Xavier SALVADOR PANIELLO 14/12/2008
Decía Lutero (1483-1546) que uno no es solamente responsable de lo que dice,
sino también de lo que no dice. Lo traigo a colación a propósito
de la campaña iniciada por dos alcaldes del sur del Somontano para recuperar
una parte del arte sacro de sus pueblos que emigró a la diócesis de Lleida.
Tanto Obdulia Gracia (PP), desde Peralta de Alcofea, como Miguel Ángel Puyuelo
(CHA), en Berbegal, están animosos y entusiásticos con la reivindicación
de tres piezas artísticas vinculadas a sus parroquias que en diferentes momentos
de la historia reciente abandonaron sus pueblos por razones nunca del todo conocidas
ni suficientemente justificadas.
Los alcaldes exigirán la devolución del frontal de El Salvador, de Berbegal;
la tabla de San Pedro, de Peralta; y el monumental pórtico de la iglesia antigua
de El Tormillo, localidad que también forma parte del municipio que preside
Gracia. Esos bienes quedaron fuera de la primera reclamación realizada por
Monzón-Barbastro. Contencioso que, pese a recibir los beneplácitos de
la jurisdicción eclesiástica, se encuentra encallado políticamente
en un litigio que enfrenta al Gobierno de Aragón y a la Generalitat de Catalunya.
Los alcaldes, en nombre de las parroquias y los parroquianos, han abanderado un
nuevo movimiento de reivindicación que pretende restituir a su lugar de origen
esas tres piezas de su patrimonio histórico.
Gracia y Puyuelo están legitimados por el cargo que desempeñan para realizar
esa reclamación en nombre de la Iglesia y de una ciudadanía que durante
demasiado tiempo permaneció impasible ante la jerarquía eclesiástica,
verdadera responsable del baile que vivieron numerosas obras del arte sacro. Basta
decir que en su historia El Tormillo ha dependido de las jurisdicciones eclesiásticas
de Roda-Barbastro (SXII), Huesca (SXII-XVI), Lérida (SXVI-XX) y, nuevamente,
del obispado oscense desde el 2 de septiembre de 1955. A lo largo de la historia,
muchas de esas parroquias constituyeron moneda de cambio entre los diferentes obispados
cada vez que se modificaban los límites jurisdiccionales y debían equilibrarse
los ingresos de la mensa episcopal.
Fue precisamente durante los últimos años de pertenencia al obispado de
Lérida cuando se produjo la emigración masiva (expolio lo llaman algunos
autores) de la mayoría de piezas de arte sacro ahora reclamadas. Entre otras,
las tres citadas en la reivindicación de los dos munícipes.
La iglesia se financió durante siglos gracias a los diezmos y otras aportaciones
que los parroquianos estaban obligados a realizar de manera periódica. De ahí,
que las piedras, las tallas, los cuadros o los cálices que ahora se reclaman
fueran pagados con el esfuerzo, el sudor y la opresión a que fueron sometidas
generaciones enteras de altoaragoneses. Y ése es un argumento moral de mayor
dimensión que cualquier otra consideración jurídica del presente.
Sea civil, administrativo o eclesiástico, el derecho debe acabar recompensando
a los descendientes de aquellos oscenses con la legitimidad de esas propiedades.
Pero la legitimidad histórica y moral no es la única consideración
que debe observarse en este proceso. Con frecuencia se olvida que ese patrimonio
es también un elemento histórico y cultural de primer orden. En este debate
infectado de sentimentalismos diversos, en ocasiones la razón parece orillada
a favor de la pasión. Y ese contexto, amigos alcaldes, es un mal negocio, además
de un pésimo consejero.
Antes de iniciar el proceso de reivindicación, ¿cuántos estudios
se han realizado para avalar los argumentos históricos de la reclamación?,
¿cómo se financiará la restauración de los bienes si algún
día retornan a su lugar de origen?, ¿quién pagará la conservación
y el mantenimiento?, ¿han pensado en cómo exponerlos y contribuir a su
divulgación? ¿y la seguridad? Hasta la fecha, todo parece fiado a una
doble petición: que se devuelvan esas tres piezas del arte sacro y que el Gobierno
de Aragón ayude económicamente. ¿A qué y para qué?.
El sur del Somontano, adonde no llegan los beneficios de la industria vinícola,
ni del turismo de aventura, donde nadie ha sabido explotar el turismo cultural o
la belleza del paisaje estepario, sigue abandonado por más que recupere un
cierto espacio en los medios de comunicación con este asunto. Las localidades
de Berbegal, Ilche, Peralta de Alcofea, Morilla, Lagunarrota, El Tormillo y La Masadera
(ahora de Los Monegros) conforman un espacio con un patrimonio histórico medieval
intenso y con muestras del arte románico de primer orden que se encuentran
en un estado de abandono o degradación tan decepcionante como peligroso. ¿Cuánto
tiempo dedican los dos alcaldes a reivindicar lo que no tienen? ¿Es equivalente
al que dedican a conservar, mejorar y poner en valor lo que ya poseen? La respuesta
deberían darla ellos, pero me avanzo sin temor a equivocarme: el sex-appeal
político de la reclamación tiene una dimensión mayor que el de cuidarse
de lo existente.
El ejemplo vive en una de esas localidades. El Tormillo cuenta con un antiguo poblado
altomedieval llamado La Torraza, que dio lugar a la actual población y que
-tras ser abandonado por sus habitantes en el siglo XVII-- conserva una de las mejores
necrópolis de Aragón de esa época, con un buen número de tumbas
antropomorfas talladas en la piedra. Pues bien, no les invito a visitarlo, porque
podrían deprimirse al apreciar cómo se deteriora aceleradamente una muestra
de nuestra historia sin que, de momento, nadie actúe decididamente a favor
de su recuperación. Sí que les aseguro, también sin miedo a errar,
que si ese mismo yacimiento estuviese en otras comunidades autónomas españolas
sería visitado diariamente por estudiosos, investigadores, colegios, institutos…
Posiblemente, desde hace años se habría instalado allí un centro
de interpretación consagrado a la Alta Edad Media, al arte funerario medieval
o cualquier otro concepto histórico que aprovechara el enclave para su puesta
en valor y divulgación. A estas alturas del siglo XXI, la desidia administrativa,
sin valorar qué nivel de administración es el responsable de esos desaguisados,
es manifiesta.
Puyuelo es ahora el vicepresidente de la Comarca del Somontano de Barbastro y miembro
de la Comisión de Patrimonio. Es decir, tiene responsabilidades comarcales
en materia de recuperación del patrimonio histórico, cultural y artístico.
Sospecho que sus esfuerzos están más enfocados a los menesteres de la
reclamación que a la actuación efectiva sobre lo que ya se posee, aquello
a lo que no es necesario ponerle una etiqueta de propiedad. Una lástima.
Gracia y Puyuelo merecen toda la admiración por haberse adentrado en ese jardín
que durante años nadie cuidó. ¡Ojalá obtengan todo el éxito
en su cruzada en pos del patrimonio emigrado! Pero deberían ser los primeros
en luchar y vencer en los dos frentes: el interno y el externo. Sólo así
se desvanecerán las dudas que su bienintencionada actuación suscitan entre
quienes consideramos que, como Lutero, uno es responsable de lo que dice y hace,
pero también de lo que no dice o hace.
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