Exige que las pruebas se llevan a cabo desde Salud Pública en todas las regiones para responder a rebrotes
MADRID.- El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAP)
reclamó este miércoles que el Sistema de Salud Pública "garantice
en todas las regiones la realización de PCR, coordinación real y efectiva
entre los servicios sociales y sanidad y medios humanos y materiales" para
responder a los brotes de covid-19 que puedan producirse en las residencias de mayores.
En declaraciones a Europa Press sobre esta materia, la presidenta de CEAP, Cinta
Pascual, rechazó que deban ser las residencias de ancianos las que tengan
que pagar los PCR de los trabajadores de los centros. "Creo que nadie ha
entendido nada. El 70 % de las personas que cuidamos son plazas públicas",
argumentó, para después cuestionar: "¿Cómo se puede estar
planteando esto?".
En este sentido, la patronal indicó que las residencias sí están
dentro del Sistema de Salud en la realización de PCR en comunidades como Cataluña,
Extremadura o Navarra, y en Andalucía, en fase de aprobación. Sin embargo,
critica que en otras, como Asturias o la Comunidad de Madrid, "los trabajadores
no tienen derecho a test". "En otras regiones como en Castilla La Mancha
y Aragón aún están en estudio", afirmó la organización
empresarial, que añade que existen otros casos, como Castilla y León y
la Comunidad Valenciana, "que dependiendo de la zona de Salud donde se
encuentre el centro se aplican unos criterios u otros".
La presidenta de CEAP defendió la necesidad de "ofrecer a los profesionales
garantías y criterios únicos" debido a que forman parte de un sector
muy vulnerable y expuesto a la covid-19 y a la evolución de la pandemia
de coronavirus. "No podemos trabajar con miedo, y menos tras la experiencia
sufrida", explicó Cinta Pascual.
Asimismo, solicitó que la realización de PCR se haga extensible a todas
las personas mayores que acuden o reciben Servicios Sociales profesionales en centros
de día, usuarios del servicio de ayuda a domicilio y/o de teleasistencia.
Finalmente, la presidenta denunció en nombre de los trabajadores de estos centros
las diferencias territoriales que existen "en un sistema de Dependencia
que no cuenta con una financiación finalista y clara y que otorga diferentes
derechos dependiendo de dónde se resida".
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