Aragón, a través de su gobierno y en general de todas las fuerzas políticas,
prioriza la seguridad y la salud frente al ventajismo y la ocultación. Es muchísimo
más responsable, una demostración del compromiso que la función pública
debe sostener por respeto y dedicación a sus ciudadanos. Y, sin embargo, existe
una cierta sensación de contrasentido entre la proyección de la realidad
aragonesa a la opinión pública a través de la publicada. El hecho
de que el ejecutivo, por la impecable actuación de los profesionales sanitarios
y administrativos, esté aportando las estadísticas reales sobre contagios
y la evolución del coronavirus, constituye una protección pero, a la par,
desprende la sensación de que la virulencia de la patología está
extendida en mayor medida comparativamente con otras comunidades y, especialmente,
con la vecina.
La aparición de un gráfico en la televisión pública en la que
nuestra región estaba entre Estados Unidos y Brasil, y muy por encima de la
media española, en cuanto a los infectados en las dos últimas semanas
repercute negativamente no sólo en la imagen, sino también en los sectores
económicos que dependen del retrato real de una comunidad en permanente aplicación
de las medidas de seguridad pero con una coherencia en las explicaciones de los
datos. Mientras, se reiteran los disparates de la incongruencia entre las estadísticas
del Ministerio y las de la Generalitat, que va por libre también en los parámetros
que maneja de tal forma que en sus cuadros los asintomáticos no asoman. Es
imperativo terminar con este sainete en el que las comunidades transparentes se
ven penalizadas en su desarrollo mientras las opacas obtienen beneficios -cortoplacistas,
por supuesto- de su negligencia falsaria.