La esperada sentencia sobre Bankia marcará el año judicial en clave económica

MADRID.- El nuevo año judicial, que comienza en septiembre, estará protagonizado en el ámbito económico por el veredicto de la Audiencia Nacional sobre las supuestas irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia, un caso visto para sentencia hace casi un año cuyo desenlace podría ser inminente.

Más allá de la complejidad de la causa, iniciada hace ocho años y que necesitó de 74 sesiones de juicio oral, la irrupción de la pandemia del covid-19 y el consiguiente parón judicial han demorado un fallo que aguardan con expectación desde los círculos político y financiero.

Entre otros motivos, porque al igual que en la pieza separada sobre las tarjetas "black" de Caja Madrid, el banquillo está encabezado por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, en prisión desde el 25 de octubre de 2018.

Rato, que dirigió Bankia desde su creación a finales de 2010 hasta mayo de 2012, se enfrenta a ocho años y medio de prisión por presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad en las cuentas del grupo de 2010 y 2011, como solicitó la Fiscalía Anticorrupción al modificar sus conclusiones provisionales.

Unas acusaciones que el exministro rechazó durante todo el proceso, incluida su última palabra ante el tribunal, al que reiteró que sus decisiones "fueron contrastadas con las opiniones del regulador y del supervisor" y en pos del "interés de los inversores y accionistas".

Junto a él figuran una treintena de antiguos cargos del banco, como el expresidente de la Generalitat Valenciana y ex "número dos" de Bankia José Luis Olivas, que, contra todo pronóstico, eclipsó por momentos a Rato en el juicio.

La fiscal Carmen Launa, que también investiga a Olivas por la caída del Banco de Valencia, pide para él cinco años de prisión al considerar que los deterioros "ocultos" que provocaron un "agujero" de 3.000 millones de euros en BFA-Bankia procedían en su mayoría de Bancaja, dirigida por el expolítico desde 2004.

Acusa, asimismo, al ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella, para el que solicita seis años de cárcel como supuesto cooperador de las irregularidades y conocedor de la información "falsa" que incluía el folleto informativo de la salida a Bolsa de julio de 2011.

En otro peldaño sitúa al ex director de riesgos Ildefonso Sánchez Barcoj (dos años y medio de prisión), así como al ex consejero delegado Francisco Verdú, a exconsejeros de las comisiones de auditoría -como el exministro del Interior Ángel Acebes-, al interventor, Sergio Durá, y al socio auditor Francisco Celma, para quienes reclama entre dos años y seis meses de prisión.

Como sucediera con las "black", la sección cuarta de la sala de lo Penal será la encargada de dictar sentencia, que podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

"DIESELGATE" Y CONTROLADORES, TAMBIÉN PENDIENTES

El otro foco de atención está en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, que tiene pendiente la sentencia por la macrodemanda de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Volkswagen-Audi España por el "dieselgate" o trucaje de los motores diesel de la familia EA 189.

Durante la vista del pasado febrero la compañía se desmarcó de la polémica ya que, dada su condición de importadora del grupo, no interviene en el proceso de fabricación, aunque descartó que el "software" manipule datos sobre emisiones.

Desde entonces, el magistrado trabaja en una decisión muy fundamentada, que tendrá en cuenta cómo ha evolucionado la cuestión en los diferentes países afectados, indican fuentes jurídicas a Efe.

Precisamente en julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló el papel de los tribunales nacionales para juzgar este escándalo.

El nuevo curso también traerá el fallo del juicio a los controladores aéreos acusados de un supuesto abandono de servicio público durante la huelga de diciembre de 2010, que llevó al cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas.

Aunque casi todos han pactado con la Fiscalía de Madrid, queda por ver la decisión respecto a los 14 que no reconocieron los hechos, entre ellos, el que fuera portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, para el que pide 75.000 euros y suspensión de empleo durante un año.