Sánchez tramitará el indulto de los presos con el 67 % de los españoles en contra

MADRID.- El Gobierno contaría con un amplio rechazo de la sociedad española en caso de que decidiera liberar a los nueve presos del procés cuando termine la tramitación de la petición de indulto que comenzará la semana que viene, según anunció este miércoles el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Tal y como muestra una encuesta realizada entre el 16 y el 20 de septiembre por el Instituto DYM para Henneo con más de 1.000 entrevistas, el 66,6% de los españoles se muestra contrario a la libertad anticipada de los condenados frente al 22,5% que se muestra partidario del indulto.

Este escenario, eso sí, cambia según el territorio. En Cataluña, por ejemplo, gana el sí. Hasta el 60,7% de los catalanes encuestados sí se mostraron partidarios de eliminar las penas impuestas a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Esta también es la opinión mayoritaria entre los votantes de Unidas Podemos (47,8%), único de los cinco grandes partidos donde ocurre este hecho.

El 63,6% de los votantes del PSOE lo rechaza, al igual que la gran mayoría (más del 90% de media) de los que depositaron en las últimas elecciones una papeleta del Partido Popular, Vox o Ciudadanos, que se rebelaron contra el anuncio del titular de Justicia.

"En cuanto a este Ministerio se refiere, también está tramitando los indultos. Esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene", declaró Campo a primera hora de este miércoles en una réplica a la diputada de JxCat Laura Borràs en el Congreso. El ministro declaró que en sus planes entraba el estudio (que no la concesión) de esos indultos, una respuesta que llega en plenas negociaciones para la aprobación de los Presupuestos para 2021 y con la reforma de los delitos de sedición y rebelión en el horizonte, ya que el Ejecutivo baraja rebajar ambas penas antes de fin de año.

Según fuentes consultadas, esto podría provocar que los líderes independentistas estuviesen libres incluso antes de que se resuelva el indulto, lo que tardará entre seis y nueve meses. El propio Oriol Junqueras rechazó a finales del pasado año querer beneficiarse de esta medida. "El indulto se lo pueden meter por donde les quepa", afirmó.

Desde Cs tacharon de "inadmisible" esta posibilidad. Por su parte, Macarena Olona, de Vox, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de permitir "la consumación del golpe de Estado que se dio en Cataluña en 2017". Mientras, el líder de los populares, Pablo Casado, declaró que "si Sánchez no defiende a España, lo hará el PP".

Los partidos independentistas recibieron con cierto recelo el anuncio. Borràs expuso que el indulto sería "una solución individual a un problema político" y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, negó que el inicio de la tramitación fuera un gesto del Gobierno porque es algo que "marca la ley".

Desde Justicia lo confirmaron, aunque no aseguraron, como sí hizo el líder del PSC, Miquel Iceta, que la petición debía comenzar su tramitación antes de enero (un año después de su registro). Justicia recabará ahora los informes del Supremo y de la Fiscalía para elevarlos al Consejo de Ministros antes de tomar una decisión que debería firmar el rey Felipe VI..

PP, VOX Y CIUDADANOS AVISAN DE RECURSOS ANTE EL SUPREMO

Pese a que el anuncio del Ministerio de Justicia se acogió este miércoles en el independentismo con cierta frialdad, los trámites para estudiar la petición de indulto de los líderes del "procés" pusieron en guardia a PP, Vox y Ciudadanos. El procedimiento es largo, podría extenderse más de medio año, pero los tres partidos anticiparon escenarios y advirtieron de que su intención es recurrir la medida de gracia en los tribunales si el Gobierno decide concedérsela a quienes cumplen penas de cárcel por un delito de sedición.

La dirección del PP no dudó en interpretar las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como un gesto a los partidos secesionistas en plena negociación presupuestaria. "Si Sánchez no defiende los intereses de los españoles, si se le cae ya la careta, si revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder -insinuó Pablo Casado-, estamos dispuestos a defender a España y lo haremos recurriendo al Tribunal Supremo".

Aunque el Gobierno está obligado a tramitar las solicitudes de indulto, los populares sí creen que el anuncio en sí mismo y la reforma pendiente de los delitos de rebelión y sedición son guiños a los socios de investidura que dan soporte a Sánchez en el Congreso. Censuró Casado futuras medidas de gracia y se refirió a la modificación del Código Penal como una "amnistía de facto, a la carta".

Desde el Ejecutivo, sin embargo, consideraron "prematura" la respuesta de la oposición, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, enfatizó que el Ministerio de Justicia debe dar curso a todas las peticiones de presos que se registran. "El PP tiene que serenarse mucho. Está en una posición bastante irresponsable", censuró la número dos de Sánchez.

A las tensiones por la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid y al malestar por que PSOE y Unidas Podemos hayan impulsado una comisión para investigar el caso Kitchense sumó este miércoles el desacuerdo con el planteamiento de Justicia. En este contexto, la posibilidad de desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial pareció más lejana que nunca.

Casado no solo elevó el tono por la posibilidad de que la revisión de las peticiones de los líderes independentistas concluya en indultos. También dio por hecho que el diálogo del Ejecutivo con EH Bildu ha derivado en un acercamiento de presos de ETA al País Vasco.