"El pasado 27 de junio, a la misma hora, en todos los pueblos y ciudades de
Aragón plantaron sus alcaldes una carrasca, en memoria de las personas fallecidas
como consecuencia de la COVID19.
Expresamos entonces nuestra solidaridad con los familiares y con los amigos
de los fallecidos.
Y manifestamos nuestra gratitud a todos aquellos que habían combatido la
pandemia en primera línea, al personal de los hospitales y de los centros
de salud; a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a las fuerzas armadas,
a los trabajadores de las residencias y a toda la cadena alimentaria, a todos los
llamados "servicios esenciales".
En el día de hoy, reiteramos ese homenaje, desde la primera de las víctimas,
el vecino de Sierra de Luna Guillermo Aranda, hasta la última, a los 1.640
aragoneses fallecidos, pasando por personas ilustres como el presidente Santiago
Lanzuela o el cantautor Joaquín Carbonell, a los que tendremos siempre en el
corazón.
Pero ya advertimos en aquel momento que la crisis sanitaria no había quedado
atrás; que se habían frenado los contagios porque se nos había
obligado por ley a encerrarnos en casa pero que, a partir de entonces, con la libertad
de movimientos recuperada, todo iba a depender mucho de nuestro sentido de la
responsabilidad individual.
Ya teníamos motivos para la preocupación. Pocos días antes, ante
el aumento de contagios, habíamos tenido que ordenar el retroceso a la Fase
2 en tres comarcas y pocos días después tuvimos que hacerlo en la ciudad
de Zaragoza.
Así pues, pasamos de la nueva normalidad a la Fase 2 sin solución de continuidad,
como preludio de un verano terrible en el que Aragón fue centro de atención
nacional por el número de contagios.
Hay ya muchas interpretaciones y señalamientos de culpas -ninguno de ellos
concluyente- para explicar el rebrote que ahora mismo está ya extendido por
todo el continente. Francia y Alemania confinaron ayer sus territorios, con cierres
totales de bares y restaurantes. En España, la situación es grave en
casi todas las comunidades autónomas y lo es particularmente en algunas como
la nuestra.
Pero nosotros lo sufrimos antes y, por ello, fuimos los primeros en llegar
rápidamente a tres conclusiones:
-La primera, que, contra lo que habíamos llegado a pensar, el virus no iba
a darnos tregua en mucho tiempo, de manera que había que convivir con él
alterando en la menor medida posible la normalidad económica y social.
-La segunda, que la responsabilidad ciudadana iba a ser la pauta general,
pero que las excepciones, es decir, las conductas personales irresponsables, iban
a ser mucho más frecuentes, numerosas y peligrosas de lo deseable.
-Y la tercera, que la inexistencia de una legislación nacional actualizada
que nos proporcionara los instrumentos adecuados iba a generarnos muchos problemas
a los gobiernos autonómicos a la hora de tomar medidas e iba a dificultar
sobremanera la buena gobernanza nacional de la crisis.
Afrontamos, por tanto, este debate sobre política general en un escenario inimaginable
y totalmente desconocido. Por si alguien tenía dudas de lo que es vivir en
la que Ulrich Beck definió como la "Sociedad del Riesgo Global", la
pandemia de COVID-19 ha venido a identificar con una implacable brutalidad en
qué consiste ese "riesgo".
Las amenazas a que nos enfrentamos son enormes y debemos estar preparados para
hacerles frente con todos los instrumentos y medios de los que disponemos.
Tratándose de una crisis global, sería ingenuo o pretencioso creer que
la economía, por ejemplo, se puede abordar desde una perspectiva territorial
tan reducida como la de una comunidad autónoma. La política monetaria
del Banco Central Europeo, el Plan Europeo de Recuperación o las medidas de
apoyo del Gobierno de España van a ser las realmente determinantes.
Pero cada territorio tiene sus características, sus fortalezas y debilidades,
y es justamente ahí donde encuentran su razón de ser los gobiernos autonómicos,
en adaptar las respuestas a esas peculiaridades.
En circunstancias normales, procedería yo ahora a una rendición de
cuentas del año transcurrido, sobre la referencia del pacto de investidura
y del presupuesto.
Pero esas referencias han saltado por los aires. La situación actual
de Aragón -y, por ende, de toda España y gran parte del mundo- está
determinada por la pandemia y sus repercusiones en todos los órdenes. El propio
aspecto de este Salón de Plenos es bien expresivo del estado de alarma en el
que volvemos a estar cuatro meses después.
Hablamos de la crisis sanitaria, a la que hemos podido hacer frente gracias al
magnífico sistema sanitario que tenemos y a los competentísimos
y serviciales profesionales del mismo, a los que nunca pediremos disculpas suficientes
por la falta de material de protección con la que tuvieron que trabajar las
primeras semanas; un sistema sanitario al que la prioridad de la pandemia ha sometido
a tensiones añadidas traducidas en una atención primaria saturada,
listas de espera de récord o demoras en tratamientos y programas de prevención,
además de poner de manifiesto una evidente escasez de médicos y enfermeros.
Hablamos de crisis de las residencias, frente a un virus que se ceba con
las personas mayores y cuyo aislamiento para evitar contagios se ha revelado muy
difícil en momentos de trasmisión comunitaria, a pesar de que las empresas
y los profesionales de las mismas han intentado cumplir bien con su obligación.
De alteraciones de servicios básicos como la educación, con cierre
total de aulas en marzo y con la perspectiva de un curso escolar 2020-2021 incierto,
en el que, aunque afortunadamente el funcionamiento está siendo mucho mejor
de lo previsto, la pretensión de normalidad compartida por toda la comunidad
educativa se enfrentará todo el tiempo a la eventualidad frecuente de contagios
y cierres de aulas, con la dificultad añadida de la conciliación de la
vida laboral y familiar de los padres.
Hablamos de caída de la producción y del empleo, con impactos que
dependerán de factores como los propios del sector económico de que se
trate, el tipo de contrato, la edad, el nivel educativo o la experiencia laboral.
Así, los más perjudicados están resultando sin duda las pymes y los autónomos
de los servicios cuya prestación requiere contacto personal y social y especialmente
los trabajadores con contratos temporales, los jóvenes y las personas con menor
nivel de cualificación educativa, como ya ocurrió en la crisis anterior.
La paralización del consumo de las familias, en un panorama que se complicara
con el final de los ERTEs, nos sitúa ante unos meses próximos muy
difíciles, con la consiguiente amenaza de recrudecimiento de las desigualdades
ya existentes y de aparición de otras nuevas, como, por ejemplo, las que podría
traer la alteración de la normalidad educativa.
Hablamos, en fin, de repercusiones políticas muy preocupantes. Las brechas
sociales, si no se cierran pronto y bien, pueden ser demoledoras para la salud
de la democracia. En otro orden de cosas, Hanna Arendt ya señalaba que
el aislamiento, la falta de relación social y la experiencia de "no pertenencia"
al mundo son caldo de cultivo propicio para el populismo, la xenofobia y el totalitarismo. Por
su parte, Yuval Noah Harari advierte que "legitimar la tecnología de vigilancia
masiva puede ser origen del peor sistema totalitario que haya existido jamás"
Si a esto añadimos que, en nuestro país, la gestión de la pandemia
ha dado alas a los enemigos del estado autonómico, tanto en la versión
recentralizadora como en la separatista, así como a los que impugnan el orden
constitucional de una u otra forma, los motivos de inquietud por las consecuencias
de la pandemia son muchos y enormes.
Por tanto, siendo consciente, como ya he dicho, de que el combate contra la COVID
trasciende con mucho la capacidad del Gobierno de Aragón, soy consciente también
de nuestra responsabilidad y de la evidencia de que ninguna de las amenazas que
acabo de enunciar pueden resultarnos ajenas.
Y sé perfectamente que el ámbito de nuestra acción institucional,
aun siendo competencialmente limitado, lo ensanchan mucho políticamente dos
formidables instrumentos: el autogobierno derivado de nuestro Estatuto de Autonomía
y la idea motriz de Aragón entendido como un proyecto común.
Los dos remiten a la obligación cívica y política de movilizar
todas las potencialidades de la Comunidad, de sus instituciones y de su sociedad
civil, para hacer frente a la mayor catástrofe que nos han deparado los últimos
80 años.
En consecuencia, siendo excepcional la situación y, por lo tanto, el debate
mismo, organizaré mi intervención en torno a estos dos elementos, desde
el propósito firme de que el autogobierno y la unidad aragonesa sean decisivos
para superar esta crítica situación y, al mismo tiempo, de que ambos
-Estatuto y unidad- salgan fortalecidos de este formidable empeño.
Señoras y señores diputados: como es sabido, el actual gobierno cuatripartito
de PSOE, Podemos, CHA y PAR, surgió de un acuerdo liderado por el PSOE, claro
vencedor de las elecciones de mayo de 2019, sobre el denominador común de la
defensa del Estatuto, algo compartido por IU que también apoyó la investidura.
Si del Estatuto de Autonomía como aglutinador se trataba, ésta era la
única mayoría posible.
De hecho, el pacto de investidura nos obligaba a todos a defender "el actual
modelo territorial autonómico y el modelo constitucional vigente",
con todo lo que ello significa
A la postre, se ha demostrado que un gobierno transversal e instalado en la centralidad
y la moderación era lo que más convenía a la Comunidad, sobre
todo a partir de la irrupción de la pandemia.
De la primera parte del curso político 2019-2020, quiero recordar un hito económico
de primera magnitud: me refiero al anuncio de Amazon Web Services de instalar
en Aragón su centro de gestión cloud -la llamada nube- en España.
Fue resultado de año y medio de negociaciones del Gobierno de Aragón con
la multinacional americana, en la que ganamos la partida a otras regiones españolas
y europeas que aspiraban a lo mismo.
AWS nos convierte en referencia nacional de la economía digital, que atraerá
inversión y oportunidades añadidas. Pero de esto hablaremos más
adelante.
El hito político primero de esa etapa fue sin duda la aprobación del
presupuesto de 2020 en tiempo y forma, en estricto cumplimiento del pacto y
como muestra inequívoca de la cohesión y la unidad de cuatro partidos
de ideologías distintas pero capaces de anteponer el interés de Aragón
a sus intereses particulares y descubrir en el intento que, si existe voluntad,
es muy fácil lograrlo.
La Sanidad era la sección que más crecía, rebasando la
barrera de los 2.000 M. Educación rebasaba los 1.000 M euros y también
crecía Ciudadanía y el IASS, así como Ciencia y Universidad.
Era un Presupuesto que apostaba con firmeza por la consolidación y
mejora del Estado de Bienestar, sin descuidar el impulso de la economía
de la Comunidad y la creación de marcos favorables a la atracción de inversiones
y la creación de empleo.
Pero nuestros particulares idus de marzo, en forma de irrupción brutal del
coronavirus, llegaron con la declaración del estado de alarma en todo el
país y la consiguiente alteración radical de todos los paradigmas
y elementos de nuestra vida individual y colectiva.
La pandemia tuvo un fuerte impacto sobre la salud, el bien personal más
preciado, la base de la seguridad existencial que el Estado ha de garantizar a todos
sin excepción
Un brutal impacto también sobre la organización de la educación,
que tiene que ver ni más ni menos que con la realización personal, la
transmisión de valores, la igualdad de oportunidades o la competitividad económica,
es decir, con todo lo que constituye la piedra angular de un proyecto de país.
El virus impactó mucho sobre la economía y el empleo, sustento
y pilar del estado de bienestar.
Y, como consecuencia de todo ello, interrumpió los procesos de superación
de desigualdades heredadas de la crisis anterior y abrió otros nuevos.
Este conjunto de quebrantos, que puso a prueba al sistema político en su conjunto,
afectó en mayor medida a las comunidades autónomas, pues competencias
autonómicas son la sanidad y la educación, así como los servicios
sociales, la vivienda y algunos aspectos de las políticas económicas y
de empleo.
Por tanto, la superación de la pandemia apeló desde el principio a la
capacidad y eficacia de las administraciones autonómicas, sometidas
desde entonces a la mayor prueba de esfuerzo de toda su historia.
No ignoro que esta situación es también una oportunidad para los que quieren
acabar con el estado autonómico.
Pero, a pesar de todas las dificultades, creo que, en un país como el nuestro,
el estado descentralizado ha sido más eficaz frente al virus de lo que hubiera
sido el antiguo modelo centralizado.
Lo ha sido desde marzo hasta hoy y ahora, que volvemos a estar en una situación
muy grave, ha de seguir siéndolo. De ello depende el éxito de Aragón
como Comunidad y a ello nos vamos a dedicar con todas nuestras fuerzas, convencidos
aún más que hace un año de que la formación de un gobierno
autonomista y aragonesista fue un acierto pleno.
Esto no quiere decir que nos desentendamos de España y de su buena gobernanza.
Al contrario. El éxito o el fracaso de España como proyecto nacional
será nuestro éxito o nuestro fracaso y nuestra acción política
estará siempre determinada por esa profunda convicción.
Antes y durante la pandemia, hemos actuado siempre con absoluta lealtad al Gobierno
de España, en términos siempre de cooperación y de ayuda mutua.
Apoyamos la declaración del estado de alarma y todas las prórrogas
del mismo. Hemos participado activamente en la gestión de la crisis a través
de las conferencias de presidentes. En las mismas, hemos hecho propuestas
y hemos trasladado las inquietudes y las preocupaciones de sindicatos, empresarios,
organizaciones agrarias y demás sectores de la sociedad aragonesa.
Después, tras la vuelta a la mal llamada normalidad, hemos trabajado en todo
momento de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad, tomando todas las medidas
de acuerdo con ellos. Y lo hemos hecho de nuevo con la reciente recuperación
del estado de alarma y la declaración del toque de queda.
Ahora bien. En ningún momento hemos rehuido el cumplimiento de nuestras obligaciones
estatutarias. Al contrario. Desde el principio, hemos ejercido nuestras competencias
sin reticencias y hemos asumido nuestra responsabilidad de manera absolutamente
plena, sin escondernos detrás de nadie ni derivárselas a nadie.
Puedo decir pues, con mucho orgullo, que Aragón tiene un Gobierno que ha
manejado el timón con mano firme, mostrando responsabilidad, compromiso
y capacidad de decisión y gestión desde todos sus departamentos.
Haciendo un repaso de cada uno de ellos, así hemos actuado desde luego en materia
de Sanidad, tanto en la etapa de Pilar Ventura, a la que vuelvo a agradecer su dedicación
y su compromiso, como ahora con Sira Repollés.
Reitero mis disculpas al personal sanitario por la escasez de materiales de protección
de la primera etapa. Tras el dolor por los fallecimientos y el sufrimiento de
los enfermos, es lo que más siento de todo lo ocurrido. En nuestro descargo
solo puedo decir que, desde el primer día, los buscamos en todos los puntos
del planeta, con la ayuda inestimable, por cierto, de algunos empresarios de
la Comunidad, que aportaron 7 millones de euros, y de la CEOE, que gestionó
junto con el Gobierno su adquisición en unas circunstancias muy difíciles.
En este punto, se hace obligado recordar con emoción y mucho afecto a José
Luis Carreras, uno de los empresarios aragoneses más generosos en la colaboración
con el Gobierno en aquel momento, que ha fallecido esta misma semana víctima
de la COVID.
Por lo demás, el Departamento ha actuado siempre ateniéndose a criterios
de transparencia rigurosa, informando diariamente de la evolución de
la pandemia.
Pero, sobre todo, nuestra acción de Gobierno para proteger la salud de los
aragoneses se ha basado siempre en dos principios fundamentales: en no escatimar
nunca recursos materiales y en no dudar ni un instante a la hora de tomar decisiones,
por duras que éstas sean.
Jamás hemos escatimado medios en la habilitación de hospitales
de campaña, carpas de triaje, material de protección, realización
de pruebas, contratación de personal o en algo que para este gobierno es fundamental:
ser la primera y única Comunidad que ha garantizado el acceso a atención
primaria de manera universal, incluidos los trabajadores temporeros extranjeros.
Tampoco hemos dudado nunca a la hora de tomar medidas para proteger la salud,
con la anticipación y con toda la contundencia necesarias.
Antes de la declaración del estado de alarma, ya ordenamos el cierre de
colegios, bares y restaurantes. Inmediatamente después de la teórica
vuelta a la normalidad, tuvimos que afrontar el primer rebrote del país y no
nos tembló el pulso para ordenar regresiones a la Fase 2 en varias comarcas
y ciudades, incluida Zaragoza, así como proceder a confinamientos perimetrales
justificados por razones epidemiológicas.
No obstante, la deficiente legislación nacional en materia de salud pública
nos ha deparado desde el principio varios contratiempos. A causa de ese vacío,
algunas medidas urgentes de control de la pandemia, autorizadas en otras comunidades
autónomas, aquí fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia.
Ante el nuevo aumento de contagios, no podíamos quedarnos, sin embargo, de
brazos cruzados. En consecuencia, desarrollando las competencias en Sanidad que
nos otorga nuestro Estatuto de Autonomía, aprobamos el pasado 19 de octubre
un "Decreto-Ley" que nos ha permitido tomar decisiones que eran muy urgentes
y que de otra manera hubieran sido imposibles.
Esta ha sido quizá la señal más evidente de la firmeza con
la que ha actuado el Gobierno en su conjunto a lo largo de estos meses y, al mismo
tiempo, la muestra más clara de la visión y de la determinación del
equipo de Sira Repollés y de la Dirección de Salud Pública, siempre
apoyada en menesteres jurídicos por la Secretaría General de la Presidencia.
Su demostrada capacidad para analizar las situaciones, el incremento de la capacidad
diagnóstica, con grandes esfuerzos a través de PCRs y
rastreadores, la habilitación de espacios públicos para cuarentenas de
personas sin condiciones domiciliarias, así como de equipos de control domiciliario,
pioneras en España; todo ello, acompañado por una orden de sanciones duras
para los incumplimientos, ha hecho posible tener un sistema muy bien preparado para
seguir haciendo frente a una pandemia que se va a prolongar varios meses, con
altibajos en cuanto al número de contagios se refiere, con capacidad de respuesta
acreditada en hospitales y UCIs incluso en momentos tan graves y complejos como
el actual, pero sin dar ni un minuto de respiro hasta que sea efectiva y masiva
la vacuna.
Así, asumiendo toda nuestra responsabilidad, sin escondernos detrás
de nadie, hemos actuado también desde el Departamento de Educación
que dirige Felipe Faci.
En este caso, el Gobierno ha tenido que hacer frente a la obligación de
compatibilizar tres derechos básicos: salud, educación y trabajo,
algo para lo que ha tenido la valiosísima colaboración de padres y profesores.
Para ello, durante la primera ola, con los colegios cerrados, se repartieron 3.000
dispositivos electrónicos para minimizar la brecha digital; se puso
en marcha una plataforma de educación on line; se dio una compensación
económica a todos los usuarios del comedor y se les pagó también
un mes de beca.
Y ahora, para el nuevo curso, se ha incrementado en 450 el número de profesores,
incremento que será mayor conforme avance el año; se han creado
15 equipos Covid para dar respuesta sanitaria y educativa a los posibles casos e
incidencias en los centros educativos, se ha implantado la presencialidad en Segundo
de Bachiller para preparar con más garantías a los alumnos para la EVAU;
y se han puesto en marcha tres planes específicos para el inicio de curso:
digitalización -con 10.000 nuevos dispositivos digitales-, contingencia -mediante
la organización de los centros en función de los escenarios- y refuerzo
pedagógico, para incorporar los contenidos no vistos desde marzo en este curso.
Por lo demás, los PCRs realizados, con resultados abrumadoramente negativos,
demuestran que los protocolos y los esfuerzos de la comunidad educativa están
dando resultado y que los colegios son efectivamente lugares seguros. A
fecha de ayer, había en Aragón 37 aulas cerradas, que afectan al 0.6%
de toda la población escolar.
Así hemos actuado desde el Departamento de Ciudadanía, que dirige
María Victoria Broto y que ha tenido que hacer frente al problema de las
residencias, espacio propicio para la expansión del virus.
El Departamento no ha dejado de tomar medidas: se habilitaron cinco centros
COVID, una medida pionera para rebajar la carga vírica y asistencial
de las residencias y garantizar la atención médica a los mayores; se firmó
un protocolo de colaboración con Sanidad para reforzar la coordinación
y atención desde los centros de salud y se organizaron iniciativas para canalizar
la ayuda y la solidaridad como "Frena la curva", "Ventanas que unen"
(se llevaron más de 700 tablets a residencias para fomentar el contacto) o
"Libros que unen".
Que el porcentaje de personas fallecidas en las residencias aragonesas sea inferior
a la media nacional algo tendrá que ver con el esfuerzo realizado de manera
conjunta por el personal de las propias residencias y los departamentos de Ciudadanía
y de Sanidad.
Así hemos actuado desde la Consejería de Presidencia, con María
Teresa Pérez al frente, que ha desarrollado una importante labor como máxima
responsable del CECOP, desde la coordinación de las diferentes administraciones
hasta la creación de un almacén central en PLAZA para gestionar la
llegada de material sanitario y distribuirlo o la iniciativa Aragón en
Marcha, en colaboración con los empresarios aragoneses, pasando por otras como
el recurso Respiro, consistente en tres hoteles para profesionales sanitarios y
sociosanitarios en riesgo de contagio.
Estos cuatro han sido los departamentos que más han tenido que dedicar su energía
al combate contra la pandemia. Pero ninguno de los demás ha dejado de sentirse
concernido. Todos se han implicado a través de una dinámica de reunión
diaria del Consejo durante muchas semanas, que ha contribuido además a
reforzar la cohesión del propio gobierno y la visión global de cada consejero.
Desde Vicepresidencia, una vez superada la COVID que lo tuvo hospitalizado
muchas semanas y de la que se reincorporó con una entereza y un sentido del
deber que le ha agradecido toda la sociedad aragonesa, Arturo Aliaga se dedicó
en cuanto pudo a buscar remedio al fuerte quebranto que las restricciones de movilidad
y uso de espacios causaron a sectores como el turismo, el comercio o la hostelería.
En mayo impulsó un Plan de Choque de Apoyo al Turismo y ahora, junto con Economía,
trabaja en un Plan de Rescate urgente de la hostelería, para compensar las
pérdidas que les están causando a los bares las nuevas restricciones.
Por su parte, desde el Departamento de Ciencia y Universidad, con el fin
de garantizar la igualdad de oportunidades, Maru Díaz redujo las tasas universitarias
de primeras matrículas hasta un 9% y un 6,5%, en segundas, además de dedicar
900.000 euros a nuevas becas para las familias más afectadas por la Covid.
Asimismo -y esto no se ha remarcado suficientemente- ha dedicado un millón
de euros para 8 proyectos de investigación sobre el coronavirus, algunos
de ellos con buenas perspectivas de éxito.
Desde el Departamento de Vertebración, que dirige José Luis Soro,
se ofreció una moratoria del pago del alquiler en sus viviendas patrimoniales
a aquéllos que acreditaran una pérdida sustancial de ingresos como
consecuencia del COVID19, además de convocar ayudas al alquiler para personas
vulnerables por la misma razón. También se impulsaron ayudas al sector
del transporte de viajeros por carretera, otro de los sectores especialmente damnificados.
Desde el Departamento de Economía, que dirige Marta Gastón, se
impulsaron medidas de financiación y liquidez para pymes, autónomos
y cooperativas a través de Sodiar, SUMA Teruel y Avalia, además de
ayudas directas para la creación de empleo por cuenta ajena y para favorecer
una segunda oportunidad para el trabajador autónomo, sin dejar de ocuparse
de la tramitación de los ERTEs mediante un refuerzo de personal que permitiera
agilizarlos.
Desde el Departamento de Hacienda que dirige Carlos Pérez, se reorientó
el presupuesto para minimizar el impacto de la Covid y se impulsó un Decreto-Ley
de Medidas Urgentes que ha permitido agilizar y flexibilizar el trabajo de la Administración,
además de disponer de 510 millones para poner en marcha la Estrategia Aragonesa
para la Recuperación Social y Económica.
Finalmente, desde el Departamento de Agricultura, Joaquín Olona hizo
frente junto con Sanidad y Economía al problema de los temporeros en relación
con la COVID, habilitando un transporte de carácter extraordinario
para este colectivo, creando tres bolsas de empleo con INAEM y organizaciones agrarias
para colectivos desfavorecidos y emitiendo una orden para controlar la legalidad
de los contratos por parte de los empresarios de la fruta, que puso en evidencia
un volumen de anomalías que habrá que corregir de cara a próximas
campañas.
¿Hemos cometido errores? Sin duda, casi siempre debidos al desconocimiento
del fenómeno al que nos enfrentamos. Pero creo sinceramente que, al mismo
tiempo, hemos sido capaces de aprender con rapidez y no nos han dolido prendas en
rectificar siempre que ha sido necesario o cuando alguien, caso de algunos de
los aquí presentes, nos ha hecho las advertencias correspondientes, cosa que
agradezco mucho.
E insisto otra vez en que, en esta dificilísima tesitura, el estado autonómico
ha resultado mucho más eficaz de lo que lo hubiera sido el viejo estado centralizado:
en cada lugar se han tomado medidas adaptadas a las circunstancias concretas y de
manera más rápida de lo que es capaz de hacerlo la administración
general y además la coordinación y el constante intercambio de información
entre todos los gobiernos autonómicos ha hecho posible que los aciertos y errores
de uno fueran emulados o evitados por los demás, en una relación basada
en una exquisita lealtad que ha venido para quedarse.
En estas circunstancias, inmersos en un segundo estado de alarma, afrontamos
este nuevo, extraño y complicadísimo curso político. A
estas alturas, ya no cabe llamarse a engaño. La pandemia no va a remitir en
bastante tiempo. Ya sabemos que vamos a tener que convivir con el virus y -lo que
es quizá más preocupante- que las peores consecuencias sociales y económicas
están seguramente por llegar.
Así las cosas, ¿puedo prometerles a los ciudadanos soluciones inmediatas
y efectivas? Les engañará quien lo haga.
Lo que sí puedo asegurarles a todos los aragoneses es que tienen un Gobierno
que se hace cargo de su estado de ánimo y que tiene la fuerza, las ideas
y el talante necesarios para liderar la superación de la crisis y garantizar
su bienestar.
Un Gobierno que se hace cargo de la inquietud y el desasosiego de los ciudadanos,
nuevamente afectados por restricciones; del miedo a los contagios y a relacionarse
con vecinos y amigos; de la incertidumbre total sobre la duración de la pandemia
y de sus efectos; de la angustia de las personas hospitalizadas; del sufrimiento
de las familias que no pudieron acompañar a las personas queridas en su último
viaje; del temor de los padres a no cuidar bien a sus hijos y del pánico de
las mujeres ante las amenazas de maltrato que el aislamiento propicia; de las
personas mayores que se saben más vulnerables; del personal sanitario
que, tras meses de brega, empiezan a estar cansados y desalentados; del miedo a
la ruina de pymes y autónomos, de perder el empleo los que ahora lo tienen
y de no volver a encontrarlo nunca los que ya lo perdieron.
Lo que sí puedo asegurarles es que el Gobierno no va a abandonarlos, que nadie
va a quedar desamparado; que cada uno de los consejeros se va a dedicar en cuerpo
y alma a reforzar su seguridad existencial, así como sus oportunidades para
tener un trabajo digno.
Lo que sí puedo asegurarles, en definitiva, es que Aragón tiene recursos
y fundamentos suficientes para salir de este túnel y que el Gobierno, de
acuerdo con quienes quieran compartir ese prioritario propósito, los va a activar
todos para ver la luz cuanto antes.
Y para eso, es decir, para afianzar los derechos de los aragoneses e impulsar la
recuperación económica, el reto más inmediato que tenemos por delante
es la elaboración de los presupuestos de 2021.
En este sentido, la decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera
del pasado 5 de octubre de eliminar la regla de gasto, aunque recomendando
no superar un déficit del 2.2%, ha sido muy bien recibida por este Gobierno,
pues satisface la demanda que varios presidentes autonómicos, entre ellos yo
mismo, habíamos hecho al Presidente Sánchez.
En todo caso, la flexibilización del déficit tiene que servir a los dos
objetivos fundamentales a los que me acabo de referir, es decir, a combatir la
pandemia y a impulsar la recuperación social y económica.
Bajo estas premisas, el Gobierno ya está elaborando el anteproyecto del
presupuesto, a partir de los siguientes criterios y prioridades:
En primer lugar, terminar de corregir las desigualdades de la crisis anterior
y, ante todo, evitar la repetición de los errores de entonces.
Por suerte, la respuesta europea está siendo muy distinta a la de 2010.
La austeridad de entonces, que resultó letal y que obligó a los anteriores
gobiernos de España a recortes muy dolorosos, ha dado paso a medidas claramente
expansivas por parte de la Comisión presidida por Ursula von der Leyen, que
merece todo nuestro aplauso y reconocimiento.
Y esto ha de trasladarse a todos los ámbitos administrativos.
Los jóvenes requieren nuestra atención prioritaria, pues las heridas
de la crisis anterior aún no se han cerrado para ellos.
La desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha de evitarse y
eliminarse allí donde persista.
Hay que impedir la pobreza infantil.
Las personas con discapacidad y los mayores han de ser cuidados con el esmero
al que tienen derecho.
Sería un error imperdonable reducir otra vez la inversión en I+D+i,
principal factor de crecimiento y de competitividad en el mundo global
No cabría olvidarse de nuevo de las consecuencias del cambio climático,
algo que, por suerte, forma parte principal del Fondo Europeo de Recuperación.
Y, por último, tiene que ocuparnos de manera intensa la revitalización
del medio rural, averiguando oportunidades para él en la pandemia, tanto
en Zaragoza como en Huesca y Teruel.
En segundo lugar, los presupuestos han de ser instrumentos para reparar los daños
infringidos por la pandemia sobre nuestros servicios públicos y fortalecerlos,
pues han demostrado hasta qué punto son claves para hacer frente a situaciones
como la que estamos viviendo.
La sanidad, la educación, los servicios sociales o la vivienda, han
de ser, por tanto, de manera más acentuada incluso que en ejercicios anteriores,
las políticas más favorecidas en 2021.
En tercer lugar, los presupuestos han de servir para reanudar la senda del Aragón
social, verde y digital emprendida tras el pacto de investidura de julio de
2019, algo que se identifica perfectamente con las líneas básicas del
Fondo Europeo de Recuperación.
La economía aragonesa tenía unos sólidos fundamentos y unas magníficas
perspectivas antes de la irrupción del virus, en torno a sectores estratégicos
muy potentes. Recuperar esa dinámica e impedir que ni uno solo de esos proyectos
se frustren debe ser otra de las prioridades, pues de ellos depende el empleo que
es sin duda la mejor garantía del bienestar individual y colectivo.
Me refiero lógicamente a la agroalimentación, desde el sector primario
-con la extensión del regadío, la modernización o el rejuvenecimiento
del sector- a la comercialización pasando por la transformación, la promoción
y la exportación; me refiero a la logística, ampliando plataformas
para inversiones muy potentes que están al llegar o impulsando el primer corredor
ferroviario de España entre Zaragoza y Algeciras; a la industria en
general, puntal clave de nuestra economía para remontar antes que otras y,
en especial al subsector de la automoción; a nuestro particular modelo turístico,
al que las futuras precauciones frente a la masificación va a darle una oportunidad
impagable; o a la inversión en energías renovables, que se está desarrollando
a gran velocidad.
Esto no puede hacernos olvidar, sin embargo, a otros sectores que han sufrido el
zarpazo de la pandemia de una manera brutal tales como la cultura, la hostelería
o el comercio, a los que en los próximos días ofreceremos ayudas para
compensarles por las restricciones de horarios y uso de espacios.
Y prioritarias han de ser, más que nunca, las políticas activas empleo,
con especial atención a la formación profesional en general y, sobre todo,
la orientada a la economía digital.
Son muchos los frentes abiertos y es enorme el esfuerzo que requiere reconducir
la situación social y económica. Vivimos un momento de extraordinaria
gravedad en todos los órdenes. Por eso, es perfectamente explicable que los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2021 vayan a superar
por primera vez en la historia la cantidad de 6.000 millones de euros, 300 millones
más que los de 2009, que eran los más elevados hasta la fecha.
Por lo demás, señores diputados, un presupuesto aprobado es el mejor
signo de normalidad institucional, la mejor manera de trasmitir seguridad y
confianza y, sobre todo, la mejor expresión del compromiso de un Gobierno de
estar a la altura de la sociedad a la que sirve.
Sacarlos adelante es responsabilidad esencial y primera de la mayoría que lo
sustenta. Pero, en las actuales circunstancias, cuanto más amplia sea la
mayoría parlamentaria que los apoye mayor será la identificación
de la sociedad aragonesa con los mismos y mejor integrados quedarán los
intereses de los distintos sectores, algo absolutamente coherente con el espíritu
de unidad con el que todos hemos decidido afrontar esta grave crisis.
Por eso, la disposición al diálogo de los grupos políticos y de
los agentes sociales será muy bien recibida por el Gobierno, que se
dirigirá a ellos en los próximos días para pedírsela.
Lo que está claro es que, en una situación así, no se puede gobernar
sin presupuesto. Es más, para superar la crisis COVID, es imprescindible
el presupuesto de 2021, pero también los de 2022 y 2023.
Los objetivos serán los mismos pero las circunstancias serán cambiantes
y va a ser muy difícil gobernar un año con el presupuesto del año
anterior.
Señor Presidente, señoras y señores diputados: Es momento pues de
fortalecer las instituciones autonómicas que posibilitan el autogobierno,
que ha sido una experiencia de éxito hasta ahora, que ha respondido al desafío
de la COVID, y que debe ser la palanca fundamental para salir del pozo profundo
en el que nos ha metido la pandemia.
Pero, dada la gravedad de la situación, en consonancia con ese aragonesismo
que propugnamos, tenemos que ir más allá.
Antes de marzo, yo apostaba por "gobernar la Comunidad entendida como un
proyecto común". Así lo dije en mi discurso de Año Nuevo,
ratificando mi convicción de que la defensa y promoción del interés
general debe llevarse a cabo, "sin obedecer a ninguna ideología en exclusiva
y rechazando cualquier frentismo, pues todos los frentismos, los de izquierdas y
los de derechas, han tenido consecuencias nefastas en la historia de nuestro país".
Pues bien. Si esto era válido en enero pasado, ahora es un imperativo ineludible.
Lo reconozco abiertamente. La pandemia y sus consecuencias desborda la capacidad
del Gobierno. De éste y de todos. No hay una salida de izquierdas. Tampoco
de derechas. Nunca han sido más firmes que ahora mis convicciones socialistas
y nunca he considerado tan necesario al socialismo democrático. Pero de hombres
como Indalecio Prieto, Julián Besteiro o Ramón Rubial aprendí que
a España -a Aragón en este caso- hay que ponerla siempre por delante del
partido.
Y, desde luego, ahora mismo no es momento de ideologías y mucho menos de
disputas ideológicas, pues de esta crisis solo saldremos juntos y mirando
al frente.
En ese sentido, la aprobación de la Estrategia Aragonesa de Recuperación
Social y Económica es un acontecimiento que tiene una trascendencia enorme
desde todos los puntos de vista.
La Estrategia es un hito sin precedentes en la historia reciente de Aragón
y pone de manifiesto una actitud muy compartida en una tierra proclive a la moderación
y al acuerdo, una actitud que es la mejor garantía de que la Comunidad supere
esta multicrisis y reanude pronto la senda de crecimiento y bienestar.
Nuestro propio Estatuto de Autonomía alude a esa "tradición pactista
aragonesa" que se ha revelado como motor sustancial del progreso y de la
transformación de la sociedad aragonesa en distintos momentos de su historia.
Quiero que conste el agradecimiento del Gobierno a los grupos de la oposición,
al PP, a Cs y a IU, pues tiene más mérito y requiere más generosidad
su disposición al acuerdo que la de quienes estamos en el Gobierno y, por tanto,
lo necesitamos más.
Mi gratitud también a los agentes sociales, a UGT, CEOE, Cepyme y CCOO,
en línea con el trabajo de una Mesa del Diálogo Social convertida desde
hace tiempo en un instrumento formidable para el impulso económico y el empleo.
Y, por supuesto, mi reconocimiento a la FAMPC y, de manera significativa,
a las Diputaciones, que aportaron siete millones a la Estrategia para ayudas
a turismo, cultura y autónomos en general, y a las comarcas, 2.4 millones de
cuya partida autonómica general también fueron destinados a este fin.
La Estrategia es resultado del acuerdo, sí. Pero -insisto- es, ante todo, la
expresión de un espíritu, de una actitud que hay que mantener viva en
todo momento, pues esa es además la voluntad mayoritaria de una sociedad, la
nuestra, a la que repugna el enfrentamiento y el sectarismo.
La Estrategia ha de ser además el marco referencial de las políticas
y de las decisiones del Gobierno, complementando en gran medida el programa
inicial del cuatripartito.
En realidad, toda la acción del Gobierno ha de estar vinculada a alguna de
sus 273 medidas. El Plan de Gobierno, que aprobará el próximo día
11 de noviembre el Consejo en cumplimiento de la ley, estará orientado por
ellas.
Hay, no obstante, tres hitos o tres herramientas particularmente relevantes para
su desarrollo.
El primero de ellos fue el Decreto Ley aprobado el 24 de junio, que supuso
la movilización el pasado verano de 510 millones de euros para medidas como
las siguientes:
-Ayudas de financiación y liquidez para los sectores más afectados por
la crisis
-Ayudas directas a todos esos sectores, es decir, pymes, autónomos y economía
social, específicamente de los ámbitos del turismo, la cultura, la hostelería
y el comercio
-Ayudas para la creación de empleo y la segunda oportunidad, la digitalización,
la internacionalización, o la promoción nacional de nuestros productos
alimentarios, a través de la campaña más potente nunca realizada.
-Actuaciones en materia de vivienda y ayudas para el alquiler.
-Activación de sectores estratégicos, en forma de convocatorias para la
atracción de inversiones innovadoras en Automoción, Sector farmacéutico
y Economía Circular o en forma de impulso de la logística, con la ampliación
de PLAZA.
-Y reactivación de inversiones, como la estación de Canfranc, infraestructuras
viarias, infraestructuras de depuración, impulso de regadíos y equipamientos
educativos.
Estas han sido las actuaciones e inversiones impulsadas por el Decreto Ley de junio.
Más importante ha de ser, no obstante, el segundo de los hitos, los presupuestos
autonómicos, de los que ya hemos hablado.
En cuando a la tercera herramienta para el impulso de la Estrategia, hemos de
intentar que lo sea en la mayor medida posible la política del Gobierno de
España, a través de los PGE y de las políticas concretas de los
distintos ministerios, con los que la interlocución es permanente.
Finalmente estimamos fundamental la participación aragonesa en el Fondo
Europeo de Reconstrucción, que estamos preparando desde julio a través
de una Comisión Interdepartamental del nuestro Gobierno y, simultáneamente,
a través de la Mesa del Diálogo Social, pues la recuperación solo
puede venir de una intensa colaboración público-privada, con un protagonismo
especial de nuestro potente y comprometido sector empresarial.
El reputado economista Antón Costas considera que, frente a los efectos de
la pandemia sobre la economía, es recomendable la estrategia de las tres "r":
"resistir, recuperar y reinventar" y aconseja que, a la hora de plantear
los proyectos para el Fondo Europeo, pensemos en qué podemos hacer los políticos
y los empresarios, la sociedad en su conjunto, para reinventarnos, asumiendo
que la crisis va a suponer un cambio de modelo y sabiendo que de todas las anteriores
-como ocurrió con la del petróleo de los años 70- hemos salido
mejorados y con más capacidad competitiva
Pues bien, perfectamente alineado con esa visión positiva, el Gobierno viene
trabajando en el diseño de proyectos ajustados a las exigencias europeas
de transición ecológica, transición digital y resiliencia.
Por una parte, en el ámbito de la Mesa del Diálogo Social, la CEOE
ha recibido ya 32 proyectos de empresarios de su ámbito. En cuanto a la Cepyme,
el Gobierno está colaborando con ella para agrupar a pymes de pequeño
tamaño y facilitar su acceso a las ayudas a través de plataformas o similares.
También los sindicatos participarán avalando los proyectos previa información
por parte de los promotores.
Por otra parte, en la Comisión Interdepartamental se han validado ya
50 proyectos de inversión, que aspiran también a movilizar fondos del
ámbito privado.
No es éste el momento de desgranar todo el listado. En todo caso, a modo de
resumen, enumeraré los conceptos en los que podemos agruparlos.
Respecto a la digitalización de la sociedad, de la administración y
de la economía aragonesas, cabe hablar de los siguientes:
-Conectividad al 100% de la población con fibra y 5G, así como comercios,
polígonos y servicios de emergencias.
-Digitalización para cada sector productivo
-Modernización industrial de sectores estratégicos para la economía
de la región (agroalimentario, turismo, energía, agua y movilidad sostenible)
a través de la transformación digital de los mismos.
-Digitalización integral de la administración pública y simplificación
y automatización de procesos y servicios.
-Transformación digital de los servicios públicos sociosanitarios, educativos
y económicos
-Actualizar el equipamiento digital de centros educativos, docencia presencial y
virtual, formación profesorado, acción sobre alumnado
-Refuerzo del papel de la Fundación ARAID como herramienta de captación
y dinamización de las líneas estratégicas de investigación en
Argón
-Desarrollo de todas las posibilidades de la implantación en Aragón (Huesca,
Villanueva y El Burgo) de Amazon Web Services para crear en nuestra comunidad un
poderoso ecosistema digital, a través de la formación, la investigación
y la atracción de inversiones del sector, tal como ha ocurrido en las otras
seis sedes europeas de la multinacional (Cork, Fráncfort, Londres, París,
Estocolmo y ahora Milán).
Respecto a la transición ecológica, nuestros proyectos están
asociados a los siguientes conceptos:
-Movilidad sostenible, modernización de nuestra industria de la automoción
hacia el coche eléctrico, Mobility City
-Aragón Territorio Circular, proyecto que engloba la revalorización de
residuos, generación de energía renovable y almacenamiento, materiales
de construcción, movilidad sostenible.
-Estrategia industrial para la economía circular y limpia.
-Impulso logístico a través del ferrocarril: parcela ferroviaria en PLAZA,
gestión terminal intermodal PLATEA o autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras
-Renovación de edificios y vehículos oficiales para reducir emisiones
y costes.
-Modernización de los sectores agroalimentario y turístico
-El Valle de Hidrógeno como apuesta en toda la cadena de valor del hidrógeno
para mantener nuestro liderazgo en renovables.
-Salud y Educación sin huella de carbono
-Líneas de ayudas para empresas/industrias agroalimentarias, pensando en el
formidable impulso para el sector que supondrá la entrada en funcionamiento
de Bonárea en Epila (4.000 empleos directos más pequeñas empresas
suministradoras de nueva creación), amén de otras inversiones muy fuertes
que están en este momento negociándose.
-Rehabilitación de vivienda para consumo energético 0
-Generación de energías limpias para autoconsumo agrario
-Cero contaminantes y medioambiente limpio de toxico y agricultura de precisión
-Aprovechamiento sostenible de recursos naturales: regadíos eficientes y riqueza
forestal, acometiendo la limpieza de montes para producción de biomasa
o, dentro del Ebro2030, el Plan Ribera, con cambio de usos agrícolas en tierras
inundables y su sustitución por producción forestal o maderera.
-Desarrollo de un potente sector de bioeconomía en Teruel en torno al centro
de Platea, la formación profesional del centro San Blas y el potente sector
privado de la provincia.
Tenemos de plazo hasta fin de año para terminar de elaborar unos proyectos
que han de ser consistentes, trabados y bien articulados y que han de responder
escrupulosamente a los protocolos de la UE. En cuanto a qué mecanismo de financiación
es el más adecuado, iremos sabiéndolo conforme se resuelvan todas las
dudas que aún existen tanto en Bruselas como en Madrid.
En cualquier caso, parece razonable que, de ese Fondo Europeo, Aragón pueda
recibir en 2021 no menos de mil millones de euros.
Nos avala la eficacia demostrada en la gestión de fondos europeos, que
somos capaces de ejecutar al 80% cuando la media española no llega al
40%. También la hemos acreditado a la hora de atraer y hacer realidad grandes
proyectos. En consecuencia, podemos ser razonablemente optimistas respecto a nuestras
posibilidades para aprovechar el Fondo Europeo, en el que está en juego
buena parte de nuestro futuro como Comunidad y el de todos y cada uno de sus habitantes.
En resumen, volviendo a la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social
y Económica, insistimos en que se trata de la plasmación más inmediata
y operativa ahora mismo de esa apuesta por Aragón como proyecto común.
Pero esa apuesta, para que tenga éxito a medio plazo, incluso ha de ir
más allá de la propia Estrategia y ha de implicar a toda la sociedad aragonesa,
cuya adhesión a la causa de su tierra va a ser más necesaria que nunca.
A lo largo de esta intervención, ya he señalado mi gratitud y reconocimiento
a muchos de los sectores y profesionales que se han dejado la piel en estos
meses.
Permítanme, no obstante, añadir a esa lista a otros muchos que lo merecen,
con el ruego encarecido de que prosigan en esa militancia aragonesista que
sobradamente han demostrado.
A la Universidad. A las organizaciones agrarias y las cooperativas. A la comunidad
educativa, a las asociaciones de padres y profesores de la escuela pública
y de la concertada. A los sindicatos educativos firmantes de acuerdos claves para
el buen desarrollo del curso. Al tercer sector en su conjunto.
A los ayuntamientos aragoneses, diputaciones provinciales y comarcas; a todo ese
segundo pilar de la administración aragonesa tan importante como el primero
para el buen funcionamiento de la Comunidad, máxime en unos momentos
como los que estamos viviendo.
Y, dentro de ese ámbito, al Ayuntamiento de Zaragoza, motor económico
y cultural de la Comunidad. La relación de cooperación entre ambas
instituciones transcurre por buen camino y existe además la aspiración
inequívoca y compartida de seguir perfeccionándola, pues eso es, ni más
ni menos, lo que los ciudadanos esperan de nosotros en un momento de tanta gravedad.
Señoras y señores diputados; A lo largo de estos meses, hemos hecho un
ejercicio permanente de verdad y transparencia. Primero, por entender que
es en sí mismo un factor de salud. Segundo, porque a los ciudadanos les da
más seguridad la verdad acreditada que la propaganda. Y tercero, porque si
se reconocen los problemas en su dimensión real, aunque eso origine contrariedades
a corto plazo, a largo plazo procura beneficios indiscutibles.
Afrontar el presente y el futuro con realismo, sin ilusionismos ni fuegos
de artificio, es el mejor remedio para que el país recupere pronto la confianza
en sí mismo.
Pero también lo es una política que anteponga con claridad el interés
general al interés partidario de sus actores, algo que, por desgracia,
no es la pauta general en España en este momento. Lamentando esto mismo, Ignacio
Urquizu denunciaba hace poco que, en el debate político español, se confunde
muy a menudo política con táctica electoral y se tiende a evadir la responsabilidad
propia y a echar la culpa de todo a los demás. Es preferible convencer a vencer
-decía Urquizu- y sustituir el conflicto estéril por un diálogo en
el que todo el mundo asuma que no tiene toda la razón.
Yo suscribo de arriba abajo las palabras de nuestro compañero diputado y añado
que, en un momento tan complicado como éste, desestabilizar e introducir
elementos de confrontación, división o frentismo descalifica
política y moralmente a quien lo hace.
Vivimos un momento de incertidumbre, de desconcierto ante el presente y de miedo
al futuro. Por eso, los poderes públicos tenemos la obligación de procurar
estabilidad, de ofrecer seguridad, de gobernar desde la razón y el sentido
común y de eludir sobresaltos innecesarios.
Nunca ha sido tan necesaria esa estabilidad política y social.
Pero España necesita también lo que podríamos denominar estabilidad
histórica. Las constituciones y las instituciones de ellas emanadas sirven
mejor al país y le dan prestigio y respetabilidad internacional conforme el
paso del tiempo y las va asentando y fortaleciendo. Así lo ponen de manifiesto
todos los proyectos nacionales de éxito que existen en el mundo.
En nuestro caso, cuestionar un orden constitucional que apenas tiene cuatro décadas
de vida y que nos ha proporcionado la mejor etapa de nuestra historia es, en cualquier
circunstancia, un despropósito mayúsculo.
Nuestra participación activa en la cogobernanza de España, que ejerceremos
cada día más, ha de darnos ocasión de defender esta constructiva
visión de la política, extendida ampliamente en nuestra Comunidad
y casi constitutiva de la misma.
Por lo demás, reafirmada mi apuesta por la verdad, la trasparencia y por la
unidad al servicio de Aragón, me atrevo a trasladarles a ustedes otra convicción:
en mi opinión, no es momento de correcciones políticas ni de parabienes
complacientes; es momento de señalar las responsabilidades de todo el mundo,
de que todo el mundo las asuma y de que todos podamos apelar sin restricciones
a las responsabilidades de los demás.
El Gobierno es a quien más responsabilidades cabe exigirle, incluidas
aquellas que vayan en contra de su interés electoral. En el momento actual,
el que gobierna ha de estar dispuesto a perder las elecciones por cumplir con su
deber.
Y yo lo estoy, entre otras cosas porque admito de buen grado la alternancia,
consustancial con la democracia misma.
Ahora bien. Es hora también de que todos los palos estén alineados para
aguantar la misma vela, que no es otra que Aragón entendido como bien superior
a preservar.
Y eso quiere decir que, en relación con las elecciones, por cumplir con su
deber, la oposición también debería estar dispuesta a no ganarlas.
Todas las posiciones políticas o provenientes de cualquier sector social y
económico, todos los debates, son, no solo legítimos, sino imprescindibles
para asegurar el curso sano de la democracia.
Pero hemos de ser lo suficientemente responsables e inteligentes como para asumir
que a todos nos concierne la superación de la crisis, desde los próceres
que forman parte de la dirigencia de la Comunidad hasta el ciudadano más humilde
y anónimo.
En ese sentido, nadie puede olvidar que el arma más poderosa para combatir
el virus está en la conducta individual de todos y cada uno de nosotros. Los
profesionales de la sanidad se están dejando la piel para protegernos y curarnos.
Pero su esfuerzo no servirá de nada si persisten comportamientos ciudadanos
tan irresponsables como los que estamos viendo en los últimos meses.
No digo que nadie baje el listón de sus reivindicaciones y exigencias al Gobierno.
Digo que no es lo mismo recorrer un camino despejado y bien dibujado en el mapa
que tener que atravesar una selva -el virus y sus efectos- cuya salida hay que descubrir
probando, equivocándose y rectificando, para lo que los guías de turno
necesitan el socorro de toda la expedición.
Porque ese camino, el de la unidad y la cooperación, es el único
a través del cual podemos salir del trágico pandemónium en el que
estamos inmersos.
No olvidemos que, en términos económicos y sociales, estamos mejor
que la media del país. Que nuestro tejido empresarial, nuestro sistema
educativo desde la etapa infantil a la Universidad, nuestros investigadores y creadores
alcanzar con frecuencia niveles de excelencia insuperables. Que el Fondo Europeo,
si lo utilizamos bien, nos aporta además recursos importantes para recuperar
el terreno perdido por la pandemia y avanzar mucho en la construcción del Aragón
social, verde y digital que habíamos empezado antes.
Y no olvidemos, en definitiva, que, como ha ocurrido con todas las crisis anteriores,
ésta nos da una oportunidad para mejorar y no tenemos derecho a desaprovecharla
Termino ya y lo hago por donde he empezado, recordando el acto del pasado 27 de
junio, en el que honramos la memoria de los fallecidos por la COVID en torno al
símbolo de la encina.
La carrasca -que es como nosotros la llamamos- es un árbol resistente.
Es, por tanto, símbolo de lucha. Siempre está verde: símbolo
de vida; y es fuerte, adaptándose a la sequía
en verano y al frío en invierno.
Por lo demás, tiene una gran carga simbólica para Aragón,
pues ocupa uno de los cuatro cuarteles de su escudo
La elección, por parte de quien la hizo, no pudo ser más adecuada:
la carrasca es Aragón.
Porque Aragón es una Comunidad política milenaria hecha de una sustancia
moral absolutamente irrepetible. Aragón la forma una malla, tupida y fuerte,
de hombres y mujeres de gran calidad humana; de instituciones y de tradiciones alineadas
con el buen derecho y con el amor a la libertad; de anhelos y de sueños abiertos
al porvenir, a la novedad y al mundo.
Como he dicho en otras ocasiones, los aragoneses somos mucho mejores de lo que
pensamos. Si nos lo proponemos, nos sobra fuerza y talento para afrontar con
éxito cualquier desafío.
Pues bien, es hora de que nos lo propongamos con más empeño que nunca.
Es nuestra hora. Es la hora de nuestra generación. Vivimos una situación
excepcional, como nunca antes habíamos vivido, que nos obliga a dar la mejor
versión de nosotros mismos.
Nuestros contemporáneos nos necesitan cada día mejores.
Y mejores cada día nos necesitan las generaciones futuras, porque su
bienestar está en juego ahora mismo.
Con el paso de los años, cuando nuestros hijos y nuestros nietos vean la encina
ya crecida, cuando recuerden el momento en que se plantó y el motivo, ojalá
la carrasca les haga recordar con emoción a las personas fallecidas por el
maldito virus y ojalá nos recuerden a nosotros con respeto porque, en la
hora más difícil, supimos estar a la altura de las circunstancias".
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