MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Abel Caballero, firmaron este martes en La Moncloa el acuerdo que permite a los ayuntamientos usar sus remanentes y habilita 5.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado a fondo perdido.

En un ambiente distendido y sin intervenciones, Sánchez, acompañado de las ministras de Hacienda y Política Territorial, María Jesús Montero y Carolina Darias, y de Abel Caballero, suscribieron el acuerdo, que este martes mismo también recibió el visto bueno del Consejo de Ministros.

Durante el acto, que duró unos minutos, Sánchez y Caballero se intercambiaron unas palabras y coincidieron en que se trata de un "buen acuerdo".

En un mensaje en Twitter, Sánchez ha subrayado que esta medida permitirá "impulsar, también desde los ayuntamientos, la recuperación del país".

En el tuit, el presidente ha considerado "clave" dotar a los pueblos y ciudades "de los recursos necesarios para que puedan paliar los efectos del Covid y contribuir a la reconstrucción económica y social".

Además de las ministras Darias y Montero, participaron en el acto, por parte de la Femp, los alcaldes de Valladolid y Toledo, los socialistas Óscar Puente y Milagros Tolón, además del alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, de IU. También asistió el secretario general de la Femp, Carlos Daniel Casares.

Horas después, el Consejo de Ministros aprobó este real decreto-ley de medidas financieras, de carácter extraordinario.

RESPUESTA DE LA FEMP

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, salió al paso de las críticas que ha concitado el acuerdo sobre remanentes de ayuntamientos alcanzado con el Gobierno y acusó al PP de hacer "pura política partidaria".

Caballero señalaba que el PP parece que "no soporta" que el Gobierno de Sánchez haya aprobado este "gran acuerdo" y acusó a los "populares" de hacer "pura política partidaria". Alcaldes como el de Zaragoza se han quejado, ya que al tener deudas no pueden acceder a los 5.000 millones.