También alertan del alcance de la crisis social y económica y del preocupante aumento de vidas precarias y en riesgo
MADRID.- Profesionales de los Servicios Sociales de seis comunidades autónomas,
entre ellas Aragón, alertan de que todos estos meses de limitaciones a la atención
presencial causados por la pandemia pueden estar escondiendo situaciones familiares
de grave conflicto, como violencia, menores en situación de abandono o
afecciones emocionales graves.
Así lo han advertido investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid,
de las Islas Baleares, del País Vasco, Salamanca y la Universidad de Zaragoza
en el segundo Informe del Monitor de Impacto de la Covid-19 en los Servicios
Sociales, en el que participan 52 centros de Servicios Sociales de Andalucía,
Aragón, Baleares, Castilla y León, Euskadi y Madrid.
En este segundo informe -financiado por el Instituto de la Administración Pública
(INAP)-, las investigadoras advierten de que la reducción de visitas domiciliarias,
unida a la menor presencialidad en colegios y centros de salud, hacen que los servicios
sociales pierdan capacidad para detectar situaciones de crisis en los hogares
como violencia, enfermedad mental o menores en situación de abandono.
También alertan del alcance de la crisis social y económica y del preocupante
aumento de vidas precarias y en riesgo de extrema pobreza de muchas familias
españolas, así como de la soledad, impotencia y depresión de personas
que antes estaban "integradas" pero a las que por no llegar el ERTE o por
haberse acabado se les agotan los ahorros y no tienen manera de generar ingresos.
La muestra cuenta con la participación de 52 coordinadores/as de centros de
Servicios Sociales municipales repartidos por diferentes comunidades autónomas
que coinciden en identificar nuevos perfiles de personas usuarias que hasta el
momento nunca habían estado en Servicios Sociales, principalmente trabajadores
del sector servicios o con empleos en la economía sumergida.
Y avisan de que la finalización de los contratos temporales, el cierre de la
hostelería y el fin de los ERTEs puede acabar con la estabilización de
las demandas que se había experimentado en los meses otoñales y provocar
un "preocupante" aumento de las solicitudes de ayuda para los que
puede no haber recursos suficientes.
"La compleja situación que se está viviendo tanto en el sistema sanitario
como en el sistema de Servicios Sociales hace que
las trabajadoras sociales se sientan agotadas, preocupadas y con cierto desconcierto
porque advierten de que lo que está por llegar va a ser peor y no saben
muy bien cómo van a poder hacer frente a la situación de crisis social
que ya se percibe", señalan.
Por otra parte, indican que el hecho de que los efectos de la pandemia sean generalizados
ha traído consigo que muchas personas acudan a Servicios Sociales sin sentir
vergüenza, lo que califican como algo positivo ya que supone un reconocimiento
a la labor de estos profesionales.
El monitor del impacto en Servicios Sociales tiene previsto el seguimiento hasta
septiembre del 2021 con la publicación de informes cada dos meses.
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