto para acceder a los trámites, ahora utiliza esta fase de confinamiento donde la gente no se puede manifestar para seguir tramitando la ley, parece ser que no quiere que haya comparecencias durante el proceso de la ley para agilizar los trámites. No es positivo querer sacar lo antes posible una ley de educación tan importante, una de las más importantes para la sociedad, que en los últimos años ha generado controversia.

 



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