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España

PANDEMIA DE CORONAVIRUS

Celaá admite que no es segura la vuelta al cole en septiembre


La ministra de Educación recordó que Sanidad marca las pautas y afirmó que los profesionales educativos y la junta de evaluación decidirán los aprobados

EFE
22/05/2020

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MADRID.- La ministra de Educación, Isabel Celaá, admitió este jueves que, de momento, para septiembre no se puede decir "nada con seguridad" sobre la vuelta a los centros educativos al desconocerse la evolución de la pandemia, pero que se deberá procurar el mayor número de alumnos en las clases presenciales.

Lo dijo durante su comparecencia en el Congreso para informar sobre la actuación de su Departamento durante la crisis del coronavirus, en una Comisión de Educación donde se vivieron varios momentos de tensión dialéctica, principalmente entre los portavoces de PP, Unidas Podemos y PSOE.

Celaá recordó que se ha formado un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial con las comunidades para que antes de las vacaciones haya un plan para la vuelta a clase el próximo curso, pero reconoció que se debe comprobar cómo evoluciona el virus este verano y tener en cuenta todas las variables.

Reconoció que es Sanidad quien dicta las pautas sanitarias y no ellos, por lo que también será el departamento de Salvador Illa el que decida si se deben hacer test a los docentes y alumnos antes de poder regresar a clase.

Además, especificó que se pretende que, si los grupos por clase son de más de 15 alumnos, se fraccionen para responder a las condiciones marcadas de distancia social de 2 metros.

Para ello, instó a que se aprovechen "todos los espacios físicos de los centros", como bibliotecas, gimnasios o salones de actos.

 

NO HABRÁ APROBADO GENERAL

 

Otro tema abordado fue el de si va a haber aprobado general este curso. La ministra negó que haya "barra libre": serán los profesionales educativos, y la junta de evaluación, los que decidan si un alumno con algún suspenso puede pasar de curso y, en su caso, logra la titulación en una etapa educativa.

"No se puede hacer otra cosa", enfatizó la ministra, que recalcó que en otros países por la covid-19 sí se ha establecido el aprobado general.

Por otro lado, defendió que se debe garantizar una educación en valores cívicos, pues "la responsabilidad cívica demostrada por la ciudadanía española, entre la que están los estudiantes, ha sido la clave en la respuesta a la pandemia".

A la vez, urgió a abordar diversas reformas, entre ellas, intensificar la apuesta por la digitalización para garantizar la formación en las competencias que los estudiantes necesitan desarrollar, reformar el currículo y modernizar la profesión docente.

Y no renunció a que siga su curso parlamentario -está en fase de presentación de enmiendas parciales- la Lomloe, a pesar de las críticas de Ciudadanos, cuya portavoz, Marta Martín, le dijo que "no es el momento".

Los grupos nacionalistas (ERC, Bildu o PNV) acusaron al Gobierno de utilizar el estado de alarma para invadir competencias, y Celaá recordó que las comunidades "son autónomas, pero no independientes". "El ministerio sigue el modelo vigente, que no es otro que el constitucional, sin ninguna nostalgia de estados unitarios de muy triste recuerdo en este país", aseguró.

La diputada de EH Bildu Isabel Pozueta acusó de imponer un "155 educativo encubierto", pues "las decisiones estructurales las ha tomado un mando único" y las comunidades "son unas meras gestoras de lo que en Madrid se decide".

El representante del PP, Óscar Clavell, manifestó que Celaá "ha renunciado a liderar cualquier iniciativa" y criticó que no se haya "consensuado nada con la comunidad educativa para la desescalada".

A juicio de Clavell, "no existe ningún protocolo firme ni criterios homogéneos" sobre el fin del curso actual y el inicio del próximo en septiembre y reprochó a Celaá que haya anunciado el aumento de cuantía destinada a becas sin los presupuestos aprobados.

Marta Martín (Ciudadanos) criticó muchas de las medidas adoptadas sobre el fin de curso escolar, con especial mención a que se priorice la promoción sin tener en cuenta las materias no aprobadas. "Están retorciendo la normativa y van a meter en problemas jurídicos a centros, alumnos y familias", advirtió.

Joaquín Robles (Vox) lamentó que Celaá mire "para otro lado" mientras cada comunidad "va por su cuenta", y ha acusado al Ejecutivo de concebir la "educación como un medio para adoctrinar".



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