El TSJC cita como imputado al alcalde de Agramunt y diputado de ERC por el 1-O

BARCELONA.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como investigado para el próximo 4 de junio al alcalde de Agramunt (Lleida) y diputado de ERC en el Parlament, Bernat Soler, por un delito de desobediencia por participar en la organización del 1-O en el municipio.

En un auto, la magistrada del TSJC Mercedes Armas fija fecha para interrogar al alcalde, investigado a raíz de una querella de la Fiscalía Superior de Cataluña que le acusa de participar de forma "activa" en la organización de la votación del 1-O en Agramunt, celebrada en una escuela de primaria de titularidad municipal.

La querella, que investiga el TSJC dada la condición de aforado del alcalde y diputado del Parlament, deriva de la instrucción que en vísperas del referéndum dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se abrieran diligencias a los alcaldes que lo apoyaran.

La Fiscalía basa los indicios incriminatorios contra el alcalde en un artículo publicado en una revista municipal, sin firma, que informa de un acto celebrado el 25 de septiembre en el que Soler llamaba a participar en el 1-O, cuando el referéndum había sido ya suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).

En esa misma revista, añade el fiscal, se publicó bajo la firma de "Joan" otro artículo que explicaba que el alcalde de Agramunt decidió parar la votación que se llevaba a cabo en el municipio el 1-O cuando se percató de la llegada de vehículos policiales, y que se escondieran en la casa de un particular urnas, papeletas y "documentación comprometedora".

El ministerio público recuerda además en su querella que, de acuerdo con ese artículo, el alcalde reunió a las 19:00 horas a todos los componentes de las mesas de votación y organizadores del 1-O y les propuso acabarla antes de la hora prevista.

Por ese motivo, además de abrir diligencias de investigación, la juez ha acordado requerir a la dirección de la revista, llamada "Sió, la revista d'Agramunt i de la Ribera", para que le entregue un ejemplar original del número especial que publicó con motivo del referéndum del 1-O.

Asimismo, ha solicitado al Tribunal Constitucional la notificación que en su día recibió Soler de la providencia que suspendía el referéndum y advertía a los poderes públicos de su obligación de impedir cualquier iniciativa encaminada a materializarlo.

El auto dictado por la juez del TSJC puede ser recurrido, aunque la magistrada advierte de que ello no implicará en ningún caso la suspensión del proceso abierto por desobediencia.

La instrucción de la Fiscalía General del Estado -que adjuntaba un listado de 712 ayuntamientos que, según la web de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), habían aprobado decretos para poner a disposición del Govern sus locales- motivó que se abrieran diligencias a decenas de ediles de toda Cataluña.

Fruto de esas investigaciones, año y medio después la Fiscalía ha presentado apenas media docena de denuncias o querellas contra alcaldes a los que acusa de haber seguido participando en la organización del 1-O tras su suspensión por el Tribunal Constitucional.