La patronal de las residencias reclama que se garanticen las PCR

MADRID.- El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAP) reclamó este miércoles que el Sistema de Salud Pública "garantice en todas las regiones la realización de PCR, coordinación real y efectiva entre los servicios sociales y sanidad y medios humanos y materiales" para responder a los brotes de covid-19 que puedan producirse en las residencias de mayores.

En declaraciones a Europa Press sobre esta materia, la presidenta de CEAP, Cinta Pascual, rechazó que deban ser las residencias de ancianos las que tengan que pagar los PCR de los trabajadores de los centros. "Creo que nadie ha entendido nada. El 70 % de las personas que cuidamos son plazas públicas", argumentó, para después cuestionar: "¿Cómo se puede estar planteando esto?".

En este sentido, la patronal indicó que las residencias sí están dentro del Sistema de Salud en la realización de PCR en comunidades como Cataluña, Extremadura o Navarra, y en Andalucía, en fase de aprobación. Sin embargo, critica que en otras, como Asturias o la Comunidad de Madrid, "los trabajadores no tienen derecho a test". "En otras regiones como en Castilla La Mancha y Aragón aún están en estudio", afirmó la organización empresarial, que añade que existen otros casos, como Castilla y León y la Comunidad Valenciana, "que dependiendo de la zona de Salud donde se encuentre el centro se aplican unos criterios u otros".

La presidenta de CEAP defendió la necesidad de "ofrecer a los profesionales garantías y criterios únicos" debido a que forman parte de un sector muy vulnerable y expuesto a la covid-19 y a la evolución de la pandemia de coronavirus. "No podemos trabajar con miedo, y menos tras la experiencia sufrida", explicó Cinta Pascual.

Asimismo, solicitó que la realización de PCR se haga extensible a todas las personas mayores que acuden o reciben Servicios Sociales profesionales en centros de día, usuarios del servicio de ayuda a domicilio y/o de teleasistencia.

Finalmente, la presidenta denunció en nombre de los trabajadores de estos centros las diferencias territoriales que existen "en un sistema de Dependencia que no cuenta con una financiación finalista y clara y que otorga diferentes derechos dependiendo de dónde se resida".