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TRIBUNALES

Botín y De Guindos, llamados a declarar por el caso Popular

La presidenta del Santander declarará como testigo el 28 de mayo y el exministro de Economía, el 2 de abril

Ana Botín fue reelegida presidenta del Santander con el 98,3% de los votos
Ana Botín fue reelegida presidenta del Santander con el 98,3% de los votos
EFE

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, para que declare en calidad de testigo el próximo 28 de mayo en la causa que investiga las dos últimas gestiones del Banco Popular, adquirido por el primero tras su resolución. En una providencia fechada este martes, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 emplaza además al que fuera presidente no ejecutivo del Santander España en junio de 2017, esto es, cuando se produjo la compra del Popular, Rodrigo Echenique, para el próximo 4 de junio, igualmente como testigo.

Ambas comparecencias han sido solicitadas por una de las acusaciones particulares, según explica el juez, que también ha dado a conocer que el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, comparecerá finalmente por videoconferencia el próximo 2 de abril. Calama atiende, de este modo, la petición del "número dos" de Christine Lagarde en el organismo, que ya declaró siguiendo esta misma fórmula en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Ya a finales del pasado enero, el exministro solicitó testificar por escrito, puesto que, dado su cargo en el BCE, se encuentra residiendo temporalmente en Fráncfort (Alemania).

Semanas después, el juez reiteraba su interés por que la declaración fuera presencial, motivo por el que instaba a De Guindos a acudir como "cualquier ciudadano, conjugando así sus responsabilidades profesionales con su deber de colaborar con la Justicia". No obstante, dejaba abierta la puerta para que, de querer acogerse al derecho a declarar por escrito que le asiste como exmiembro del Gobierno, lo expresara "de forma taxativa".

La causa comenzó en octubre de ese año, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

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