El ministerio público se pronuncia para evitar mayores retrasos y en atención a los casi tres años de situación de prisión provisional en la que se encuentra el principal acusado
SABIÑÁNIGO.- La fiscalía ha expresado su oposición
a la suspensión del juicio por el asesinato de Naiara, la niña
de 8 años muerta en Sabiñánigo el 6 de julio de 2017 tras
recibir una brutal paliza de su tío político, Iván P.P., tras
alegar que en la fecha prevista para el inicio de la vista,
el próximo día 29, habrá finalizado, previsiblemente, el estado de
alarma.
En un informe, al que ha tenido acceso Efe, el ministerio público recuerda
que la Audiencia de Huesca denegó un escrito conjunto de las dos acusaciones
particulares y de las dos defensas para instar la suspensión de la vista
ante las dificultades que supondría el cumplimiento de las medidas sanitarias
en sesiones que podrían reunir hasta una treintena de personas.
Destaca la fiscalía que a pesar de que inicialmente rechazó adherirse
u oponerse a la petición de los letrados, el tribunal oscense decidió
finalmente su posición al asegurar que disponía de los medios necesarios
para la celebración de la vista en "óptimas condiciones de seguridad
e higiene".
A la vista de esta decisión, el ministerio público se opone a nuevo
escrito de alegaciones presentado por el representante legal del padre biológico
de la niña, el letrado Marcos García Montes, para instar de nuevo la
suspensión de la vista debido a su "delicado" estado de salud,
petición a la que se adhirieron días atrás el resto de letrados.
Sin embargo, el ministerio fiscal se pronuncia en su escrito a favor de la celebración
con "la mayor celeridad y tramitación preferente" del juicio para
evitar mayores dilaciones y en atención a los casi tres años de situación
de prisión provisional en la que se encuentra el principal acusado.
Añade que la previsible finalización del estado de alarma conducirá
a una etapa de "nueva normalidad" que favorecerá un período de
"cierta estabilidad sanitaria".
"No hay que olvidar -advierte la fiscalía- la amenaza de nuevos brotes,
de los que ya alertan distintos especialistas epidemiológicos, lo que supondría
riesgo de suspensión en caso de posterior o de ulterior señalamiento".
Aunque el comienzo del juicio estaba señalado inicialmente para el pasado 25
de mayo, el tribunal oscense acordó, a la vista de la declaración del
estado de alarma, fijar una nueva fecha a partir del 29 de junio.
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