DATOS ECONÓMICOS
El salario mínimo sube hasta 950 euros brutos en 2020
Ejecutivo, sindicatos y patronal acuerdan este aumento que supone 50 euros más
MADRID.- El Gobierno, los sindicatos y la patronal acordaron este miércoles una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2020 del 5,5 %, hasta 950 euros brutos mensuales, anunció la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Además, el Ejecutivo de Sánchez derogará por decreto ley el despido por absentismo, según se anunció también.
El incremento del salario mínimo supone 50 euros más respecto a los 900 euros fijados para 2019, tras un alza histórica del 22,3 %.
El acuerdo se cerró en la reunión que este miércoles mantuvieron la ministra, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de Ceoe y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva.
La ministra confirmó que la subida tendrá carácter retroactivo a 1 de enero de 2020, aunque "por prudencia" no confirmó si se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes o en el siguiente.
El alza se aprueba por real decreto, figura legislativa que no requiere de convalidación parlamentaria, ya que es potestad del Ejecutivo.
La ministra señaló que aunque el alza impacta directamente sobre un colectivo de alrededor de 2 millones de trabajadores las subidas del salario mínimo tienden a arrastrar este aumento al conjunto de las remuneraciones.
Además, negó categóricamente que la subida del SMI tenga un impacto negativo sobre la creación de empleo y aseguró que las dificultades de las que se quejan los empresarios agrícolas, por ejemplo, se deben a "factores estructurales graves" que no tienen que ver con los costes laborales sino con la estructura de precios del sector.
Por otro lado, el Gobierno aprobará "en breve" un decreto ley para derogar el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por absentismo laboral intermitente en un determinado periodo de tiempo, aunque esté justificado.
Díaz explicó que el decreto ley está "redactado y listo", pero que aún queda por recabar la opinión de los propios agentes sociales y de todos los partidos políticos, dado que se trata de una figura legislativa que requiere de la convalidación parlamentaria.
