El Tribunal de Justicia de la UE reconoce que están en abuso de temporalidad y que se les debe hacer fijos
HUESCA.- Algo más de medio centenar de trabajadores temporales públicos
se ha concentrado este mediodía ante la Subdelegación del Gobierno
en Huesca para reclamar que se cumpla la sentencia del TJUE (Tribunal de
Justicia de la UE), que dictamina que están en abuso de temporalidad, algunos
desde hace más de 20 años, y que la sanción para las Administraciones
Públicas debe ser hacer fijos a estos empleados. En el Ayuntamiento
oscense algo más del 30 por ciento de sus trabajadores es temporal y en
la DGA el porcentaje se eleva al 47 por ciento, han apuntado representantes
de los trabajadores.
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Convocados por el movimiento 15F (que agrupa a sindicatos y plataformas de estos
trabajadores), los concentrados también han registrado en Subdelegación
una petición dirigida al Ministerio de Función Pública para que
se regularice su situación administrativa.
Según han explicado Nieves Gude (peón de Brigadas en el Ayuntamiento
oscense) y María Gómez (interina de la DGA y del sindicato Stepa), todo
esto comienza hace más de 20 años, en 1999, con una directiva
de la UE sobre condiciones laborales que se transpuso al sector privado pero
no al público. "Todo el mundo entiende que esto en lo privado es, vencidos
los plazos de renovación de contratos, es o despido o fijo.(...) Nos llevamos
las manos a la cabeza porque Europa dice también se debe aplicar en los
servicios públicos, pero durante 20 años todas las Administraciones y
todos los partidos de uno y otro color han mirado a otro lado y no han resuelto
el problema", ha afirmado Gómez.
Y la sentencia del TJUE que da la razón a los trabajadores que sufren abuso
de temporalidad tampoco parece solucionar las cosas. Casi un año después
del dictamen judicial, el Ayuntamiento oscense no ha hecho "ningún
movimiento". "Siguen con sus procesos de estabilización. Para nosotros
no estabilizan a la persona, sino que es sacar los puestos que ya están sacados
temporalmente desde hace 26, 25 ó 30 años", ha señalado Gude.
Lo mismo ocurre en la DGA, que "hace oídos sordos" a estas reclamaciones,
ha agregado Gómez. Su sindicato, Stepa, contactó con todos los grupos
políticos y uno de ellos, el PAR, llevó una enmienda al Senado, donde
se aprobó, para modificar los Presupuestos Generales del Estado para proceder
a esta regularización administrativa de los temporales. La misma propuesta
se presentó en las Cortes de Aragón para modificar los presupuestos autonómicos
pero fue rechazada.
De forma simultánea a todo ello, numerosos temporales han demandado en los
tribunales su situación, antes incluso de que el TJUE se pronunciara. En
el Ayuntamiento de Huesca hay unos 70. Gómez ha explicado que los trabajadores
que han demandado no pueden ser cesados hasta que no se resuelva si hay un proceso
selectivo y alguien obtiene esa plaza. Si no ha demandado, "se va a la calle
con una mano delante y otra detrás" y "ya no puede acudir a la justicia".
Tanto Gude como Gómez han recalcado que no están en contra de las OPE,
mientras están sean "legales en tiempo y forma", cualidades que ya
no se cumplen para los trabajadores temporales en abuso de temporalidad desde hace
tantos años.
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