BARCELONA.- Los letrados del Parlamento catalán decidieron, en un gesto inusual de visibilidad pública, alzar la voz en defensa del secretario general de la cámara catalana, Xavier Muro, frente a las presiones de JxCat y del propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que fuese destituido por "censurar" resoluciones. Las presiones arreciaron después de que el "Parlament" publicara en su boletín oficial las resoluciones aprobadas el viernes en el pleno extraordinario sobre la monarquía, suprimiendo los puntos que los letrados ya habían advertido que no se publicarían porque podían contravenir las advertencias del Tribunal Constitucional (TC).

Quedó fuera, por ejemplo, la reprobación al Rey Felipe VI o el fragmento en que se hablaba de la "monarquía delincuente". Al final del texto publicado en el Boletín Oficial del Parlamento autonómico se adjuntaba una nota de Muro en la que esgrimía su "deber" de "impedir o paralizar cualquier actuación jurídica o material que pueda suponer el incumplimiento" de las decisiones del Constitucional.

Desde el pasado lunes, JxCat y el propio Quim Torra han exigido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que se publiquen de manera íntegra las resoluciones sobre el Rey y que el secretario general de la cámara sea destituido por haberlas "censurado". Hasta ahora, Torrent, principal cargo institucional de ERC, ha guardado silencio y ha evitado polemizar con JxCat, pero quienes sí decidieron dar un paso al frente fueron los letrados.

En un escrito dirigido a la Mesa del Parlamento catalán y firmado por nueve letrados -incluido el propio Muro, el letrado mayor, Joan Ridao, así como Esther Andreu, Mercè Arderiu, Antoni Bayona, Anna Casas, Ferran Domínguez, Clara Marsan y Miquel Lluís Palomares-, expresaron su "pleno apoyo" al secretario general. Muro, subrayaban en su escrito, ha actuado según su "condición de jefe de la administración parlamentaria, con total independencia y profesionalidad".

La Junta de Letrados recordó, por otra parte que el Tribunal Constitucional ha "impuesto personalmente al secretario general el deber de cumplir sus resoluciones y de no realizar actos jurídicos o materiales" que puedan "ignorar o eludir este deber" y le ha advertido de las "posibles responsabilidades", incluso penales, en caso de incumplimiento.