Carme Forcadell admite la desobediencia al Constitucional

MADRID.- La expresidenta del Parlament Carme Forcadell reconoció que no atendió las advertencias del Tribunal Constitucional ni de los letrados de la cámara catalana respecto al 1-O "para no censurar el debate parlamentario", pero negó que dirigiera "ninguna estrategia" hacia la independencia de Cataluña.

Aunque sobre Forcadell pesa una acusación de rebelión de la Fiscalía, de hasta 17 años de prisión, su interrogatorio ante la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal estuvo protagonizado por su rol como máxima representante del Parlament a la hora de tramitar iniciativas que ignoraban al Constitucional (actuación más cercana a una desobediencia), más que por alusiones a la violencia, que marcan el tipo de la rebelión.

En este tira y afloja marcadamente técnico entre fiscal y acusada, Forcadell no escondió que su prioridad era "favorecer el debate" y "no permitir que entre la censura en el Parlament".

"El TC nos estaba pidiendo una cosa que es imposible. ¿Cómo puede convertirse la Mesa del Parlament en un órgano censor, que decida de lo que se puede hablar y de lo que no?", dijo la acusada, quien en todo momento limitó sus competencias a un papel de arbitraje frente a la soberanía de la cámara catalana.

Nada, dijo, salvo el respeto a los derechos humanos, puede condicionar ni poner límites a la libertad de expresión ni al debate parlamentario, ni las sentencias del Constitucional ni los informes de los letrados de la cámara que, matizó, no son vinculantes.

Ello no significa que se ponga por encima del Constitucional, al que "respeta muchísimo", ya que "en ningún momento ningún miembro de la Mesa tenía en su voluntad desoír los mandatos del TC".

Lo que ocurre es que este órgano, dijo, "se ha politizado", una afirmación convertida ya en un eslogan en este juicio para justificar la desobediencia a sus advertencias. Ella recibió cinco.

Forcadell, en prisión desde marzo, explicó que no suspendió el polémico pleno del 6 y 7 de septiembre - que aprobó las denominadas leyes de desconexión- por respeto a la oposición, cuando precisamente los grupos no independentistas la acusan de pisotear sus derechos como diputados.

Y también se desmarcó por completo de cualquier plan hacia la independencia, para echar por tierra el relato de la Fiscalía, que veía en Forcadell a la líder del pilar legislativo que da soporte a la hoja de ruta independentista.

"Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia a la independencia, me limité a cumplir con mi cargo como presidenta del Parlament", manifestó Forcadell, única acusada que no fue cuestionada por el documento Enfocats, pese a aparecer citada en él, y a la que menos alusiones a la violencia hizo la Fiscalía.

Aunque sí que dejó claro lo siguiente: "Jamás, jamás he alentado un acto de violencia. Estoy dispuesta a renunciar a mis convicciones si comportan violencia".

Forcadell no despejó el enigma de la procedencia de las urnas del 1-O: "No lo sabe nadie, me gustaría saberlo".

Y de la misma forma se sumó al pensamiento unánime del resto de acusados de que la declaración unilateral de independencia (DUI) carece de consecuencias jurídicas pues el preámbulo de la resolución del 27-O, que aludía a la declaración unilateral de independencia, no se votó, solo se leyó. Tras reiterar varias veces que se trataba de una "declaración política sin trascendencia jurídica", la fiscal le preguntó si se trataba entonces de "una mentira, una broma, un teatro o un sainete". "No sé si considera que la política es una farsa o un sainete; a mí me parece una cosa seria", respondió la acusada visiblemente molesta.

Forcadell defendió el papel del Parlament.