La justicia belga aplaza la vista sobre la euroorden de Puigdemont al 16 diciembre

BRUSELAS.- El tribunal de primera instancia belga a cargo de la euroorden contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont concedió este martes un aplazamiento de la vista sobre el caso hasta el próximo 16 de diciembre, para dar tiempo a la defensa del exmandatario a presentar más alegaciones escritas.

La defensa de Puigdemont había avanzado ya que pediría posponer la vista que estaba fijada para este martes en la Cámara del Consejo -el tribunal neerlandófono que lleva el caso- para poder presentar observaciones por escrito.

"Finalmente el tribunal ha aceptado nuestra petición de aplazar la vista hasta el 16 de diciembre. En diciembre nos volveremos a poner en manos de la Justicia, como siempre a trabajar con plena independencia y plena profesionalidad", afirmó Puigdemont.

Puigdemont estaba citado a responder a puerta cerrada en este tribunal por la euroorden reactivada contra él por el Tribunal Supremo español por presuntos delitos de sedición y malversación, tras publicarse la sentencia sobre el referéndum secesionista ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

No obstante, la vista fue breve porque el juez accedió a la petición de la defensa de Puigdemont de conceder un tiempo adicional para que haya más precisiones por escrito, por lo que la audiencia en sí fue pospuesta.

El abogado de Puigdemont Simon Bekaert confirmó que el ministerio público belga es partidario de entregar a España al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont por los delitos que recoge la euroorden en su contra, sedición y malversación, alineándose así con la tesis del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

"Por supuesto, contestaremos esto a través de observaciones escritas. Invocaremos la inmunidad y usaremos los mismos argumentos que hace dos años, porque están en juego los mismos argumentos y algunos adicionales", afirmó Bekaert.

Según la defensa del exmandatario catalán, el juez de instrucción escuchará los argumentos de las partes el próximo 16 de diciembre, información que tendrá en cuenta junto a lo aportado en las alegaciones por escrito, y podría trasladar algunas preguntas técnicas durante esa vista, que se prolongará más que la de este martes.

El juez determinará entonces una fecha para dar a conocer su decisión, que podría conllevar la entrega a España de Puigdemont o el rechazo de la misma, pero también la remisión de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso.

Otro de los letrados de Puigdemont, Gonzalo Boye, apuntó a que la Fiscalía belga "no se opone a la extradición" y dijo que desarrollarán su defensa basándose en principios como "el tema de la inmunidad (europarlamentaria), la vulneración de derechos civiles y políticos, los derechos fundamentales y las garantías de debido proceso".

También harán mención a la presunción de inocencia del exmandatario catalán, un ámbito en el que, consideró, "ayudan mucho" las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, esta mañana sobre el caso ante la Justicia belga.

Calvo advirtió de que el Gobierno español no entendería que el Estado belga "no entregue a quienes están huidos de la Justicia española" y tomará las decisiones que considere oportunas si Bélgica se niega finalmente a entregar a Puigdemont.

"La ministra Calvo ha dicho que esto afectaría a las relaciones políticas y diplomáticas entre Bélgica y España cuando estamos hablando de un tema estrictamente judicial, o eso creíamos nosotros", señaló Boye preguntado por este asunto.

"Vamos a trabajar como lo hemos hecho hasta ahora. Estamos muy tranquilos respecto al resultado final", añadió Boye.

Tras una primera comparecencia de Puigdemont ante el juez a mediados de este mes, el juez instructor del caso dejó al expresidente de la Generalitat en libertad sin fianza pero con medidas cautelares, exigiéndole que declare una residencia fija, que esté a disposición de las autoridades judiciales en todo momento y prohibiéndole salir de Bélgica.

El tribunal decidirá si acuerda la entrega o no a España de Puigdemont, decisión ante la que cabe recurso en apelación, primero, y en casación, después.

El plazo normal del proceso es de un máximo de 60 días que pueden ampliarse a 90, si bien podría prolongarse excepcionalmente más allá de los tres meses.