MADRID.- Víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo han presentado sendos escritos en la Audiencia Nacional para que los únicos tres procesados por los atentados del 17A sean acusados como coautores de los asesinatos perpetrados el 17 de agosto de 2017.

Según informan en un comunicado, la asociación, que ejerce la acusación popular, y más de sesenta víctimas solicitaron el viernes la renovación del auto de procesamiento dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, paso que también tiene intención de dar la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

En ese auto se atribuyó a los detenidos delitos de integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos, estragos y colaboración con actividades de organización terrorista, pero no se les responsabilizó de los 16 asesinatos y los 140 heridos en la masacre porque los presuntos autores murieron abatidos por los Mossos d'Esquadra o en la explosión del chalé de Alcanar (Tarragona).

Los víctimas piden que se procese a Driss Oukabir y a Mohamed Houli Chemlal por la comisión de 15 delitos de asesinatos terroristas consumados, 140 delitos de asesinatos terroristas intentados y 140 delitos de lesiones terroristas.

Solicitan que a los dos, y también a Said be Iazza, se les procese asimismo por delito de estragos y por la comisión de 29 delitos de lesiones imprudentes causadas por las explosiones de Alcanar, y que se amplié el procesamiento al tercer detenido por los delitos de transporte, depósito y tenencia de explosivos y estragos en grado de tentativa.

En opinión de estas víctimas, Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal deben ser procesados "por los delitos que se derivan de los actos ejecutados materialmente por los demás integrantes de la célula", que se habían conjurado para realizar uno o varios atentados de grandes dimensiones en el marco de la estrategia de la organización terrorista

DAESH

Fuentes de la AVT han avanzado a Efe que también van a pedir la revocación del auto de procesamiento.

De ser finalmente anulado, la Sala de lo Penal tendría que devolver el sumario al Juzgado de instrucción para dictar un nuevo auto de procesamiento y citar de nuevo a los tres imputados para tomarles declaración indagatoria para comunicarles esa nueva resolución, que previsiblemente recurrirían después sus defensas.

Estos trámites, de llegarse a producir, retrasarían varios meses el señalamiento del juicio, que tras el parón por la emergencia sanitaria, se barajaba que pudiera fijarse para después del verano.

Los tres procesados cumplen en agosto tres años encarcelados de forma provisional a la espera de juicio.