Ha tenido que reorganizarse de un día para otro y romper con la atención presencial
ZARAGOZA.- Quienes se dedicaban al sector de los servicios y hostelería,
así como trabajadores de la economía sumergida destacan entre quienes
acuden a los servicios sociales en los meses posteriores al estado de alarma
por la pandemia de covid-19.
Así se refleja en el estudio "Los servicios sociales ante la pandemia:
retos, desafíos y respuestas hacia la nueva normalidad", realizado en
más de sesenta municipios españoles y en el que participan los profesores
de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza
y miembros del grupo de investigación GESES Ana Lucía Hernández,
Patricia Eugenia Almaguer y Juan David Gómez.
El estudio, que seguirá en funcionamiento hasta septiembre de 2021, realiza
un seguimiento detallado de cómo estos servicios se han enfrentado a los
retos derivados de la pandemia, informa la institución académica en
una nota de prensa.
En el informe se pone de manifiesto cómo los centros tuvieron que reorganizar
su trabajo de un día para otro y romper con el sistema de atención presencial,
ya sea en forma de citas en los centros o en visitas a domicilio, e incorporar el
teletrabajo, la coordinación telemática y las nuevas tecnologías
a su trabajo diario.
Las jornadas laborales en los primeros meses se extendieron a fines de semana,
mañanas y tardes sin descanso para cubrir la creciente demanda que dio
lugar la pandemia, y se destaca que todas las comunidades tuvieron la necesidad
de realizar contrataciones profesionales pero que no todas tuvieron la oportunidad
de reforzar sus equipos ante una situación desbordante y caótica.
Los profesionales muestran su satisfacción con los esfuerzos personales
realizados para adaptarse a las condiciones, a pesar de que ello significara dedicación
extra de tiempo y mayor exposición al riesgo, y en muchos casos su salud se
ha visto afectada por el estrés, la angustia y contención emocional que
han realizado con los grupos de población más afectados por esta crisis
sanitaria, económica y social.
El informe destaca que la identidad de las personas usuarias del sistema público
de servicios sociales es el de una mujer, de origen español, con estudios
secundarios, con cargas familiares y con cierto grado de cronicidad en las intervenciones
sociales.
Sin embargo, durante el estado de alarma y los posteriores meses como consecuencia
de la covid-19, se ha observado un cambio en el perfil en tanto que sí
se ha mantenido el perfil previo, pero se ha incorporado el de personas que han
visto cómo su economía familiar se veía directamente afectada por
el confinamiento y la tardanza en recibir ayudas económicas impulsadas por
el Gobierno central.
Muchos de los nuevos perfiles se identifican con personas cuya principal fuente
de ingresos se debe en gran medida o en su totalidad a la economía sumergida.
En casi todos los centros han podido seguir atendiendo tanto a quienes ya habían
solicitado ayuda antes de la pandemia, como a los nuevos solicitantes, si bien,
esta atención se ha focalizado en la asistencia y ayuda económica,
en detrimento de la atención más propia del trabajo social, como el
apoyo a la dependencia, los programas formativos, los proyectos de trabajo social
en grupo y los programas de intervención comunitaria.
Otro perfil que han precisado de la intervención de servicios sociales han
sido las personas mayores que hasta ese momento no necesitaban mucha más
asistencia que un servicio semanal de atención a domicilio o la prestación
de teleasistencia, porque veían organizadas y cubiertas sus necesidades con
el apoyo familiar, vecinal y asociativo del municipio o del barrio, interrumpido
a consecuencia del confinamiento.
Relacionado con la dificultad de hacer visitas, está la suspensión de
parte del servicio de ayuda a domicilio, algo que cuando ha ocurrido ha sido siempre
por petición de las familias, pero cuyos efectos son inciertos.
La dificultad para llevar a cabo visitas a domicilio preocupa a los trabajadoras
sociales, sobre todo en lo referente a menores y violencia de género porque
aunque se han mantenido las medidas de protección en los casos especialmente
graves, no se han podido realizar los seguimientos igual que antes.
Los investigadores continuarán analizando el impacto de la pandemia en
este sistema y se estudiarán nuevas prácticas profesionales, así
como los diferentes retos a los que se enfrenta el sistema público de servicios
sociales.
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