La Fiscalía avala la candidatura de Puigdemont a las elecciones europeas

MADRID.- La Fiscalía de Madrid se mostró este viernes a favor de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid estime el recurso presentado por la candidatura Lliures per Europa (Junts) contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí de las listas para las elecciones europeas el próximo 26 de mayo.

En su escrito dirigido al juzgado, el Ministerio Público afirma que la resolución de la JEC "no es ajustada a Derecho, en cuanto vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo" de Puigdemont, Comín y Ponsatí. A lo largo de nueve folios, el fiscal se apoya en el voto particular discrepante que acompañaba la resolución del organismo supervisor, emitido por cuatro miembros, en el que se consideraba que la JEC debía haber apostado por una interpretación más favorable del ordenamiento jurídico primando el derecho a la participación política. Según la resolución de la JEC, adoptada el pasado 29 de abril, los tres políticos catalanes no pueden ser electores y tampoco "elegibles" porque no figuran adecuadamente en el censo electoral.

Explica el acuerdo que Puigdemont y sus consejeros aparecen como residentes en España pese a que "es notorio" que no están en esos municipios, sino que "desde hace dos años están fuera del territorio nacional para evadirse de la acción de la justicia". Si bien, la Fiscalía recuerda que la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), en su artículo 7.2, permite medios de prueba alternativos al censo de electores como que el interesado reúna "todas las condiciones exigidas para ello". El fiscal aprovecha este informe para afear que Junts, así como los tres procesados huidos, hayan presentado sendos escritos ante el Supremo, alegando que la legislación es "confusa". La Fiscalía asegura que no existe "margen para la inseguridad jurídica" sobre quién tiene la competencia judicial para estudiar estos recursos.

"Esto se traduce en un claro abuso de derecho por parte de los recurrentes", dicen desde el Ministerio Público.